En un claro intento de seguir incrementando sus beneficios a costa de los usuarios y los servicios -caros- que reciben, la banca española continuó reduciendo su red de sucursales en el segundo trimestre de este año, hasta situarla en 17.597, según los datos aportados por el Banco de España.

El número de oficinas bancarias sigue a la baja

La cifra registrada son 55 menos que en marzo y 516 menos que en el mismo mes de 2022. Además, el dato del pasado mes de junio marca el nivel más bajo desde diciembre de 1975, cuando la red se situaba en 17.514 oficinas.

Estos cierres, que se están dando sobre todo en el mundo rural dejando a poblaciones sin atención bancaria,  han llevado a la queja a diversos colectivos, como el de las personas mayores que en febrero de 2022 se sumaron a la petición de Carlos San Juan para frenar el cierre de oficinas y la reducción de servicios presenciales.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital elaboró un protocolo de atención a personas mayores, con discapacidad y para zonas rurales, firmado por las patronales bancarias donde se comprometían a mantener una atención presencial y personalizada para estos colectivos. Lo que parece que no está realizándose. Sino que determinadas Administraciones públicas están llegando a acuerdos con las entidades financieras para pagar por sus servicios en zonas rurales.

La Junta de Andalucía financiará con dinero público a los bancos en zonas rurales

FACUA Andalucía, a través del Consejo de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía, ha planteado a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Públicos de la Junta de Andalucía su desacuerdo con la norma que permitirá financiar con dinero público la actividad de los bancos en el ámbito rural. Además, le insta a que aclare si se cobrarán comisiones a los usuarios por la utilización de estos cajeros automáticos cuya instalación y puesta en marcha estará subvencionada.

La Junta de Andalucía trabaja en una convocatoria de ayudas para instalar y mantener cajeros automáticos en los municipios afectados por la política de exclusión bancaria que el sector ha llevado a cabo desde el año 2008. La federación critica que el actual proyecto contemple que los municipios beneficiarios estén obligados a asumir el 50% del coste de la instalación del cajero cuando es una entidad financiera la que se va a beneficiar de ello.

Además, entiende que debería de ser el banco quien debería asumir dichos costes. Muchos pueblos pequeños incluso podrían no disponer de los fondos suficientes para poder acometer la inversión.

En las bases que regirán la concesión de estas subvenciones no se aclara en qué condiciones se producirá la instalación de estos cajeros automáticos ni cuáles serán las entidades bancarias que se encargarán de ello. En cualquier caso, señala que la concesión de estas ayudas con dinero público no es un medio adecuado para evitar la exclusión bancaria.

La brecha digital no se resuelve con cajeros

La mera presencia de un cajero automático no es suficiente para eliminar la brecha digital de determinados colectivos, generalmente consumidores vulnerables, quienes necesitan de una atención personal para poder acceder a todos los servicios.

FACUA Andalucía considera que, en caso de tener que pagar comisiones bancarias, debería quedar fijado el importe de las mismas, cómo será el proceso por el que se elegirán las entidades que instalarán dichos cajeros automáticos o cómo se efectuará la adjudicación de los espacios donde estarán ubicados.

Por otro lado, las bases de la convocatoria restringen la solicitud de estas ayudas a municipios mayores de 500 habitantes. Esta medida supondría dejar fuera de ámbito de aplicación de las ayudas a pequeños municipios en que los que persistiría el problema, teniéndose los vecinos que desplazar a otros municipios cercanos para poder disponer de un cajero automático.

Con esta propuesta en la que está trabajando la Junta de Andalucía se premia a la banca en la política de exclusión financiera que han llevado a cabo y, a la vez, se les ayuda en su política de incremento de beneficios. Desde 2008 han desaparecido 3 de cada 4 sucursales en España.