La muerte de Patxi, desahuciado sin ninguna alternativa habitacional, fue consecuencia del desentendimiento municipal y una discutible decisión judicial. Una vez más el derecho constitucional a la vivienda queda supeditado a los intereses de los fondos especuladores en vivienda. El luctuoso suceso puede ser el paradigma de la situación en la que se encuentran centenares de miles de españoles, inmersos en la explosiva situación en la que se encuentra el mercado de la vivienda con una constante subida de precios y sin alquileres sociales.

El Ayuntamiento de Móstoles y una decisión judicial

Patxi residía desde hacía tiempo junto con otras 18 familias en el edificio ocupado de La Dignidad en Móstoles (Madrid); tenía un estado de salud muy delicado, una discapacidad del 65% y sufría varias dolencias crónicas graves como arterosclerosis, arteriopatía crónica, diabetes, hipertensión, anemia y desnutrición severa, muchas de ellas producidas por una vida en la que no había tenido suerte.

Tras el desalojo del edificio La Dignidad, Patxi, junto a las demás familias expulsadas pasaron a vivir un poco peor en el parque Cuartel Huertas, sin que, durante nueve meses ,el Ayuntamiento de Móstoles, que dispone de vviendas municipales vacís y cerradas,  le ofreciera alguna solución. En distintas ocasiones sufrieron el acoso policial que los desalojó también de este espacio público; sin embargo, las personas que no consiguieron por sus propios medios algún tipo de alojamiento,  continuaron viviendo en el parque.

Hace ya una semana el estado de salud de Patxi, que había empeorado mucho tras la salida de La Dignidad y no recibir ninguna ayuda por parte de las instituciones, tuvo una crisis y debió que ser intervenido de urgencia, no pudiendo superar la intervención.

El movimiento de vivienda de Madrid ha protestado  contra el desamparo institucional de las familias vulnerables en Móstoles realizando una concentración en el Parque Huertas, el lugar en que malvivió Patxi los últimos meses de su vida. El movimiento insiste en que las instituciones han «asesinado» a este hombre de solo 58 años. «Es incomprensible que el juzgado número 1 de Móstoles no lo considerara vulnerable y lo desahuciara sin ninguna alternativa habitacional».

La Dignidad fue adquirida por un fondo buitre

Ese lugar en el que Patxi, junto a otras decenas de despojados de la vida residieron durante mucho tiempo, el edificio La Dignidad en el número 2 de la calle Carcavilla de Móstoles, era también el lugar de vivienda de 18 menores de edad. El edificio, que llevaba años en desuso y abandono, había sido adquirido por la Sareb tras la crisis económica y había sido vendido en subasta por 4,6 millones de euros a la firma Midtown Capital Parters, con sede en Miami que inició el procedimiento judicial para desahuciar a las familias que vivian allí.

La expulsión de los residentes de La Dignidad también contó con la desaprobación del jefe de la subdivisión de Tratados de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Sociales de la ONU, que en los días previos al desalojo envió una carta a los vecinos –que fue remitida al juez al frente del caso– para solicitar la paralización del desahucio. No sirvió de nada frente a los intereses económicos y hoy Patxi ya ha muerto.