La reciente decisión del Congreso de los Diputados de eliminar la tramitación de la ley que regula las acciones colectivas ha generado una fuerte reacción por parte de las organizaciones de defensa de los consumidores. Entre ellas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha manifestado su descontento, advirtiendo del perjuicio que esto causa a los consumidores españoles frente a sus homólogos europeos.

La norma responde a la trasposición de una Directiva comunitaria

La falta de adecuación a la legislación europea coloca a los consumidores españoles en una clara desventaja frente a los de otros países de la Unión Europea.

Sin embargo, la decisión del Gobierno español de suprimir esta regulación en el proceso legislativo ha sido recibida con críticas, especialmente por el retraso de casi año y medio en su aplicación. La OCU lamenta este incumplimiento y señala que el retraso y la falta de adecuación a la normativa europea debilitan la capacidad de los consumidores de defender sus derechos frente a abusos colectivos.

Las grandes empresas y los bancos se muestran en contra de esta trasposición

Durante la tramitación legislativa, grandes empresas y entidades financieras han mostrado su oposición a la regulación de las acciones colectivas. Su rechazo se ha centrado en el potencial impacto que la normativa podría tener sobre sus intereses, al facilitar que los consumidores emprendan acciones legales colectivas.

Para la OCU, esta resistencia de los grandes intereses empresariales y financieros refleja un intento por evitar la efectiva protección de los derechos colectivos. Al eliminar la regulación, el Gobierno deja a los ciudadanos en una situación de indefensión, obligándolos a recurrir a acciones judiciales individuales, que suelen ser más costosas y menos accesibles para la mayoría.

Los consumidores españoles están en desventaja frente a los europeos

La falta de adecuación a la legislación europea coloca a los consumidores españoles en una clara desventaja frente a los de otros países de la Unión Europea. En muchos países vecinos, las acciones colectivas permiten a los consumidores unirse para hacer frente a abusos por parte de empresas y entidades financieras. En España, sin esta regulación, los consumidores ven limitada su capacidad para defenderse de manera efectiva.

La OCU denuncia que esta situación favorece la impunidad de prácticas abusivas, como las relacionadas con las cláusulas suelo, el caso «dieselgate», el cártel de vehículos y las malas prácticas de ciertas compañías aéreas. La ausencia de un marco legal que facilite las demandas colectivas reduce el acceso de los ciudadanos a una justicia eficaz y asequible.

El TJUE avaló la acción colectiva frente a las cláusulas suelo de los bancos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) avaló esta herramienta en el contexto de la macrodemanda contra las cláusulas suelo interpuesta por Adicae. En su sentencia, el TJUE subrayó que las dificultades organizativas asociadas a este tipo de procesos no deben ser una excusa para menoscabar los derechos reconocidos a los consumidores por la legislación comunitaria.

El Tribunal Supremo español planteó dudas sobre la legalidad de las actuaciones colectivas en estos casos, pero el TJUE aclaró que esta modalidad es compatible con el control de transparencia de las cláusulas contractuales. El fallo resaltó que, aunque las hipotecas se firmaron bajo diferentes regímenes normativos, las cláusulas objeto de litigio mantenían una similitud sustancial, lo que justifica la acción colectiva.

Facilitar la justicia para todos es el fondo de la ley

La decisión del Congreso de eliminar la regulación de las acciones colectivas deja a los consumidores españoles en una posición de debilidad. En un contexto en el que las grandes empresas y bancos han mostrado su oposición a esta normativa, la OCU insta al Gobierno a presentar una nueva propuesta que garantice una protección efectiva de los derechos colectivos. Facilitar el acceso a la justicia mediante acciones colectivas es clave para evitar que los consumidores se vean forzados a asumir elevados costos en procesos judiciales individuales.

La situación actual exige un marco legislativo sólido que permita defender los derechos de los consumidores frente a abusos masivos, como ya sucede en otros países europeos. No dar este paso representa un retroceso en la defensa de los ciudadanos y una oportunidad perdida para proteger los intereses colectivos de manera eficaz.