Una promotora amenaza con la suspensión de pagos a los compradores

En el complejo panorama del sector inmobiliario en España, la problemática de los retrasos en la entrega de viviendas y las exigencias de sobrecostes a los compradores es cada vez más frecuente. Uno de los casos más recientes y preocupantes lo protagoniza el Grupo Promar, a través de su filial Chipiona Inversiones, en una promoción de 59 viviendas de protección oficial (VPO) en Chipiona, Cádiz.

Los afectados, representados por FACUA Cádiz, han denunciado a la promotora por exigir un sobrecoste de más de 20.000 euros como condición para la entrega de las viviendas, una situación que ha generado un fuerte debate y enfrentamiento con el ayuntamiento de Chipiona, que parece inclinarse a favor de la empresa.

La suspensión de pagos la solicita la empresa, pero la concede un juez

El Grupo Promar ha comunicado a los compradores que, si no aceptan el sobreprecio, se verán obligados a declararse en concurso de acreedores. Este mecanismo, conocido comúnmente como suspensión de pagos, es solicitado por la empresa cuando no puede hacer frente a sus deudas, pero es el juez quien decide si procede.

Este proceso tiene graves implicaciones para los compradores, ya que:

  • No podrían acceder a las viviendas de forma inmediata.
  • Tendrían que esperar a que se liquide el patrimonio de la empresa para recuperar su inversión, lo que podría tardar años.
  • En muchos casos, los compradores pueden perder parte del dinero invertido.

FACUA Cádiz ha dejado claro que esta estrategia de presión por parte de la promotora es ilegal, especialmente al tratarse de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO), cuyos precios están regulados y no pueden ser modificados unilateralmente.

La suspensión de pagos no significa el fin de la actividad

Es importante destacar que la suspensión de pagos no implica necesariamente el cierre de la empresa. Muchas promotoras utilizan esta estrategia para reestructurar sus deudas y continuar con su actividad.

En este caso, sin embargo, la maniobra de Promar parece más bien una estrategia para forzar a los compradores a aceptar condiciones económicas abusivas. La promotora busca convertir un problema de gestión y planificación interna en una carga económica para los futuros propietarios.

Este tipo de prácticas afecta negativamente la confianza en el mercado inmobiliario, especialmente en un sector como el de la VPO, destinado a facilitar el acceso a la vivienda a familias con recursos limitados.

El ayuntamiento debería ayudar a los compradores y no facilitar el cambio de contrato a la empresa

Uno de los aspectos más controvertidos de este caso ha sido la posición del ayuntamiento de Chipiona, encabezado por el alcalde Luis Mario Aparcero y el concejal de Urbanismo José Mellado.

En lugar de apoyar a los compradores, el ayuntamiento ha decidido:

  • Refrendar los argumentos de la promotora, asegurando que su situación financiera es insostenible sin el pago del sobreprecio.
  • Facilitar la modificación de la calificación de las viviendas, lo que permitiría a la promotora cambiar las condiciones del contrato.

Esta actitud ha sido duramente criticada por FACUA Cádiz, que ha expresado su indignación ante el hecho de que una institución pública, en lugar de defender a los ciudadanos, favorezca los intereses de la empresa. La asociación ha señalado que el ayuntamiento debería ser un aliado de los compradores, velando por el cumplimiento de los contratos y la legalidad en la entrega de las viviendas.

Promar no solo se retrasa en la entrega de las viviendas, sino que quiere cobrar más por ellas

El conflicto comenzó en 2022, cuando Chipiona Inversiones inició la construcción de las 59 viviendas con una fecha de entrega prevista para finales de 2023. Sin embargo, debido a problemas con la constructora, la entrega se pospuso hasta julio de 2024, un retraso que fue aceptado por los compradores, aunque con numerosas dificultades.

Finalmente, las viviendas no estuvieron listas hasta noviembre de 2024, prácticamente un año después de lo acordado inicialmente.

Pero la situación se agravó cuando Promar comunicó a los compradores que:

  • Para recibir las llaves de sus viviendas, debían abonar un sobrecoste de 20.226 euros.
  • Si no aceptaban, la promotora se declararía en concurso de acreedores, bloqueando la entrega de las viviendas.

Este tipo de actuaciones no solo generan inseguridad jurídica, sino que también representan una práctica abusiva que vulnera los derechos de los compradores.

¿Qué pueden hacer los afectados?

Ante esta situación, FACUA Cádiz ha interpuesto una denuncia ante la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, exigiendo que:

  1. Se garantice la entrega de las viviendas al precio inicialmente pactado.
  2. Se investigue la actuación de la promotora y del ayuntamiento.
  3. Se indemnice a los compradores por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega.

Además, FACUA ha advertido que esta situación podría repetirse en otras promociones de Promar en Andalucía, lo que supone un riesgo para cientos de compradores en provincias como Málaga, Sevilla, Huelva, Granada y Cádiz.

Los compradores deben estar atentos y exigir el cumplimiento de sus derechos, evitando ceder a presiones ilegales y buscando el respaldo de asociaciones de consumidores y autoridades competentes.

La posición de la administración debe ser defender a los consumidores

La amenaza de suspensión de pagos por parte de una promotora como Promar no debe ser un motivo para que los compradores acepten condiciones abusivas. Es fundamental que las instituciones públicas, como el ayuntamiento, defiendan los intereses de los ciudadanos y garanticen el acceso a una vivienda digna y a precios justos. Por desgracia es una situación que se repite de forma preocupante y que tiene que ver con el alza en el precio de las viviendas, de los materiales y la mano de obra. Pero al ser una promocioón de VPO el problema también implica a la administración.