Después de una semana de acusaciones cruzadas, globos sonda, negociaciones a la vista y de las otras, el Gobierno de Pedro Sánchez ha cerrado un acuerdo con Junts y aprueba en Consejo de ministros un nuevo real decreto ley que contiene la mayoría de las medidas del decreto tumbado la pasada semana. Y aunque el texto definitivo deberá ser aprobado por la Cámara baja antes de 30 días, la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte y la suspensión de los desahucios por impago del alquiler vuelven a estar presentes.
Distintas razones para un resultado que tendrá consecuencias
El PSOE tenía más que la sospecha de que el decreto se lo iban a tumbar; de PP y VOX poco misterio, porque siempre han votado en contra de la revalorización de las pensiones. La incógnita era Junts, que estando como está necesitado de cariño y de que le hagan caso, era previsible que quisiera salir en la foto, como ha sido, aunque eso sí, acompañado de la ultraderecha que más de una vez y de dos le ha querido ilegalizar y meter en la cárcel. Dicen que la política hace extraños compañeros de cama, aunque tal vez sólo sea por unas horas.
Los tres partidos, mejor dicho, dos de ellos tenían excusas y motivos para su voto negativo. El Partido Popular un no se qué de un palacete en París, expropiado por la Gestapo y que vuelve a sus propietarios. Lo que, de paso, le ha granjeado la enemistad casi a perpetuidad del PNV, para el que el palacete de la calle Marceau, más allá de su valor crematístico, es todo un símbolo ya que fue sede del Gobierno Vasco en el exilio. Y luego se quejará el PP de que andan casi solos por el mundo, unidos a un compañero que los quiere canibalizar.
Lo de Junts era un poco más lógico y es que al partido de Puigdemont y de la burguesía catalana, que no le gusta que los inquiokupas campen a sus anchas por Cataluña, tiene que destacar un poquito. Hay que decir que el problema de la vivienda, convertido por Sánchez en eje de la legislatura, ha estado muy presente en los dimes y diretes del real decreto, de su decaimiento y de su vuelta a la palestra.
La solución llegó en una semana descolocando al PP
El Gobierno, ha troceado el real decreto ley ómnibus que tumbó el Congreso de los Diputados la semana pasada, y ha aprobado este pasado martes un nuevo documento con 29 medidas sociales frente a las 80 que contenía él anterior. En todo caso lo más importante y que afecta a la ciudadanía se ha salvado. Como la revalorización de las pensiones que tenía a 12 millones de españoles en vilo y qué, aunque en enero cobraron su pensión con la revalorización estipulada, no tenían nada claro lo que podría suceder en febrero.
También los dineros a los afectados por la DANA, a los afectados por el volcán de La Palma o las importantes ayudas al transporte, que mantendrá la expedición de abonos gratuitos para pasajeros frecuentes de Cercanías, Rodalies y trenes de Media Distancia, posibilidad de acceder a abonos gratuitos de las líneas estatales de autobús y, asimismo, descuentos en el transporte urbano y metropolitano.
Muy importante, por el revuelo que causó su momentáneo decaimiento, es la prórroga de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional y, como novedad, la creación de un sistema público de avales y garantías para vivienda. Una medida incluida por Junts en esta segunda vuelta del decreto, aunque Sánchez ya había hablado de ella, y que establecerá, desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, la creación de un sistema público de avales y garantías para vivienda destinado a cubrir posibles impagos en el alquiler, resarcir a los propietarios y evitar conflictos. Ya se verá cómo se articula y gestiona.
Y aunque ha pasado casi inadvertido, la prórroga del SMI, que se mantiene en los 1.134 euros del 2024, a la espera de los 50 euros que le va a incrementar Yolanda Díez y evitándose así que vuelva a la cifra del 2023, es decir, a 1.080 euros.
La prórroga de cortes y suministros para vulnerables, que garantiza el acceso a agua, luz y gas de las personas de escasos recursos, completa lo importante del “escudo social”.
Se mantiene el escudo social pero decaen algunos conceptos importantes
Entre las más importantes medidas que decaen están todas las tributarias, la prórroga del Plan MOVES III, las deducciones del IRPF para vehículos eléctricos y la que tal vez está causando más nerviosismos entre los afectados, que son 17: la entrega a cuenta de 9.600 millones de euros a repartir de forma anticipada entre los diferentes Gobiernos autonómicos, como parte del sistema de financiación para hacer frente a los gastos públicos y que muchos de ellos ya tenían repartidos.
El problema de la vivienda cobra su importancia parlamentaria
Pasado ya el susto, resulta interesante comprender el papel que ha jugado, en el encontronazo sufrido por los partidos en la Cámara Baja, el problema de la vivienda. La moratoria de desahucios de familias vulnerables se había convertido en uno de los principales obstáculos para que Junts apoyara el “decreto ómnibus”, ya que esta moratoria, aseguraban, no solucionaba las ocupaciones realizadas o apoyadas por mafias. También aparecía entre las razones esgrimidas por PP y VOX, que incluyeron un supuesto apoyo a la “inquiokupación” entre las excusas para tumbar el decreto ómnibus.
La importancia que Junts ha otorgado al problema de la vivienda, además de poder hacer visible su capacidad de obligar al Gobierno a negociar, puede comprobarse en el comunicado del partido catalán en el que esgrimía que, entre los acuerdos alcanzados, se incluían medidas para combatir las ocupaciones mafiosas y las que garantizarán el cobro del alquiler a los propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por morosos u okupas.
En realidad, según el acuerdo alcanzado, el Estado avalará y cubrirá el impago y los desperfectos de los contratos vigentes que afectan a familias vulnerables. Es decir, cubrirá con dinero público las pérdidas de propietarios, resolviendo de paso el rompecabezas de apoyos parlamentarios, ya que, si caía la moratoria de los desahucios, se comprometía el apoyo de Podemos y otros grupos de izquierda.
Una estructura política que prioriza sus intereses frente a la ciudadanía
El debate en torno al decreto ómnibus y su resultado, ha puesto de manifiesto la tensión existente entre los intereses políticos y las necesidades sociales. Mientras que el PP y Junts justificaron su rechazo argumentando «falta de transparencia» en la negociación, desde el Gobierno señalaron que la postura era un ejemplo de “oportunismo político” que afecta directamente a las personas más vulnerables.
Esta falta de consenso sobre cuestiones que benefician a millones de españoles, también refleja un problema estructural en nuestra política: la incapacidad de priorizar los derechos básicos de los ciudadanos sobre las estrategias partidistas. Sufrimos una clase política plagada de mediocres y botarates, puestos a dedo por los partidos y capaces de estar comprando vino desde el escaño, cuando sus decisiones y su voto pueden causar que una familia carezca de suficientes recursos el mes que viene. Y esta situación viene alentada por el fundamentalismo manipulado de la ciudadanía en las urnas, que pesa más que sus propios intereses. Hagan lo que hagan los partidos se les termina votando sin pasar factura. Así nos va, aunque espero que algún día cambie.
Eduardo Lizarraga
WWW.AQUIMICASA.NET
Deja tu comentario