El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha confirmado en el Cercle d’Economia de Barcelona que el Govern está listo para iniciar la construcción de 21.289 viviendas de alquiler asequible en Cataluña. Se trata de la primera fase del ambicioso plan de 50.000 pisos públicos que anunció al inicio de la legislatura y que tiene como horizonte el año 2030.

Un proyecto de gran calado que pretende reforzar el parque público de vivienda y hacer frente a uno de los principales factores de desigualdad en la comunidad catalana: el acceso a una vivienda digna. Porque si hay un problema que vertebra la preocupación de la ciudadanía en estos momentos, ese es, sin duda, el encarecimiento del alquiler y la escasez de opciones habitacionales reales para jóvenes y familias vulnerables 🧑‍🎓👩‍👧‍👦.

Son la primera parte de los 50.000 que anunció al inicio de la legislatura 📊

Estas 21.289 nuevas viviendas no surgen de la nada. Son el resultado de un plan estratégico que Illa anunció junto a Pedro Sánchez hace seis meses y que plantea un giro de timón en las políticas de vivienda pública en Cataluña. El objetivo es llegar a los 50.000 pisos de alquiler asequible hasta 2030, una cifra que permitiría incrementar notablemente el parque de vivienda protegida y acercarse, aunque aún de forma insuficiente, a los estándares europeos.

En un escenario marcado por la especulación inmobiliaria, el avance de los fondos buitres, la turistificación de muchas zonas urbanas y una oferta creciente de vivienda de lujo para extranjeros adinerados, este anuncio choca —positivamente— con la tendencia general de los últimos años. Porque construir vivienda protegida no es rentable para los promotores, pero sí imprescindible para el bienestar de los ciudadanos. Y eso, en estos tiempos, es casi revolucionario ⚠️.

Se edificará sobre 665 solares públicos cedidos por 226 municipios de Cataluña 🏘️

El Govern ha conseguido articular un amplio consenso municipal: 226 ayuntamientos han cedido 665 solares públicos donde ya se puede comenzar a construir. Todos estos suelos cumplen con los requisitos técnicos para levantar vivienda de forma inmediata, lo que agiliza los plazos y reduce la burocracia.

Además, el Govern financiará parte del coste a través del Institut Català de Finances (ICF), que compensará la diferencia entre el coste de construcción y la menor rentabilidad derivada de tratarse de vivienda protegida. Una decisión que responde al convencimiento —compartido por cada vez más instituciones públicas— de que el mercado ha fracasado en su capacidad para garantizar vivienda a la mayoría de la población.

👉 De hecho, un 25% de estas nuevas viviendas se reservarán para jóvenes menores de 35 años y un 8% para personas en situación de vulnerabilidad, dos de los colectivos más golpeados por la crisis habitacional. Porque no se trata solo de edificar, sino de asegurar que las casas lleguen a quienes realmente las necesitan, y no a quien pueda pagar más.

El presidente ha insistido en su defensa de intervenir el mercado cuando distorsiona algún sector 🛑

Uno de los momentos más contundentes del discurso de Illa fue su defensa abierta de la intervención del mercado cuando este distorsiona el acceso a derechos fundamentales, como sucede con la vivienda. “La desigualdad tiene nombre de política de vivienda”, declaró ante un auditorio lleno de empresarios, entre ellos los presidentes del Sabadell y del BBVA.

En sus propias palabras, si el mercado genera desigualdad, hay que actuar con ambición y sin miedo a equivocarse. Illa mencionó como ejemplos recientes la regulación del alquiler de temporada, las medidas durante la crisis energética o las tarifas antidumping. Su mensaje fue claro: “El Govern no será espectador. Asumirá sus responsabilidades y actuará con autonomía”.

Este posicionamiento cobra fuerza si se compara con otros modelos que han fracasado estrepitosamente, como el Plan Vive en Madrid, donde la supuesta colaboración público-privada ha terminado derivando en vivienda que ni es pública ni es asequible, sino un nuevo producto financiero.

Otra de las medidas prometidas por Illa es la simplificación de trámites para poder edificar más rápido ⏱️

La simplificación administrativa es otro de los pilares del plan de Illa. El Govern ha anunciado que reducirá los trámites urbanísticos para acelerar los plazos de construcción y evitar que los proyectos se queden bloqueados durante años por cuestiones burocráticas.

En un entorno como el actual, donde el tiempo también es dinero, esta decisión puede marcar una diferencia sustancial. No solo en la rapidez de ejecución, sino también en la credibilidad de las políticas públicas. Porque ya no vale con prometer: los ciudadanos exigen resultados palpables 🧱.

Además, el Govern está en conversaciones con la SAREB para incorporar parte de los pisos procedentes de los activos tóxicos de la banca y ponerlos al servicio del parque público. Una medida que permitiría recuperar vivienda vacía en manos de entidades financieras y darle un uso social, tal y como se reclamó en su día tras el estallido de la burbuja inmobiliaria.

El verdadero reto: que la vivienda no sea un producto de inversión para unos pocos 💰

Lo que propone Salvador Illa va en dirección contraria al modelo que se está imponiendo en buena parte del país, especialmente en zonas como Sevilla o la Costa del Sol, donde se construye vivienda de lujo orientada exclusivamente a extranjeros con alto poder adquisitivo. Mientras tanto, los jóvenes y las familias españolas no pueden ni soñar con acceder a una casa.

La inversión extranjera ha hecho que en muchas ciudades los precios se disparen artificialmente, expulsando a los residentes locales. Se construyen resorts, viviendas exclusivas y promociones que solo pueden pagar unos pocos privilegiados, convirtiendo el derecho a la vivienda en una mercancía de lujo. Una lógica perversa que es urgente revertir si se quiere garantizar la cohesión social 🧨.

Por eso, desde Aquimicasa celebramos que, al menos en Cataluña, se esté intentando recuperar el sentido social de la vivienda: como derecho y no como negocio. Porque los pisos tienen que estar al servicio de la ciudadanía, y no al de los fondos de inversión.

Construir más vivienda sí, pero también protegerla 🛡️

El anuncio de Illa es una buena noticia, pero no puede quedarse en una declaración de intenciones. Es imprescindible que los 21.289 pisos se construyan en tiempo y forma, que se garantice su uso exclusivo como vivienda de alquiler asequible y que se evite, a toda costa, su desviación hacia el mercado privado o especulativo.

En un momento en que el acceso a la vivienda es la principal preocupación de los ciudadanos, no hay margen para experimentos fallidos ni para medias tintas. Hace falta voluntad política, financiación estable y un cambio estructural en la manera de concebir el urbanismo y el derecho a techo en nuestro país 🏠.

Porque, como bien dijo Illa, la desigualdad tiene nombre de política de vivienda. Y si no se actúa ahora, mañana será demasiado tarde.