El Gobierno de Canarias ha anunciado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1312/2024, por el que se regula el Registro Único de Arrendamientos de Viviendas para Uso Turístico y la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos. La comunidad autónoma alega que la norma estatal invade competencias exclusivas en materia de turismo, recogidas en su Estatuto de Autonomía.

Alegación de invasión competencial

La Consejería de Turismo y Empleo del Ejecutivo canario remitió en febrero un requerimiento al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, solicitando la retirada del decreto o su adaptación mediante consulta previa a las comunidades. Tras no recibir respuesta, ha decidido llevar el caso ante los tribunales. Según el Gobierno canario, la norma no fue sometida a consulta con las comunidades autónomas ni con los sectores implicados.

El Consejo de Estado, en su dictamen previo, también señaló la falta de audiencia a los gobiernos autonómicos y al sector turístico, aunque su informe no es vinculante. Canarias considera que el decreto afecta directamente a su marco regulador del alquiler vacacional, en el que ya cuenta con un registro propio y una normativa en vigor.

Qué regula el Real Decreto 1312/2024

El Real Decreto, aprobado en diciembre de 2024 por el Consejo de Ministros, crea un registro obligatorio de contratos de arrendamiento para uso turístico en todo el territorio español. También establece una plataforma digital (Ventanilla Única Digital), mediante la cual tanto particulares como plataformas de intermediación (Airbnb, Booking, etc.) deberán comunicar los datos de los alojamientos y contratos de alquiler a la administración central.

El objetivo declarado del Gobierno es mejorar la transparencia, trazabilidad y control del mercado de alquiler de corta duración, facilitar la inspección de viviendas ilegales y evitar la elusión de obligaciones fiscales. La medida responde también a directrices comunitarias en materia de armonización y control del turismo residencial.

Canarias defiende su normativa propia

El Ejecutivo canario argumenta que ya dispone de un registro de viviendas vacacionales, operativo desde 2015, así como de una normativa específica sobre el alquiler turístico adaptada a su realidad territorial. A su juicio, el nuevo decreto podría generar duplicidades administrativas y confusión normativa, además de suponer una vulneración de sus competencias exclusivas en turismo.

Desde la Consejería de Turismo se ha manifestado la voluntad de seguir regulando el fenómeno del alquiler vacacional conforme a las características propias del archipiélago y su impacto sobre el mercado residencial.

Próximos pasos

Con el anuncio del recurso, Canarias inicia un proceso judicial que podría derivar en una suspensión cautelar del decreto si así lo solicita y el tribunal lo estima oportuno. Mientras tanto, la normativa estatal permanece en vigor y es de aplicación para todos los operadores, salvo pronunciamiento contrario por parte de la justicia.

Otras comunidades autónomas han expresado también reservas respecto al decreto, aunque por el momento solo Canarias ha anunciado formalmente su impugnación.