En medio de una de las peores crisis habitacionales que ha vivido España en las últimas décadas, el Defensor del Pueblo ha tomado la iniciativa para exigir explicaciones a todas las administraciones públicas implicadas. Mediante una macroactuación de oficio, Ángel Gabilondo ha solicitado información detallada al Ministerio de Vivienda, a todas las comunidades autónomas, a Ceuta y Melilla, y a los ayuntamientos de las diez ciudades más pobladas del país. El objetivo es claro: garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada, como reconoce el artículo 47 de la Constitución Española.

Esta actuación se produce en un contexto marcado por precios disparados, alquileres imposibles para las rentas medias y bajas, y ayudas públicas que, cuando existen, suelen llegar tarde o con cuentagotas. El sistema, como denuncian desde la propia institución, está fallando. Y lo hace especialmente para los más vulnerables: los jóvenes, los trabajadores desplazados, las familias monoparentales o con ingresos limitados y, en general, para buena parte de la clase media que ya no puede permitirse vivir en su propia ciudad.

Garantizar a la ciudadanía el acceso a una vivienda digna y adecuada

El comunicado del Defensor del Pueblo no deja lugar a dudas: “Las dificultades para acceder a una vivienda ahondan la desigualdad entre los ciudadanos, y condicionan su bienestar, su desarrollo personal y el disfrute del resto de sus derechos”. Es una afirmación contundente, con la que muchos ciudadanos no pueden sino estar de acuerdo tras años de precariedad habitacional.

Según los últimos datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, el parque de vivienda pública en España apenas alcanza el 3,3% del total, frente al 17% de Francia o el 30% de Países Bajos. La media europea se sitúa en torno al 10%. La comparación es humillante y, a la vez, reveladora: en este país, la vivienda ha sido concebida más como un bien de inversión que como un derecho social.

Por ello, desde la oficina del Defensor se reclama a todas las administraciones implicadas no solo información, sino compromisos claros y medidas reales que ayuden a revertir la situación. Y para ello, insisten, es imprescindible aumentar significativamente la oferta de vivienda protegida.

El complejo marco competencial, un laberinto político

Uno de los mayores obstáculos para establecer una política nacional coherente en materia de vivienda es el complejo marco competencial existente entre el Estado, las comunidades autónomas y los municipios. En teoría, el Gobierno central puede establecer planes estatales de vivienda y financiar programas. Pero la ejecución efectiva recae casi siempre en los gobiernos autonómicos, que interpretan y aplican las medidas según su propia lógica política e ideológica.

Este sistema ha generado desigualdades profundas. Algunas comunidades han reforzado su parque público y mejorado la gestión de ayudas al alquiler; otras, simplemente, han dejado de ejercer cualquier papel activo, confiando todo al mercado.

En el fondo, la vivienda se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Mientras unas administraciones ponen el acento en proteger a los propietarios y favorecer la rentabilidad, otras se centran en los inquilinos y en regular el mercado. El resultado es que no existe una política de vivienda coherente ni coordinada a nivel nacional, lo que ha dejado a millones de personas atrapadas entre la especulación, la inflación y la falta de respuesta pública.

Aumentar significativamente la oferta de vivienda protegida

Una de las principales demandas del Defensor del Pueblo es conocer el número de viviendas protegidas disponibles en cada territorio, así como el volumen real de demandantes en lista de espera. Es una solicitud básica, casi obvia, pero que pone en evidencia el vacío de información que existe en muchas comunidades autónomas.

¿Cómo planificar políticas públicas si no sabemos cuántas viviendas protegidas existen, cuántas están vacías, cuántas se han vendido o cuántas familias siguen esperando una adjudicación? La transparencia, en este sentido, es tan urgente como la inversión.

Y es que, para poder garantizar el derecho constitucional a la vivienda, no basta con declarar la voluntad política o aprobar planes quinquenales. Hay que multiplicar por cinco o por diez el parque público actual, y blindarlo legalmente para que no vuelva a desaparecer, como ha ocurrido en el pasado con buena parte del parque construido en los años 90 y 2000.

Conocer el número de viviendas protegidas disponibles en cada territorio y los demandantes

La macroactuación iniciada por el Defensor incluye requerimientos específicos a diez grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria. Todas ellas están llamadas a informar sobre la existencia o no de zonas tensionadas, las políticas municipales de acceso a la vivienda y los recursos destinados al alquiler social.

De esas diez, solo Barcelona ha activado formalmente la figura de zona tensionada que permite la Ley Estatal de Vivienda, una medida pensada para limitar la escalada de precios, pero que ha sido contestada o ignorada por buena parte de los gobiernos autonómicos.

Aclarar el contenido del próximo Plan Estatal 2026-2030

Además de pedir información a comunidades y municipios, el Defensor del Pueblo ha puesto el foco sobre el Ministerio de Vivienda. Concretamente, ha reclamado que se aclare cuanto antes el contenido del próximo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, se explique el estado de desarrollo de la nueva empresa pública anunciada por el Gobierno, y se evalúe la efectividad de los instrumentos financieros puestos en marcha hasta ahora.

El Gobierno, por su parte, ha intentado avanzar en esta línea con la cesión de 40.000 viviendas de la Sareb a la futura empresa pública, y ha anunciado que no transferirá fondos a las comunidades que no acepten las nuevas condiciones del plan: que las viviendas pasen al parque público de forma permanente, que se aumente la inversión autonómica hasta el 40%, y que se proporcionen datos oficiales auditables.

Limitar si fuera necesario el uso temporal y la vivienda turística

Otro de los puntos que más preocupa al Defensor es la proliferación de viviendas destinadas al alquiler temporal o turístico, especialmente en las zonas con más presión demográfica o turística. Gabilondo no se anda con rodeos: si es necesario, habrá que limitar este tipo de usos, porque están distorsionando el mercado, inflando los precios y expulsando a los residentes del centro de las ciudades.

Lo cierto es que muchas de las viviendas que podrían formar parte del parque de alquiler convencional están operando como alojamientos turísticos sin control ni licencia, bajo el amparo de grandes plataformas que apenas verifican la legalidad de los anuncios. Esto no solo empeora el acceso a la vivienda, sino que genera una competencia desleal y un caos regulatorio que afecta a toda la cadena inmobiliaria.

Una llamada de atención institucional

La intervención del Defensor del Pueblo supone un paso relevante en un escenario donde las instituciones tienden a mirar hacia otro lado. Si bien su función no es ejecutiva ni sancionadora, su autoridad moral y su papel como garante de los derechos constitucionales le otorgan un peso político nada desdeñable.

La vivienda, en definitiva, no puede seguir siendo tratada como una mercancía más, sujeta a las leyes de la oferta y la demanda sin filtros sociales. Es un derecho básico, y como tal, requiere de políticas públicas valientes, sostenidas, bien financiadas y coordinadas.

Desde Aquimicasa, no podemos sino sumarnos al llamamiento del Defensor del Pueblo. La crisis habitacional no es solo un problema de precios: es un síntoma de un modelo fallido, que ha antepuesto el beneficio inmediato a la sostenibilidad social. Y es hora de que cambie.