Críticas al enfoque mercantilista

FACUA Andalucía ha expresado con firmeza su rechazo al Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, actualmente en trámite en el Consejo Económico y Social (CES). La federación de consumidores considera que el texto propuesto por la Junta refleja un enfoque marcadamente mercantilista, alejado del mandato constitucional que reconoce el acceso a una vivienda digna como un derecho fundamental y no como un producto más del mercado.

En su valoración, FACUA denuncia que la norma, desde su misma denominación, asume una concepción economicista de la vivienda, más próxima a los intereses del capital inmobiliario que a las necesidades sociales. Y lo hace en un momento de profunda crisis habitacional en Andalucía, donde los precios del alquiler y la compra siguen aumentando muy por encima del poder adquisitivo medio, y donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una odisea para amplias capas de la población.

Concepción de la vivienda como un bien de mercado y no como un derecho fundamental

El artículo 47 de la Constitución Española establece claramente que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Sin embargo, el texto presentado por el gobierno andaluz evita esta referencia directa, y no asume de forma expresa la función social del derecho a la vivienda. Para FACUA, esta omisión no es casual, sino un síntoma de la visión ideológica que impregna el anteproyecto: una visión privatizadora, que prioriza la actividad promotora privada frente al interés general.

La organización lamenta también que la tramitación de la ley se haya realizado por la vía de urgencia, lo que ha reducido notablemente los cauces de participación pública. “Se ha hurtado a los ciudadanos y a las organizaciones sociales un debate necesario sobre un tema que afecta de forma directa a sus condiciones de vida”, afirman desde FACUA. “No puede concebirse una política de vivienda sin escuchar a quienes sufren la precariedad habitacional”.

Se abre la puerta a la especulación inmobiliaria y a la privatización de recursos públicos

Uno de los elementos que más alarma ha generado entre las entidades sociales es la flexibilización del régimen de protección de la vivienda pública. El texto andaluz permite que los planes de vivienda autonómicos definan aspectos esenciales como la duración de la protección o los procesos de descalificación de los inmuebles protegidos, sin establecer limitaciones mínimas o criterios comunes. Es decir, deja la puerta abierta a la especulación inmobiliaria, facilitando que viviendas construidas con suelo público o financiación pública puedan terminar en el mercado libre a los pocos años.

Desde FACUA exigen que el nuevo marco legal imponga un régimen de protección permanente o indefinido para toda vivienda financiada con recursos públicos o construida sobre suelo cedido. Además, proponen que se prohíba expresamente su descalificación, para que no se conviertan en mercancías al servicio del mercado.

Este modelo, según FACUA, repite errores del pasado reciente. Como ejemplo, señalan lo ocurrido con la vivienda “asequible” impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla, cuyas unidades se comercializan con precios equiparables a los del mercado libre, alejándose del propósito social que debería regir este tipo de promociones. Es decir, se vende como solución accesible algo que solo es viable para rentas medias o altas, excluyendo a quienes más lo necesitan.

Falta de respuesta a los retos sociales

El anteproyecto andaluz también omite una visión integral de las nuevas realidades sociales y demográficas. Según FACUA, el texto ignora por completo los desafíos del envejecimiento de la población y la necesidad de fomentar vivienda accesible en zonas rurales afectadas por la despoblación.

La ausencia de medidas de impulso a la rehabilitación, a la adaptación de viviendas para personas mayores o a la repoblación del entorno rural pone en evidencia que la norma no se concibe como una herramienta transformadora, sino como una regulación técnica al servicio de los operadores privados.

Exclusión social encubierta

En el tratamiento de la ocupación, el anteproyecto incluye disposiciones especialmente polémicas. Según FACUA, equiparar sanciones administrativas a condenas penales para restringir el acceso a la vivienda protegida es desproporcionado e injusto. Esta medida, lejos de garantizar el buen uso del parque público, puede convertirse en una forma de exclusión encubierta, especialmente para familias en situación de vulnerabilidad que hayan ocupado por necesidad ante la falta de alternativas habitacionales.

FACUA recuerda que las situaciones de ocupación no siempre responden a conductas delictivas, sino que muchas veces son consecuencia directa de un sistema que no garantiza el derecho básico a un techo, y que responde más con represión que con soluciones.

Una ley al servicio del mercado, no de la ciudadanía

En definitiva, FACUA reclama una revisión completa y profunda del Anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que supere el actual enfoque centrado en facilitar el desarrollo del mercado y que apueste por una visión estructural de la política de vivienda. El acceso a una vivienda no puede depender de la capacidad adquisitiva, ni dejarse al vaivén del negocio inmobiliario.

Desde la organización insisten en que el modelo de la Junta pone en riesgo el escaso suelo público disponible, lo cede a promotores sin garantizar precios accesibles y rebaja la protección del parque público de viviendas, facilitando su conversión en activos especulativos.

Por todo ello, piden que la nueva legislación ponga en el centro el interés general, el derecho a la vivienda y la función social del suelo y del parque residencial. Sin esa mirada transformadora, Andalucía seguirá reproduciendo los mismos problemas que han llevado al país a una crisis habitacional estructural: precios inasumibles, escasez de oferta social, especulación y exclusión.

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