El verano termina y, con él, llega la inevitable vuelta al cole. Un regreso que no solo significa horarios, mochilas y madrugones, sino también un agujero considerable en los bolsillos de las familias. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste medio anual por estudiante en el curso 2025/2026 se eleva a 2.390 euros, una cifra que, lejos de sorprender, confirma que educar a un hijo en España se ha convertido en un lujo encubierto.

Los datos proceden de una encuesta a 687 familias con 976 hijos entre 3 y 18 años, ponderados para reflejar la realidad: un 67% de alumnado en centros públicos, un 24% en concertados y un 9% en privados. Pero lo verdaderamente revelador no son solo las cifras, sino lo que esconden: un sistema educativo público mal financiado y, en muchos casos, deliberadamente descuidado, lo que obliga a muchas familias a buscar alternativas más costosas, justo lo que algunos sectores parecen perseguir.

El gasto total previsto por hijo se incrementa este curso

El estudio muestra que el gasto escolar se ha incrementado en todos los centros: un 2% en los públicos, un 1% en los concertados y un 4% en los privados. Aunque la subida no parece dramática en términos porcentuales, la realidad es que cada año la factura crece y las familias se enfrentan a un desembolso que compite directamente con hipotecas, alquileres e inflación.

Mientras tanto, en lugar de reforzar el sistema público para aliviar a la mayoría de la población, algunas administraciones autonómicas optan por mirar hacia otro lado. El resultado es que cada curso se consolida un modelo desigual en el que la educación de calidad queda vinculada al nivel de renta.

Grandes diferencias entre tipo de centro

La brecha entre centros es escandalosa:

  • Públicos: 1.221 euros al año.

  • Concertados: 3.444 euros al año.

  • Privados: 8.283 euros al año.

Dicho de otro modo, la diferencia entre un público y un concertado es de 2.223 euros anuales; entre un público y un privado, 7.062 euros. Y aun así, muchas familias se ven empujadas a concertados porque la red pública no siempre ofrece plazas suficientes o recursos adecuados. ¿Casualidad? ¿O estrategia política para hacer más atractiva la enseñanza privada y concertada?

La matrícula y las cuotas siguen siendo los conceptos que más pesan en la factura escolar

Las matrículas y cuotas son el gran peaje de los concertados y privados: suponen el 42% del coste en los primeros (1.448 euros de media) y el 71% en los segundos (5.898 euros de media). En los públicos, salvo en ciertos ciclos de FP, este gasto no existe.

Pero si las cuotas y matrículas marcan la diferencia, otros conceptos también aprietan: comedor (107 euros en públicos, 139 en concertados, 162 en privados) y actividades extraescolares (56, 78 y 100 euros respectivamente). Es decir, que incluso cuando se elige lo público, el gasto se dispara por la necesidad de conciliar.

El coste de los libros de texto

La OCU recuerda que todas las comunidades cuentan con programas de acceso a libros gratuitos. Pero la realidad es que, en la práctica, las ayudas son insuficientes o están mal gestionadas. El coste medio sigue estando ahí: 157 euros en públicos, 253 en concertados y 315 en privados. Y todo ello con la complicidad de editoriales que cambian cada poco los manuales para asegurar ventas, con la permisividad de las autoridades educativas.

Otros gastos invisibles pero inevitables

El uniforme escolar supone otros 181 euros de media al año, obligatorio en la mayoría de concertados y en la mitad de privados. Excursiones (176 euros), material escolar (92 euros), cuotas del AMPA (41 euros) y, cada vez más, la tecnología: una tableta u ordenador por alumno añade otros 297 euros anuales.

Lo cierto es que la digitalización, en vez de ahorrar costes, ha terminado generando un nuevo negocio paralelo que también pagan las familias.

Diferencias regionales: donde más y donde menos

El mapa regional es tan desigual como todo lo relacionado con la educación en España. Las familias madrileñas son las que más gastan: 3.188 euros por hijo y año, seguidas de Cataluña (2.980 €) y Comunidad Valenciana (2.134 €). En el otro extremo están Galicia (1.718 €), Andalucía (1.823 €) y Castilla y León (1.876 €).

No es casualidad que comunidades como Madrid o Cataluña, donde la privada y concertada tienen más peso, sean también las que más cargan económicamente a las familias. Y aquí aparece la sospecha: ¿de verdad no hay fondos para reforzar la educación pública? ¿O lo que hay es un interés deliberado en favorecer un modelo educativo que segrega por renta?

Las deducciones fiscales no existen en algunas CC.AA.

La OCU pide algo tan básico como deducciones fiscales por hijo para aliviar el gasto. En comunidades como Castilla y León, Cataluña o Galicia simplemente no existen. En otras, los importes son tan ridículos que apenas sirven para maquillar estadísticas.

La ausencia de una política fiscal seria para las familias revela lo evidente: la educación no está en el centro de las prioridades políticas. En lugar de impulsar medidas que aseguren igualdad, se tolera un modelo que cronifica las desigualdades sociales.

El trasfondo: la pública como hermana pobre

El discurso oficial insiste en la importancia de la educación pública, pero los hechos desmienten las palabras. Infrafinanciada, con ratios elevadas, profesores precarizados y recursos insuficientes, la pública se mantiene gracias al compromiso de docentes y familias más que por voluntad institucional.

Mientras tanto, los gobiernos autonómicos que más deberían invertir se desentienden, dejando claro que la mala salud de la pública no es fruto de la casualidad, sino de un modelo que beneficia a quienes pueden pagar la concertada o privada. Y así, curso tras curso, se amplía la brecha.

Educar cuesta, y cada vez más

El dato de 2.390 euros por estudiante debería servir como llamada de atención. Pero lo más preocupante no es la cifra, sino la inercia que revela: cada año sube el gasto, cada año se reduce el margen de las familias y cada año las instituciones vuelven a fallar en lo mismo.

La educación pública, que debería ser el gran igualador social, se convierte poco a poco en una red de mínimos, sostenida a duras penas, mientras la privada y concertada refuerzan su posición. Y eso no ocurre por azar.

En un país con una natalidad en mínimos históricos y una precariedad económica que lastra a millones de hogares, seguir abandonando a las familias a su suerte en la vuelta al cole es más que una negligencia: es una decisión política consciente.