La plusvalía municipal se ha convertido en los últimos años en uno de los impuestos más polémicos del sistema tributario español. Miles de autónomos y pequeños negocios pagaron entre 2018 y 2021 este tributo –oficialmente denominado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)– sin imaginar que el Tribunal Constitucional acabaría tumbando su método de cálculo en octubre de 2021. El fallo supuso un terremoto jurídico, pero con una limitación de efectos que dejó fuera a la mayoría de contribuyentes. Ahora, una nueva doctrina del Tribunal Supremo abre una rendija de esperanza para quienes estaban en plazo de recurrir en aquel momento y que podrían recuperar cantidades que en muchos casos ascienden a decenas de miles de euros.

El Tribunal Supremo reabre la posibilidad

Cuando el Constitucional anuló el sistema de cálculo de la plusvalía municipal en 2021, estableció al mismo tiempo que la sentencia no tendría efectos retroactivos. Esto significaba que solo quienes hubieran iniciado un procedimiento de reclamación antes del 26 de octubre de ese año podrían beneficiarse. Para el resto, la puerta quedaba cerrada. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha modificado en la práctica esta interpretación. En dos recientes sentencias, el Alto Tribunal ha señalado que no cabe hablar de “situación jurídica consolidada” en aquellos casos en los que el contribuyente estaba en plazo para presentar un recurso contencioso-administrativo cuando se publicó la sentencia del Constitucional. Es decir, los autónomos que habían recibido la liquidación del impuesto y todavía contaban con margen legal para impugnarla en octubre de 2021 pueden reclamar ahora.

El cambio no es menor. Significa que muchos autónomos y pequeños empresarios que habían vendido locales, oficinas, naves industriales e incluso viviendas, y que confiaban en que el Constitucional les diera la razón, pueden ahora acudir a la justicia para recuperar lo pagado. La doctrina supone, en la práctica, una rectificación del criterio que los ayuntamientos venían aplicando para rechazar las devoluciones.

Recuperar lo pagado por miles de autónomos

El caso que ha dado pie a este nuevo criterio ilustra bien el alcance del problema. Una sociedad recurrió la liquidación de 39.410 euros girada por el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Económico Administrativo Municipal desestimó su reclamación, obligándole a acudir a la vía contencioso-administrativa. Cuando en octubre de 2021 se publicó la sentencia del Constitucional, el recurso seguía vivo y en plazo. El Supremo ha reconocido ahora que esa circunstancia impide aplicar la limitación de efectos, y ha anulado la liquidación.

Este pronunciamiento es relevante porque afecta a miles de contribuyentes en situación similar. Muchos autónomos iniciaron recursos antes de la sentencia constitucional, pero vieron sus reclamaciones bloqueadas por la interpretación restrictiva de los ayuntamientos. La nueva doctrina del Supremo abre una vía directa para que puedan reclamar lo abonado, siempre que el recurso estuviera en curso o dentro del plazo legal en octubre de 2021.

Eso sí, el Supremo también ha sido claro en un punto: esta doctrina no revive los recursos cerrados ni beneficia a quienes no recurrieron en su momento. Los autónomos que pagaron el impuesto y no iniciaron ningún procedimiento siguen sin posibilidad de reclamar. La clave está en haber tenido el recurso abierto o estar en plazo.

El argumento abre una vía directa a quienes estaban dentro de plazo en 2021

El cambio de criterio del Supremo tiene un trasfondo jurídico relevante. Hasta ahora, la limitación de efectos del Constitucional se había interpretado de manera tajante, cerrando toda opción de devolución. El Supremo, sin embargo, aplica una interpretación restrictiva de esa limitación, en defensa del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. En otras palabras, considera que no se puede negar justicia a quienes estaban ejerciendo su derecho a recurrir cuando la propia norma fue declarada inconstitucional.

Esto significa que los contribuyentes afectados pueden reclamar con argumentos sólidos y con precedentes que les respaldan. Además, abre la puerta a que se presenten nuevas demandas y que otros tribunales apliquen el mismo razonamiento en casos similares.

Algunos expertos consideran que este paso puede anticipar un debate más amplio en instancias superiores, incluso en Europa. El propio Supremo deja entrever que la limitación de efectos del Constitucional resulta difícil de sostener, lo que podría acabar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tendría la última palabra sobre la compatibilidad de esa restricción con el derecho comunitario.

Una batalla aún abierta

Aunque la doctrina del Supremo no supone una apertura total, sí representa un alivio para miles de autónomos que habían perdido toda esperanza de recuperar lo pagado por la plusvalía municipal. No obstante, la batalla legal está lejos de concluir. Cada caso deberá ser analizado de forma individual, y los ayuntamientos probablemente seguirán defendiendo la aplicación estricta de la limitación de efectos.

De momento, lo que queda claro es que los autónomos que tenían pendiente un recurso en octubre de 2021 cuentan ahora con un respaldo judicial de primer nivel. Para ellos, la recomendación es revisar sus expedientes y acudir a asesoramiento especializado, ya que las cantidades en juego pueden ser elevadas. En un contexto económico donde los pequeños negocios y los trabajadores por cuenta propia afrontan dificultades crecientes –hipotecas más caras, alquileres disparados y una inflación persistente–, recuperar esos importes puede suponer un importante alivio financiero.

Nueva oportunidad de reclamar lo que es suyo

El abuso de la plusvalía municipal, durante años uno de los impuestos más criticados por su falta de proporcionalidad, encuentra ahora un resquicio de solución gracias a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. No se trata de una victoria total, pero sí de un paso significativo hacia una mayor justicia tributaria. Los autónomos que estaban en plazo en 2021 tienen hoy una nueva oportunidad de reclamar lo que es suyo, y no se descarta que en el futuro la cuestión llegue a instancias europeas. Lo que está en juego no es solo la devolución de miles de euros, sino también la garantía de que ningún contribuyente quede indefenso frente a un impuesto declarado inconstitucional.