La nueva Ley de Vivienda de Andalucía supone un paso relevante en la regulación del mercado inmobiliario autonómico, con el objetivo de dar respuesta a retos estructurales como los precios elevados, la falta de vivienda asequible, la ocupación ilegal —que registró 105 casos en la comunidad durante el segundo trimestre del año—  y la necesidad de rehabilitar el parque existente. Pero lo que destaca en la práctica es que los afectados por ejecuciones hipotecarias ascendieron a 1.896 en el mismo periodo —casi veinte veces más— y los desahucios alcanzaron los 1.090, lo que pone de relieve que muchas más familias se enfrentan a quedarse sin vivienda, algo que la nueva ley no aborda con la contundencia que exige la situación.

Un marco regulatorio propio para Andalucía

La norma configura un marco autonómico propio para la vivienda que complementa la legislación estatal. Se crea el Consejo Andaluz de la Vivienda, un órgano consultivo que reúne a administraciones, profesionales del sector y ciudadanos para coordinar políticas públicas, programas de acceso y actuaciones de rehabilitación. Asimismo, se impulsa el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, que establecerá las líneas estratégicas para la comunidad, mientras que los ayuntamientos deberán elaborar sus propios planes municipales ajustados a las necesidades locales. También la ley promueve la colaboración público-privada, con la creación de una bolsa de suelo destinada a vivienda asequible cuya gestión se compartirá entre empresas y cooperativas, bajo vigilancia de estándares de accesibilidad y eficiencia energética.

Las medidas para promover el alquiler asequible

Uno de los ejes centrales de la ley es el fomento del alquiler asequible. Los ayuntamientos podrán establecer bolsas de vivienda en alquiler mediante incentivos para propietarios con inmuebles vacíos que los ceden a la administración; a cambio recibirán garantías de cobro y mantenimiento mientras los inquilinos acceden a rentas reguladas. Aunque este planteamiento es positivo, la realidad de los desahucios y ejecuciones hipotecarias —que superan con creces los casos de ocupación ilegal— indica que la urgencia está más en prevenir la pérdida de vivienda que en contener la cesión de inmuebles vacíos.

Impulso a la vivienda protegida

La ley refuerza también la vivienda protegida (VPO) y la rehabilitación del parque existente. Se crea un Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida para aumentar la transparencia en la adjudicación y se agilizan los procedimientos gracias a la cesión de suelo público, derechos de superficie y mecanismos de colaboración público-privada. Además, se introducen incentivos para mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad y eliminar la infravivienda. La aprobación definitiva está prevista antes del verano de 2026 en el Parlamento andaluz.

<Preguntas y respuestas a lo que te interesa

¿Cuándo entrará en vigor la nueva ley? Está previsto que la Ley de Vivienda de Andalucía se apruebe definitivamente antes del verano de 2026, tras su tramitación parlamentaria y adaptación de los planes municipales.

¿Cómo afecta al mercado del alquiler? Promoverá bolsas públicas de alquiler asequible, incentivos a propietarios que cedan viviendas vacías para uso social, con rentas reguladas y garantías de pago, aunque no aborda directamente la creciente cifra de desahucios y ejecuciones hipotecarias.

¿Qué medidas se aplican contra la ocupación ilegal? Se crea una Comisión de Coordinación para actuar con rapidez ante casos de usurpación, y quienes hayan sido condenados no podrán acceder a ayudas públicas de vivienda.

¿Qué es el Registro de Agentes Inmobiliarios? Un registro obligatorio para agentes y empresas que intervienen en operaciones de vivienda, diseñado para profesionalizar el sector, mejorar la transparencia y evitar malas prácticas.

¿Habrá más vivienda protegida? Sí. La ley facilita la promoción de VPO mediante colaboración público-privada, cesión de suelo y derechos de superficie, junto a la creación del registro de demandantes.

En definitiva, la nueva Ley de Vivienda de Andalucía presenta un marco más estructurado para fomentar la oferta asequible, combatir la ocupación ilegal y profesionalizar el sector. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo aborde el problema mayoritario de familias que pierden su vivienda por impagos o ejecuciones hipotecarias, un ámbito todavía poco desarrollado en la norma. El reto está sobre la mesa, y la ley abre la puerta, pero queda por ver si logra también dar una respuesta contundente a quienes más lo necesitan.