El próximo lunes entrará en vigor en Carlet una ordenanza municipal pionera que busca frenar el aumento de la ocupación ilegal de viviendas. El texto, aprobado por el Ayuntamiento, contempla multas de hasta 3.000 euros para los ocupantes ilegales y, a la vez, impone obligaciones a los propietarios para mantener sus inmuebles en condiciones de seguridad y salubridad. La medida se presenta como una herramienta para garantizar la convivencia vecinal y recuperar el orden en una localidad marcada por la proliferación de viviendas vacías o inacabadas.

El ayuntamiento sancionará con 3.000 euros a los vecinos no deseados

La nueva norma parte de la necesidad de “asegurar las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro”, tal como recoge su exposición de motivos. El Ayuntamiento de Carlet considera que el exceso de edificación residencial no finalizada y el abandono de viviendas deshabitadas han derivado en un problema de seguridad y convivencia, agravado por la presencia de “inquilinos no deseados”. En este contexto, el consistorio ha decidido intervenir con una normativa que permita actuar de forma más eficaz frente a las ocupaciones ilegales.

La ordenanza prevé sanciones de hasta 3.000 euros para quienes ocupen inmuebles sin autorización y causen destrozos en bienes privados o públicos. Pero el Ayuntamiento también se reserva la potestad de aplicar multas menores a los propietarios que obstaculicen la aplicación de la norma o no adopten las medidas necesarias para evitar la ocupación.

Las obligaciones para los propietarios

Uno de los puntos más novedosos de la normativa es la responsabilidad directa que impone a los propietarios, ya sean particulares o empresas. Deberán mantener sus inmuebles en condiciones óptimas de seguridad y salubridad, evitando su deterioro y la posibilidad de ser ocupados. El Ayuntamiento podrá exigirles la limpieza y retirada de escombros o suciedad, la reparación de instalaciones básicas como agua, electricidad o gas, y la instalación de medidas de seguridad como cerraduras reforzadas, sistemas de vigilancia o el tapiado de accesos.

La alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, ha subrayado que el objetivo de la ordenanza “no es recaudatorio”, sino “ofrecer herramientas a los municipios para combatir un problema real de convivencia”. Según ha explicado, el consistorio enviará una carta informativa a todos los propietarios de viviendas desocupadas para advertirles de las nuevas obligaciones y de las posibles sanciones si no se adoptan las medidas preventivas.

Carlet obligará a los dueños de casas vacías a tapiarlas para evitar okupas

En caso de incumplimiento, el Ayuntamiento podrá actuar de manera subsidiaria, ordenando el tapiado o refuerzo de puertas y ventanas para impedir el acceso de intrusos. También se contempla la posibilidad de suspender temporalmente los suministros —previa autorización del titular— para facilitar el desalojo de los ocupantes ilegales.

Además, el texto otorga al consistorio un papel activo en la gestión de los conflictos. Con informes policiales y técnicos, podrá requerir a los propietarios iniciar procedimientos judiciales de desalojo en un plazo máximo de dos meses. Si no lo hacen, la administración podrá intervenir directamente.

Un municipio afectado por viviendas sin terminar o deshabitadas

El problema de la ocupación no es nuevo en Carlet. Durante los últimos años, el exceso de vivienda construida tras la burbuja inmobiliaria ha dejado numerosos inmuebles sin uso, algunos inacabados y otros abandonados. En esas circunstancias, la falta de control ha favorecido la ocupación ilegal y ha deteriorado la convivencia en ciertos barrios.

Uno de los puntos más conflictivos, según el Ayuntamiento, se encuentra en un bloque de viviendas perteneciente a la Sareb, actualmente ocupado. Pero no es un caso aislado. En distintas zonas del casco urbano se han detectado ocupaciones recurrentes, algunas de ellas resueltas mediante la intervención municipal y el tapiado preventivo de los inmuebles.

Un registro de viviendas desocupadas

Para reforzar la eficacia de la medida, el consistorio creará un registro municipal de viviendas vacías, que permitirá identificar los inmuebles en riesgo y actuar con rapidez en caso de ocupación. La intención es que esta base de datos sirva para coordinar las actuaciones de limpieza, vigilancia o tapiado y para facilitar la comunicación con los propietarios.

La convivencia y la salubridad como objetivos

El Ayuntamiento de Carlet defiende que esta ordenanza pretende preservar la convivencia, la seguridad y la salubridad urbana, no criminalizar a las personas con dificultades de vivienda. “Tenemos pocas herramientas legales para abordar esta problemática, y esta ordenanza nos permite actuar con más eficacia”, ha señalado la alcaldesa.

La medida, pionera en la Comunitat Valenciana, podría servir de modelo a otros municipios con problemas similares, donde el abandono de viviendas y la ocupación ilegal generan un círculo de deterioro social y urbano difícil de romper. Carlet apuesta por combinar sanciones y prevención, una fórmula que, si se aplica con equilibrio, puede marcar un precedente en la gestión local del derecho a la vivienda y la convivencia ciudadana.

🏠 En un país donde la falta de vivienda asequible y el auge de la ocupación ilegal son dos caras de un mismo problema, las administraciones locales buscan fórmulas de equilibrio. Carlet ha dado un paso arriesgado, pero quizás necesario, para recuperar la convivencia perdida.

#️⃣ #vivienda #okupas #Carlet #convivencia #viviendavacía #Aquimicasa #mercadoinmobiliario #España