El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, compareció ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para abordar una de las cuestiones más tensas y estructurales de la agenda pública española: la crisis de la vivienda. Su intervención, marcada por un tono firme y a la vez dialogante, reclamó una respuesta coordinada entre administraciones, una regulación más estricta del alquiler turístico, más vivienda pública y ayudas que realmente lleguen a tiempo. Una radiografía completa de un problema que, como subrayó, “viene de lejos, se agrava año a año y golpea directamente la igualdad de oportunidades”.

La crisis de la vivienda viene de lejos y se acentúa por su crecimiento de precio frente a los salarios

Gabilondo recordó que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional cuya vulneración se percibe con claridad en los datos: en 2024, la institución recibió 822 quejas relacionadas con dificultades de acceso a la vivienda, la cifra más alta de los últimos años. Las estadísticas de Eurostat son aún más contundentes. Un 30,6% de los inquilinos en España dedica más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, diez puntos por encima de la media europea. Mientras tanto, los sueldos apenas han amortiguado la escalada de precios de compraventa y arrendamiento registrada en la última década.

El Defensor del Pueblo insistió en que este desfase entre salarios y vivienda es hoy uno de los principales factores que alimentan la desigualdad estructural del país. Las familias jóvenes y los hogares con rentas medias y bajas son quienes más sufren la presión que, según afirmó, “va estrechando la posibilidad real de construir un proyecto de vida”.

El coste del alquiler es el vampiro de la renta familiar

El diagnóstico de Gabilondo no elude expresiones contundentes. El alquiler se ha convertido en el vampiro de la renta familiar, absorbiendo una parte desproporcionada de los ingresos y dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad extrema. Esta realidad se hace especialmente visible en territorios con una fuerte presión turística y en grandes ciudades donde el mercado privado domina sin equilibrio suficiente con la oferta pública.

A ello se suma otro problema estructural: la lentitud de las ayudas al alquiler, que muchas veces llegan tarde o simplemente no cubren la demanda. Esta situación impide amortiguar el impacto social del encarecimiento sostenido de la vivienda.

La vivienda pagada con dinero público ha terminado en el mercado libre

El Defensor del Pueblo dedicó un espacio destacado a un fenómeno que considera clave para entender la escasez del parque público de vivienda: buena parte de las construcciones financiadas con dinero público acabaron liberalizándose con el paso de los años, especialmente aquellas con calificación temporal de protección.

A pesar de que el parque social ha crecido del 2,5% al 3,4% en los últimos cinco años, España sigue muy lejos del estándar europeo del 8%. Para revertirlo, Gabilondo propone que toda nueva vivienda pública mantenga su calificación de forma permanente, blindando su papel estructural dentro del mercado.

Escasez de oferta y extrema lentitud para acceder a las ayudas

La falta de oferta pública y la lentitud administrativa son, para Gabilondo, dos elementos inseparables que agravan la crisis habitacional. Las quejas recibidas muestran retrasos en los procesos de adjudicación de vivienda protegida, esperas que se prolongan durante años y ayudas que no cubren las solicitudes de quienes cumplen los requisitos.

El Defensor reclamó más recursos materiales y personales para los tribunales y para las administraciones encargadas de gestionar estos procesos. En un entorno donde crecen fenómenos como los desahucios, la “inquiokupación” o la okupación, subrayó que una justicia eficaz es esencial para proteger a las personas más vulnerables.

Hay que poner en marcha medidas dirigidas para mitigar las necesidades de muchas personas en el corto plazo

Gabilondo defendió la necesidad de combinar dos ritmos: respuestas inmediatas para aliviar la situación de quienes ya están al límite, y políticas estructurales que aumenten la oferta pública en el medio y largo plazo. “No creo que la limitación de precios acabe con la oferta”, afirmó, rechazando la idea de que toda intervención sea incompatible con el funcionamiento del mercado. “Nadie está hablando de que no haya mercado —añadió— sino de un mercado regulado”.

Sus propuestas pasan por reforzar la red de ayudas, acelerar los procesos administrativos y garantizar que el parque de vivienda pública crezca de forma sostenida para frenar el aumento del precio del alquiler.

Entre los responsables de la situación de la vivienda en España, está en el alquiler turístico

El Defensor del Pueblo señaló directamente a los alquileres turísticos como uno de los factores que distorsionan el mercado y presionan al alza los precios. El incremento de viviendas destinadas a este tipo de alquiler ha generado lo que calificó como “una nueva brecha de desigualdad”, reduciendo la oferta disponible para el alquiler residencial y dificultando la vida en barrios tradicionales que se ven expulsados por la presión turística.

Por ello, defendió la necesidad de limitar y regular esta modalidad, especialmente en los territorios donde su impacto es más visible. Un mercado turístico descontrolado, advirtió, amenaza la cohesión social y la capacidad de ahorro de miles de hogares.

Las administraciones deberían utilizar las herramientas que contiene la vigente Ley de Vivienda por el interés general

En su intervención, Gabilondo insistió en que las administraciones deberían aplicar plenamente las herramientas de la Ley de Vivienda 12/2023, que permite declarar zonas tensionadas, regular precios y ampliar la oferta protegida. Pero para ello se necesita coordinación, transparencia y voluntad política.

Recordó que, en julio, la institución inició 30 actuaciones de oficio para conocer el estado real del parque de vivienda protegida y las políticas en marcha. Muchas administraciones aún no han enviado los datos solicitados, lo que dificulta medir y afrontar el problema. “Ha de primar el interés general”, repitió, subrayando la urgencia de un consenso amplio y sostenido.

Al cierre de su intervención, Gabilondo dejó claro que el acceso a una vivienda digna “no puede depender de coyunturas políticas ni del ciclo económico”. Es, recalcó, una obligación constitucional y un compromiso democrático.

Porque la vivienda, más que un bien de mercado, sigue siendo un pilar esencial del bienestar social y de la igualdad real entre ciudadanos.