El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que marca un punto de inflexión en la política pública de vivienda, al transformar la entidad SEPES (Entidad Estatal de Suelo) en la nueva CASA 47, una Entidad Pública Empresarial destinada a gestionar, urbanizar y mantener un auténtico parque público de vivienda en estándares europeos.
Hasta ahora, SEPES basaba su actividad principal en la urbanización y entrega de suelos y viviendas a administraciones públicas. Con esta reforma, el objetivo se amplía: CASA 47 gestionará el ciclo completo de la vivienda pública, desde la construcción hasta la gestión de los alquileres a largo plazo, favoreciendo una oferta continuada, sostenible y asequible.
Actividad principal: urbanización, entrega y gestión integral de vivienda pública
El cambio de denominación a “CASA 47 Entidad Pública Empresarial” no altera su naturaleza jurídica, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, pero sí implica una profunda reorganización interna. Se suprime la Dirección General de SEPES, sustituida por la Presidencia de la nueva entidad, adaptando la estructura a su renovada misión.
CASA 47 asumirá las funciones de una gran promotora estatal, encargada no solo de levantar nuevas promociones, sino también de gestionar directamente los alquileres, su mantenimiento y la adjudicación transparente de los inmuebles. Con ello, el Gobierno busca poner fin a la fragmentación que históricamente ha limitado la eficiencia del parque público.
Contratos de alquiler de hasta 75 años: estabilidad y asequibilidad
Uno de los pilares más innovadores de CASA 47 será la duración de los contratos de alquiler, que podrán extenderse hasta 75 años mediante un sistema de prórrogas sucesivas de siete años.
El esquema se divide en dos etapas:
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Primera fase: contrato inicial de 14 años.
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Segunda fase: prórrogas automáticas de 7 años, siempre que se cumplan los requisitos de acceso a vivienda asequible.
El precio del alquiler se fijará por criterios de asequibilidad, con un tope máximo del 30% de la renta media de cada territorio, ajustándose por comunidades autónomas. Este modelo rompe con la lógica de mercado tradicional, donde el precio se calculaba en función del coste de construcción.
Según el Ministerio, CASA 47 se dirigirá a la clase media y trabajadora, alcanzando al 60% de la población con ingresos entre 2 y 7,5 veces el IPREM. Las rentas inferiores seguirán cubiertas por la vivienda social y las superiores accederán al mercado libre.
Desde 2026, un portal online centralizará la gestión de vivienda pública, permitiendo consultar promociones, requisitos y tramitar solicitudes de manera digital.
Un parque público de vivienda en estándares europeos
CASA 47 no parte de cero. Gestionará desde su creación un amplio patrimonio inmobiliario estatal, nutrido de viviendas y suelos transferidos desde Hacienda, Defensa, Interior y la Sareb. Solo esta última aporta más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos edificables, con capacidad para desarrollar otras 55.000 unidades adicionales.
Además, la entidad ha licenciado más de 1.600 nuevas viviendas distribuidas por todo el país y desbloqueado proyectos de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza, València, Málaga y Madrid.
El objetivo es construir un parque público que alcance el 8% del total de viviendas, cifra que nos situaría en la media europea. Con ello, CASA 47 busca que España disponga de un sistema estable de vivienda pública, capaz de amortiguar las crisis del mercado y garantizar el derecho constitucional a la vivienda.
Consolidar una inversión pública continuada y sostenible
El nuevo marco prevé una inversión de 13.000 millones de euros en diez años, orientada a crear un modelo de vivienda pública autosostenible. El programa no solo pretende aumentar la oferta, sino garantizar la continuidad y el mantenimiento del parque a lo largo del tiempo, reduciendo la especulación y favoreciendo la estabilidad urbana.
Con CASA 47, el Gobierno se dota de una herramienta estructural para intervenir en el mercado de la vivienda desde la oferta. De este modo, el Estado no solo fomenta la construcción, sino que asegura alquileres accesibles, contratos estables y una gestión moderna, digitalizada y transparente.
En palabras del Ministerio, “CASA 47 será la infraestructura pública que velará por el derecho a la vivienda”, un instrumento que busca equilibrar el mercado y ofrecer una alternativa real a la especulación inmobiliaria.
