La Secretaría General de Consumo y Juego ha dictado una resolución ejemplar: una sanción de 3.600.902 euros contra la empresa Alquiler Seguro. La multa, propuesta tras una investigación exhaustiva, castiga los abusos sistemáticos y las prácticas fraudulentas que la inmobiliaria ha venido aplicando en sus contratos de arrendamiento, cargando al inquilino con costes y obligaciones que, por ley, corresponden al propietario.

Esta resolución, impulsada por denuncias como la de FACUA-Consumidores en Acción, pone el foco sobre un modelo de negocio operado por algunas inmobiliarias, intentando desvirtuar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) mediante subterfugios contractuales.

🤬 Numerosas irregularidades en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios

El expediente sancionador no deja lugar a dudas. La investigación ha desgranado una por una las numerosas irregularidades detectadas, demostrando que la empresa operaba con total conocimiento del daño que infligía al eslabón más débil del mercado: el inquilino.

Entre las prácticas más indignantes y abusivas que han justificado la multimillonaria sanción se encuentran:

  • El Cobro encubierto al inquilino: Se impuso un supuesto «servicio de atención al inquilino» (equivalente a un mes de renta más IVA) que, en realidad, servía para disfrazar el cobro de gastos que legalmente debe soportar el arrendador, como la resolución de siniestros o el asesoramiento legal.

  • Imposición de Seguros: La obligación de contratar un seguro del hogar, una carga que también recae legalmente sobre el propietario del inmueble.

  • Estudios de Solvencia con Cargo al Inquilino: Obligar al arrendatario a costear el estudio de solvencia económica, una diligencia que beneficia directamente al propietario para asegurar su cobro.

  • Limitación de Derechos: Imponer todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales al inquilino y limitar su derecho de desistimiento del contrato.

La resolución ha desestimado las trece alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, confirmando la solidez de las acusaciones y la gravedad de las infracciones.

⚖️ La resolución sancionadora concluye que la inmobiliaria ha cometido siete infracciones

La Secretaría General de Consumo ha clasificado las prácticas de Alquiler Seguro con la dureza que merecen. La resolución concluye la comisión de siete infracciones bajo el paraguas de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios:

  • Seis infracciones calificadas como «muy graves»

  • Una infracción calificada como «grave»

Estas infracciones muy graves han derivado en multas que oscilan entre el millón de euros y los 100.001 euros, sumando un total que supera los 3,6 millones de euros. Es una cifra que refleja la magnitud del daño causado a miles de familias que buscaban, precisamente, la supuesta «seguridad» que la empresa prometía.

🤝 Un modelo de negocio basado en dar todas las garantías a los propietarios pagándolas los inquilinos

El caso de Alquiler Seguro es la perfecta radiografía de cómo algunos actores del mercado de la vivienda buscan maximizar sus beneficios a costa de la legalidad y la ética.

La indignación radica en la esencia de su modelo: la empresa captaba a propietarios ofreciéndoles un escudo total contra impagos y daños, cubierto por seguros y garantías. El problema es que el coste de toda esta tranquilidad y seguridad se cargaba, de forma ilegítima, sobre las espaldas del inquilino a través de los mencionados «servicios» y seguros obligatorios.

En un mercado de alquiler ya tensionado por la falta de vivienda y los precios desorbitados, este tipo de prácticas solo contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de quienes buscan un hogar, convirtiendo los contratos en trampas legales.

Ahora, Alquiler Seguro dispone de la opción de presentar un recurso de alzada ante el Ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, pero la vía administrativa está a punto de agotarse. La sanción marca un precedente histórico y un aviso firme a todas aquellas empresas que intenten utilizar subterfugios contractuales para abusar de los consumidores en el sector de la vivienda.