La política de vivienda vuelve a situarse en el centro del debate parlamentario tras el acuerdo alcanzado entre EH Bildu y el Gobierno para prorrogar buena parte de las medidas incluidas en el denominado escudo social, que expiraban el próximo 31 de diciembre. El pacto, que deberá formalizarse mediante un Real Decreto-Ley aprobado en Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso, permitirá mantener durante todo 2026 la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional, así como otras medidas de protección dirigidas a los hogares más vulnerables.

Desde el punto de vista del mercado de la vivienda, la prórroga vuelve a poner de manifiesto la cronificación de una situación excepcional que nació durante la pandemia y que, cinco años después, sigue siendo necesaria ante el encarecimiento del alquiler, la falta de vivienda asequible y el aumento de la vulnerabilidad residencial en amplias capas de la población.

Aspectos que se prorrogan en cuanto a los desahucios y el escudo social

El acuerdo anunciado por EH Bildu incluye tres pilares fundamentales del escudo social. En primer lugar, la prohibición de desahucios y lanzamientos sin alternativa habitacional para hogares vulnerables. En segundo término, la prohibición de cortes de suministros básicos, como luz, agua y gas. Y, en tercer lugar, la prórroga del bono social eléctrico, una herramienta clave para aliviar el impacto del coste energético en los hogares con menos recursos.

Estas medidas, que caducaban el 31 de diciembre, se mantendrán al menos durante todo el año 2026, lo que aporta certidumbre a miles de familias que dependen de este paraguas de protección. Según ha defendido EH Bildu, el acuerdo es fruto de “un trabajo discreto y constante” y de la presión de diversos colectivos sociales que alertan del deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda.

El anterior acuerdo también fue debido a EH Bildu

No es la primera vez que el grupo vasco impulsa este tipo de prórrogas. La última ampliación de la moratoria antidesahucios, aprobada a finales de diciembre de 2023, también fue consecuencia de un acuerdo entre EH Bildu y el Ejecutivo. En aquella ocasión, la medida se incorporó al decreto de ayudas anticrisis aprobado por el Consejo de Ministros y permitió extender la suspensión de los desahucios y la limitación de los cortes de suministros durante 2024 y 2025.

Desde entonces, la moratoria se ha ido prorrogando de forma sistemática, pese a que ya no concurren las circunstancias extraordinarias de la pandemia. Sin embargo, el Gobierno y sus socios parlamentarios reconocen que la emergencia habitacional sigue vigente, especialmente en el ámbito del alquiler.

Bajan los desahucios, pero el problema persiste

Los datos más recientes del Consejo General del Poder Judicial reflejan una reducción del 11,6% en los desahucios durante el segundo trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2024. En total, se produjeron 6.960 lanzamientos, de los cuales el 76% estuvieron relacionados con impagos del alquiler, frente al 17,4% derivados de ejecuciones hipotecarias.

Estas cifras muestran una leve contención, pero también evidencian que el alquiler continúa siendo el principal foco de conflicto. La falta de oferta, el encarecimiento de las rentas y la precariedad económica de muchos hogares mantienen una presión constante sobre el sistema, lo que explica la continuidad de las medidas excepcionales.

¿Quiénes están protegidos por la moratoria?

La suspensión de los desahucios se aplica a hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. También incluye a personas que ocupan una vivienda sin título cuando se trata de víctimas de violencia de género, personas dependientes o con menores a su cargo, siempre que se encuentren en situación de vulnerabilidad y la vivienda pertenezca a un gran tenedor.

El procedimiento establece que es el inquilino quien debe solicitar el aplazamiento, tras lo cual el juzgado recaba un informe de los servicios sociales municipales. Corresponde a la comunidad autónoma intentar ofrecer una alternativa habitacional.

Los propietarios pueden pedir compensaciones bajo determinados aspectos

Uno de los elementos clave del sistema es el derecho de los propietarios a solicitar compensaciones económicas cuando la Administración no logra ofrecer una alternativa habitacional en el plazo establecido. Actualmente, estas compensaciones pueden solicitarse hasta el 31 de enero de 2026, pero con la nueva prórroga se prevé que el plazo se extienda hasta el 1 de enero de 2027.

En caso de que no se encuentre una solución para el hogar vulnerable, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización, lo que busca equilibrar, al menos parcialmente, los efectos de la suspensión sobre los arrendadores.

Un acuerdo pendiente de ratificación

El acuerdo anunciado por EH Bildu deberá ser ratificado por el Consejo de Ministros y posteriormente convalidado en el Congreso de los Diputados. Se trata de un paso clave para garantizar la continuidad del escudo social y evitar un vacío legal a partir del 1 de enero.

Mientras tanto, el debate de fondo sigue abierto. La prórroga vuelve a evidenciar que las medidas de emergencia no sustituyen a una política estructural de vivienda capaz de aumentar la oferta, contener los precios y reducir la dependencia de soluciones excepcionales que, año tras año, se convierten en permanentes.