El Gobierno vuelve a enredarse en su propio laberinto inmobiliario. Cuando el mercado del alquiler se enfrenta al mayor vencimiento de contratos desde la pandemia —casi 630.000 alquileres firmados tras el covid que deberán renovarse entre 2025 y 2027— Pedro Sánchez ha decidido ofrecer una zanahoria fiscal a los propietarios para intentar contener lo inevitable: una avalancha de subidas de precio que puede rozar el 50% en muchos casos.

La propuesta del presidente consiste en eximir al 100% del IRPF a los caseros que no suban el alquiler al renovar el contrato. Una medida que busca frenar la escalada de precios sin imponer controles directos, pero que ha provocado una tormenta política dentro del propio Ejecutivo. Sumar, el socio de coalición del PSOE, la considera poco menos que un regalo a quienes —según sus propios datos— ya viven mucho mejor que sus inquilinos.

Y en medio del choque político, aparece un informe demoledor del Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy: los caseros ganan de media un 82% más que quienes alquilan. Una brecha que no solo no se cierra, sino que podría ampliarse aún más si se aplican las bonificaciones fiscales de Sánchez.

¿Cuál es la exención fiscal que propone Sánchez?

La propuesta estrella del PSOE es sencilla en apariencia: bonificar el 100% de los rendimientos del alquiler en el IRPF a los propietarios que mantengan el precio al renovar el contrato. Es decir, si el casero no sube la renta, Hacienda no le grava los ingresos por ese alquiler.

El objetivo declarado es evitar que los propietarios aprovechen la renovación de los contratos para aplicar subidas de mercado, que según los datos de Idealista se han disparado de media un 34,3% desde 2020, pasando de 10,85 euros por metro cuadrado a 14,5 euros en cinco años.

La medida intenta evitar una oleada de incrementos cuando expiren los contratos firmados durante la pandemia, cuando los precios estaban artificialmente deprimidos. El Gobierno sabe que si esos alquileres saltan al precio actual de mercado, miles de familias quedarán fuera de juego.

El problema es que ya existe una bonificación del 90% en zonas tensionadas para quien baje el alquiler un 5%, lo que convierte la propuesta del 100% en una especie de premio adicional a quien simplemente no suba.

¿Por qué se opone Sumar y qué alega?

Sumar considera que la propuesta de Sánchez es ineficaz, injusta y socialmente regresiva. Su argumento es demoledor: el Estado estaría usando dinero público para beneficiar a quienes ya son más ricos.

Según el informe preliminar del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, la renta mediana de los caseros es de 52.449 euros al año, frente a los 28.810 euros de los inquilinos. Es decir, 23.638 euros de diferencia, un 82% más para quien cobra el alquiler.

Pablo Bustinduy lo resume sin rodeos: destinar recursos públicos “a los propietarios y a los caseros, que tienen prácticamente el doble de renta que los inquilinos, no es una medida que compartamos”.

Desde Sumar sostienen que el problema no es que algunos propietarios no suban el alquiler, sino que el mercado está estructuralmente desbocado y que cualquier medida debe proteger primero a quienes viven de su salario o pensión, no de rentas inmobiliarias.

¿Qué renta media tienen los caseros frente a sus inquilinos?

Los datos del informe son una bomba política. A escala estatal:

  • Caseros: 52.449 € de renta mediana anual

  • Inquilinos: 28.810 €

  • Brecha: 23.638 €

  • Diferencia: +82% a favor de los propietarios

Y lo más relevante: esta brecha no es estática. Si los contratos que vencen en 2026 y 2027 se renuevan a precios de mercado, la diferencia aumentará otros 2.216 euros de media, elevando la renta de los caseros hasta 54.665 euros.

En otras palabras: el sistema empuja a que quien ya tiene más, gane todavía más.

Renta de los propietarios por comunidades autónomas

El informe revela que en ocho comunidades la renta de los caseros ya duplica la de los inquilinos:

  • Comunidad Valenciana: +124%

  • Extremadura: +117%

  • Murcia: +114%

  • Castilla-La Mancha: +103%

  • Galicia: +99%

  • Canarias: +97%

  • Cantabria: +97%

  • Asturias: +97%

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los inquilinos tienen una renta mediana de 23.383 euros, mientras los caseros alcanzan los 52.279 euros.

En Madrid, pese a ser una de las regiones más caras, la diferencia también es brutal: 35.325 euros frente a 62.580 euros, un 77% más para los propietarios.

La medida de Sánchez ahondaría la brecha

Si se aplica la exención fiscal y los contratos se renuevan a precios de mercado, la brecha podría superar el 90% de media y llegar al 136% en la Comunidad Valenciana. Es decir, mientras el inquilino paga más, el casero no solo cobra más, sino que además paga menos impuestos. La tormenta política estaba servida.

¿Es factible legalmente la congelación de los alquileres?

Sumar propone una alternativa radicalmente distinta: prorrogar automáticamente los 632.369 contratos que vencen en 2025, permitiendo solo una subida ligada al IPC. Esto protegería a más de 1,6 millones de personas y evitaría una subida media de 1.735 euros al año por hogar.

El problema es jurídico: durante la pandemia fue posible porque había estado de emergencia. Hoy, el PSOE duda de que esa prórroga automática tenga encaje constitucional. Pero Sumar lo tiene claro: o se interviene el mercado o se financia el problema con dinero público.