La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha presidido la sesión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, un nuevo órgano consultivo previsto en la Ley de Vivienda y llamado a jugar un papel relevante en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en materia residencial. Su creación se produce en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario español, marcado por la falta de vivienda asequible, la presión sobre el alquiler, el encarecimiento de la compra y la creciente preocupación social por el acceso a la vivienda.

Durante la reunión inaugural, la ministra ha defendido la utilidad del Consejo como un espacio para la participación de la sociedad civil en el “mejor diseño de las políticas públicas” y como una herramienta para avanzar en “la consolidación de acuerdos y consensos” en un ámbito especialmente tensionado. Según Rodríguez, el objetivo es dotar a la política de vivienda de una base estructural, estable e institucionalizada, más allá de medidas coyunturales.

Este órgano analizará cada año las políticas públicas que ejecuta el Ministerio de Vivienda

Uno de los elementos clave anunciados por la ministra es que el Consejo Asesor de Vivienda analizará anualmente las políticas públicas desarrolladas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Un compromiso que, sobre el papel, busca reforzar la evaluación continua de las actuaciones en materia de vivienda, desde los planes estatales hasta las medidas relacionadas con el alquiler, la rehabilitación o el parque público.

Rodríguez ha subrayado además el “gran consenso” existente entre los asistentes a la reunión en torno a la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde múltiples perspectivas. En este sentido, ha destacado la heterogeneidad de los miembros del Consejo, que incluye desde representantes vinculados a la construcción de vivienda y vivienda asequible, hasta perfiles relacionados con el crédito hipotecario y con la defensa de los derechos de las personas afectadas por abusos en el alquiler o por problemas hipotecarios.

Según la ministra, esta pluralidad se incorpora con un “carácter institucional y estructural”, con la intención de que el Consejo cumpla una función útil tanto para el Gobierno como para el conjunto del país. No obstante, el alcance real de este órgano dependerá de su capacidad para influir en decisiones concretas en un mercado profundamente condicionado por factores económicos, financieros y regulatorios.

Los Grupos de Trabajo

En el seno de la reunión constitutiva se ha acordado la creación de cinco Grupos de Trabajo, cuatro propuestos por el propio Ministerio y uno surgido por acuerdo de los miembros del Consejo. Cada grupo tendrá objetivos específicos y abordará ámbitos considerados estratégicos para la política de vivienda en los próximos años.

Los grupos estarán centrados en el análisis del Plan Europeo de Vivienda, la construcción y blindaje permanente del parque público de vivienda, el desafío de la vivienda en la España rural, la ejecución del Plan Estatal de Vivienda a través de su modelo de cogobernanza y la transparencia y disponibilidad de datos públicos en materia de vivienda. Un enfoque amplio que refleja la complejidad del problema y la diversidad de frentes abiertos.

La ministra también ha avanzado que el Consejo Asesor se reunirá dos veces al año y que el siguiente paso para su completa institucionalización será dotarlo de un reglamento interno, clave para definir su funcionamiento, competencias y capacidad real de incidencia.

Facua critica su exclusión por ser crítica con Sánchez

La constitución del Consejo no ha estado exenta de polémica. FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de “muy grave” su exclusión de la reunión celebrada este jueves, vinculándola directamente a las críticas realizadas por la asociación al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de eximir del pago de IRPF a los caseros que no suban los alquileres.

La organización considera inaceptable que la ministra haya optado por silenciar la voz de una de las principales asociaciones de consumidores del país en un órgano cuya misión debería ser garantizar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda. FACUA lleva tiempo reclamando medidas de calado contra la especulación inmobiliaria y denunciando la ausencia de actuaciones realmente eficaces para frenar el encarecimiento del alquiler.

El secretario general de la asociación, Rubén Sánchez, ha acusado al Gobierno de renunciar a recaudar impuestos “como cortina de humo” para evitar afrontar reformas profundas contra la especulación. “Renunció a hacerlo ante las brutales subidas de los precios de los alimentos básicos, renunció ante los tarifazos eléctricos y vuelve a renunciar ahora”, ha afirmado.

La polémica evidencia las tensiones que rodean la política de vivienda en España y plantea dudas sobre el grado de pluralidad real del nuevo Consejo Asesor. En un contexto de emergencia habitacional, su capacidad para generar consensos efectivos y soluciones estructurales será determinante para valorar si este órgano se convierte en una herramienta útil o en un mero espacio consultivo sin impacto real.