El mercado hipotecario español vuelve a mostrar una de sus contradicciones más persistentes y menos visibles para el gran público: los bancos cobran al cliente final por la tasación de una vivienda a precios elevados mientras presionan a los tasadores que realizan ese trabajo con honorarios ajustados hasta el límite de la viabilidad profesional. Una práctica que, según denuncian los propios profesionales, no solo precariza su actividad, sino que pone en riesgo la calidad, la independencia y la fiabilidad de un pilar esencial del sistema hipotecario.

La Asociación Española de Tasadores Hipotecarios (AETH) decidió levantar parcialmente la huelga que mantenía desde el pasado 15 de diciembre, pero lo hizo sin ocultar que el problema de fondo sigue intacto. El paro se levantó para las tasaciones del canal hipotecario bancario y para las encargadas directamente por particulares, con el objetivo de evitar perjuicios adicionales a las familias que necesitan formalizar una hipoteca, pero se mantiene para las tasaciones de cartera bancaria, es decir, aquellas relacionadas con préstamos dudosos de las entidades financieras. Un gesto que busca visibilizar el conflicto sin trasladar toda la presión al ciudadano.

En el trasfondo de este conflicto está una realidad incómoda: la tasación hipotecaria es un derecho del ciudadano, no del banco, pero en la práctica sigue funcionando como un servicio intermediado por las entidades financieras, que fijan condiciones, plazos y precios sin que el profesional tenga capacidad real de negociación.

La reunión con el Banco de España

Ante la falta de avances con las patronales del sector, la AETH decidió dar un paso más y solicitar la intermediación del Banco de España. En la reunión mantenida con responsables del supervisor bancario, los tasadores trasladaron la situación que califican de “crítica” y reclamaron una actuación que garantice la calidad, la independencia y la transparencia de las tasaciones hipotecarias.

Los profesionales denunciaron que los plazos de entrega cada vez más ajustados y unos honorarios congelados desde 2008 están deteriorando la calidad de los informes. Un deterioro que no es solo un problema laboral, sino un riesgo sistémico: una tasación realizada con prisas y por debajo de costes afecta directamente a la correcta valoración del riesgo hipotecario.

Entre las peticiones trasladadas al Banco de España figura la eliminación de las comisiones de intermediación que perciben algunas entidades financieras, así como el refuerzo de la seguridad y validez de la firma electrónica, para garantizar que el informe esté inequívocamente firmado por el tasador responsable y no diluido en procesos automatizados o presiones comerciales.

Se levanta la huelga iniciada el 15 de diciembre

La decisión de levantar el paro en parte del sector no debe interpretarse como una victoria ni como el final del conflicto. La propia AETH ha insistido en que se trata de una medida de responsabilidad para no perjudicar a familias y empresas, especialmente en un contexto de tipos de interés elevados y acceso cada vez más complejo a la financiación hipotecaria.

Desde el pasado 23 de diciembre ya se habían reanudado las tasaciones solicitadas directamente por particulares, recordando que el ciudadano tiene derecho a elegir tasadora, aunque en la práctica esa libertad sigue muy condicionada por los circuitos bancarios. Con la reanudación del canal hipotecario, se prevé además un cuello de botella por la acumulación de encargos pendientes, lo que puede provocar retrasos adicionales en la formalización de hipotecas.

El paro continúa para las tasaciones de cartera bancaria

Donde el conflicto sigue abierto es en las tasaciones de cartera bancaria, vinculadas a la valoración de préstamos dudosos y activos problemáticos de las entidades financieras. En este ámbito, los tasadores denuncian que los precios impuestos no guardan relación con el trabajo real que conllevan estas valoraciones, en muchos casos más complejas que una tasación de originación.

La AETH ha decidido mantener el paro en este segmento hasta el 15 de febrero, ante la falta de respuesta y de voluntad de diálogo por parte de las sociedades de tasación y sus asociaciones patronales. Una decisión que vuelve a poner el foco en una práctica habitual: la presión a la baja sobre los honorarios cuando el cliente final es un banco, incluso aunque el volumen y la responsabilidad del trabajo sean mayores.

¿Qué piden los tasadores en la propuesta de un Acuerdo Marco sectorial?

El núcleo de las reivindicaciones de los tasadores se articula en torno a la propuesta de un Acuerdo Marco sectorial, que busca ordenar una actividad clave para el mercado inmobiliario y financiero. Entre las principales demandas destacan tarifas mínimas ligadas al coste real de los informes, que permitirían situar la retribución media anual en torno a los 30.000 euros brutos por profesional, con actualizaciones ligadas al IPC y a los cambios normativos.

También reclaman condiciones contractuales equilibradas, con plazos de entrega realistas, pagos en un máximo de un mes, compensaciones por desplazamientos y claridad en los honorarios desde el inicio del encargo. A ello se suma la exigencia de independencia y seguridad profesional, con el derecho a rechazar encargos no viables, un control estricto de la firma digital y la garantía de que el tasador contrate con la sociedad de tasación y no directamente con la entidad financiera.

El colectivo insiste en que su objetivo no es encarecer el mercado, sino eliminar intermediaciones impropias y alinear los honorarios con el trabajo real. En un momento en el que se exige máxima prudencia al sistema financiero, resulta contradictorio que uno de sus pilares se sostenga sobre profesionales que trabajan, según denuncian, por debajo de costes.

En definitiva, el conflicto de los tasadores no es solo una reivindicación laboral. Es una llamada de atención sobre cómo se construye la información clave del mercado hipotecario, quién la paga realmente y quién asume los riesgos. Sin tasaciones independientes, rigurosas y bien remuneradas, no puede haber hipotecas seguras ni un mercado inmobiliario fiable, algo que debería preocupar tanto al regulador como a los consumidores.