La preocupación social vuelve a instalarse en el centro del debate sobre la vivienda en España ante la posibilidad de que decaiga el llamado escudo social, una de las principales medidas aprobadas durante la pandemia para frenar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional. La plataforma #NiUnDesahucioMás, que agrupa a un centenar de entidades sociales, ha lanzado un mensaje de alerta ante la incertidumbre política que rodea la convalidación del decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado mes de diciembre y que debe votarse en el Congreso el próximo 27 de enero.
La norma, que prorroga durante un año más la suspensión de los lanzamientos para hogares en situación de vulnerabilidad, afecta directamente a más de 70.000 familias que se han beneficiado de la moratoria desde abril de 2020. A pocos días de la votación, la mayoría parlamentaria necesaria para su convalidación no está garantizada, lo que ha reactivado el temor a una nueva ola de desahucios en un contexto marcado por la falta de vivienda asequible, el encarecimiento del alquiler y la escasa capacidad de respuesta de las administraciones públicas.
El Real Decreto aprobado en el Consejo de Ministros debe pasar por el Congreso
Las entidades sociales recuerdan que la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros no es suficiente para asegurar su vigencia. El texto debe ser convalidado por el Congreso de los Diputados, donde el equilibrio parlamentario vuelve a situar la cuestión de la vivienda en una posición frágil. Durante el mes de diciembre, la coalición #NiUnDesahucioMás mantuvo reuniones con distintos grupos políticos con el objetivo de recabar apoyos y trasladar la dimensión social del problema. En aquel momento, el mensaje parecía compartido: la reactivación masiva de desahucios sería un drama social difícilmente asumible.
Sin embargo, la falta de certezas a escasos días de la votación ha devuelto la inquietud a miles de hogares que viven pendientes de una decisión política. Las organizaciones denuncian que esta situación de incertidumbre prolongada tiene un impacto directo en la salud emocional y económica de las familias afectadas, que no saben si podrán permanecer en sus viviendas o si deberán enfrentarse a un desalojo inminente sin alternativa residencial.
Los votos de PNV y Junts serán decisivos
En este escenario, los votos de PNV y Junts se perfilan como determinantes para que la moratoria siga adelante. Las entidades sociales han retomado los contactos con ambos grupos parlamentarios en un intento de asegurar su respaldo y ofrecer tranquilidad a las familias vulnerables. Desde la plataforma subrayan que no se trata de un debate ideológico, sino de una cuestión de responsabilidad institucional, en un momento en el que el mercado de la vivienda sigue tensionado y las soluciones estructurales avanzan con lentitud.
A nivel estatal, si la medida decae, podrían reactivarse de forma inmediata hasta 70.000 procesos de desahucio suspendidos en los últimos cinco años. A esta cifra habría que sumar los 27.564 desalojos que se producen cada año en España, muchos de ellos sin que las administraciones puedan garantizar un realojo digno. El resultado sería una presión insostenible sobre los servicios sociales y un agravamiento de la exclusión residencial.
Hasta 20.000 desahucios podrían producirse en Cataluña
Cataluña es uno de los territorios donde el impacto de una eventual no convalidación sería más severo. Según las proyecciones basadas en datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y de la Generalitat de Catalunya, podrían reactivarse 13.260 desahucios que se beneficiaron de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A esta cifra habría que añadir los 7.381 desalojos anuales que ya se producen en la comunidad.
En conjunto, hasta 20.000 lanzamientos podrían ejecutarse en 2026, sin que la Generalitat haya diseñado un plan de choque específico para afrontar este escenario. Las entidades sociales advierten de que la ausencia de previsión agrava el riesgo de colapso y deja a miles de familias en una situación de extrema vulnerabilidad, especialmente en áreas metropolitanas donde el acceso al alquiler es cada vez más limitado.
Posibles acciones para asegurar un techo a estas familias
Desde la coalición #NiUnDesahucioMás insisten en que el problema no puede seguir abordándose mediante prórrogas temporales ni soluciones coyunturales. Reclaman un compromiso político que vaya más allá de la urgencia inmediata y apueste por medidas estructurales que garanticen el derecho a la vivienda. Entre las propuestas planteadas destacan la puesta en marcha de un plan de actuación urgente que asegure el mantenimiento de la vivienda o un realojo digno, la movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda y el despliegue efectivo del tanteo y retracto para incorporar al parque público viviendas en manos de grandes tenedores.
También señalan la necesidad de poner a disposición social las viviendas de la SAREB, especialmente ante el anuncio de la venta de grandes carteras de alquiler por parte de fondos de inversión. Las entidades advierten de que, sin una intervención decidida, estas operaciones pueden reducir aún más la oferta disponible y encarecer los precios, agravando una crisis habitacional que ya afecta de forma directa al consumo, al mercado inmobiliario y a la cohesión social.
Con el futuro de miles de familias en juego, la plataforma ha dejado claro que utilizará todas las herramientas de la sociedad civil a su alcance para evitar una nueva ola de desahucios. La vivienda vuelve así al centro del debate político, no solo como un activo económico, sino como un derecho básico cuya garantía sigue dependiendo, en gran medida, de decisiones parlamentarias aún por cerrar.
