El Govern de la Generalitat y los Comuns han anunciado esta semana la imposición de las primeras 13 sanciones a propietarios por incumplimientos de la ley catalana de vivienda, un paso largamente esperado desde la aprobación del régimen sancionador hace casi un año y que vuelve a situar el foco en las dificultades reales para hacer cumplir una normativa diseñada para contener precios, mejorar la transparencia del mercado del alquiler y frenar prácticas abusivas en un contexto de grave falta de vivienda. El importe conjunto de estas multas podría alcanzar los 120.000 euros, una cifra todavía modesta si se compara con la magnitud del problema habitacional en Cataluña, pero que supone el primer gesto tangible de aplicación efectiva de la ley.
El anuncio se produjo tras una reunión en el Palau de la Generalitat entre la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, y el presidente del grupo PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, en la que se revisó el grado de cumplimiento de los acuerdos ligados a los suplementos de crédito de 2025, condición exigida por los Comuns para abrir la negociación de los Presupuestos de 2026. La aplicación de sanciones, en este sentido, no solo tiene una lectura en clave de política de vivienda, sino también un claro componente de equilibrio parlamentario.
Las 13 sanciones se reparten entre la Agència Catalana de Consum, que ha tramitado siete expedientes, y la Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC), responsable de los otros seis. Algunas multas ya han sido ejecutadas y cobradas, mientras que otras continúan en fase de instrucción, pendientes de concretar su cuantía definitiva. Un elemento relevante es que, según ha subrayado Albiach, todas las sanciones recaen sobre personas jurídicas, lo que refuerza la idea de que el foco está puesto en operadores profesionales del mercado y no en pequeños propietarios particulares.
Tipo y cuantía de las sanciones impuestas
Entre las sanciones ya ejecutadas destacan dos multas de 27.000 euros cada una, consideradas infracciones graves: una por incrementar la renta sin justificar los conceptos aplicados y otra por ejercer como administrador de fincas colegiado sin estarlo. A ellas se suma una sanción leve de 1.750 euros por no informar en el anuncio del índice de precios en una zona declarada tensionada. En los diez expedientes todavía no resueltos, figura un caso grave por no incluir ni el índice de precios ni la etiqueta de eficiencia energética, con una posible multa de hasta 25.000 euros, además de otros tres expedientes por no informar del índice de precios. En cuanto a los procedimientos abiertos por la AHC, dos podrían conllevar sanciones de 30.000 euros, otros dos de 3.000 euros, mientras que las cuantías restantes aún están por determinar.
El marco sancionador de la ley de vivienda establece que las infracciones leves pueden llegar hasta los 9.000 euros, las graves oscilan entre 9.001 y 90.000 euros, y las muy graves pueden alcanzar hasta los 900.000 euros. Una horquilla amplia que, sobre el papel, dota a la Administración de herramientas suficientes para disuadir conductas fraudulentas, pero cuya efectividad dependerá del volumen de expedientes y de la agilidad administrativa. Paralelamente, el Govern ha cerrado 26 expedientes al considerar que no encajaban en los supuestos previstos en la ley, un dato que también evidencia las dificultades interpretativas de una normativa compleja y todavía en fase de rodaje.
El Govern avanza que las próximas sanciones serán más severas
Desde los Comuns se insiste en que este primer paquete de multas es solo el inicio. El Govern ha trasladado que se está preparando un segundo bloque de sanciones mucho más amplio, con 55 procedimientos en tramitación desde Consumo, que podrían sumar alrededor de medio millón de euros, y otros 77 expedientes en curso en la AHC, que, según Albiach, se resolverán “en cascada” en las próximas semanas. La dirigente ha reconocido que el Ejecutivo ha actuado con cautela en esta primera fase, pero ha avanzado que las próximas resoluciones serán sensiblemente más severas, tanto en número como en cuantía.
Para Albiach, estas sanciones representan únicamente un “punto de partida” y llegan con retraso. A su juicio, sin la presión política ejercida en el marco de la negociación presupuestaria, el Govern habría seguido posponiendo la aplicación del régimen sancionador. En paralelo, ha recordado que en febrero debería estar operativo el registro de grandes tenedores de vivienda y la unidad antidesahucios, dos herramientas clave para reforzar la capacidad de intervención pública en un mercado claramente tensionado.
La CUP considera que el número de sanciones es irrisorio ante la extensión de las infracciones
Desde una posición aún más crítica, la CUP ha calificado de “irrisorio” el número de sanciones impuestas en relación con la extensión real de los incumplimientos. Su diputado Xavier Pellicer ha denunciado que la vulneración de la norma “no es una anécdota, es una constante”, y ha cuestionado que el cumplimiento de una ley deba depender de negociaciones políticas o de la voluntad de los actores implicados.
El debate de fondo vuelve a conectar con uno de los grandes problemas estructurales del mercado de la vivienda en Cataluña y en el conjunto de España: la insuficiencia de oferta, especialmente de vivienda asequible, y el papel todavía limitado de la obra pública como instrumento para equilibrar el mercado. Sin un aumento sostenido del parque público y social, las sanciones, aunque necesarias, difícilmente podrán corregir por sí solas las tensiones de precios, la falta de alternativas habitacionales y la creciente exclusión residencial. La aplicación de la ley es un paso, pero el reto sigue siendo mucho más profundo.
