El Ayuntamiento de Badalona, liderado por el popular Xavier García Albiol, ha anunciado que prohibirá los pisos turísticos en la ciudad a lo largo de 2026. La decisión, adelantada en el último Pleno municipal por el teniente de alcalde de Territorio, Daniel Gracia, sitúa a la cuarta ciudad más poblada de Cataluña en la misma senda restrictiva que otros municipios del área metropolitana de Barcelona. La medida no es menor: afecta a un sector que en los últimos años ha crecido al calor del turismo urbano y que ha tenido un impacto directo en el mercado del alquiler residencial.
La decisión ha sorprendido especialmente porque el propio alcalde ha reconocido que no está en su línea ideológica, pero que considera que “es lo mejor para Badalona”. En un contexto de fuerte tensión inmobiliaria y de creciente malestar ciudadano por el acceso a la vivienda, el consistorio ha optado por priorizar el uso residencial frente al turístico, asumiendo el coste político que ello pueda implicar.
Badalona adelantará a Barcelona prohibiendo los pisos turísticos este 2026
Aunque la capital catalana ya anunció que eliminará las licencias de viviendas de uso turístico en noviembre de 2028, Badalona ha decidido acelerar el calendario y vetar esta actividad dos años antes. La ciudad no renovará las licencias y aprobará la normativa correspondiente en un pleno previsto antes de mayo.
Con ello, Badalona adelantará a Barcelona prohibiendo los pisos turísticos este 2026, alineándose con la estrategia impulsada desde la Generalitat en 2023 mediante un decreto ley que permite a los municipios limitar o suprimir esta actividad en zonas tensionadas. El movimiento tiene una clara lectura metropolitana: evitar que la presión turística se desplace desde Barcelona hacia municipios colindantes, generando nuevas tensiones en el mercado local.
La ciudad no puede ser una isla de permisividad entre el resto de municipios
Durante el debate plenario, el equipo de gobierno insistió en que la ciudad no podía quedar aislada en un entorno donde otras localidades ya han adoptado restricciones. “La ciudad no puede ser una isla”, defendió Daniel Gracia, en referencia a municipios del cinturón metropolitano que están limitando o suprimiendo los pisos turísticos.
El argumento es pragmático: si Barcelona y otros municipios restringen esta actividad, el riesgo es que la oferta se desplace a Badalona, incrementando la presión sobre el parque residencial. En un mercado ya tensionado por la escasez de vivienda disponible y el aumento de los precios del alquiler, el consistorio considera que permitir esa expansión sería contraproducente para los vecinos.
No está en su línea ideológica, “pero es lo mejor para Badalona”
Uno de los elementos más llamativos de la decisión es su carga política. El Partido Popular no ha defendido tradicionalmente la prohibición de los pisos turísticos como herramienta de intervención en el mercado. En ese sentido, Albiol ha reconocido abiertamente que la medida no encaja en su ideología, aunque la considera necesaria por sentido común y por responsabilidad municipal.
Esta posición conecta con una tendencia creciente en distintos ayuntamientos españoles: priorizar el derecho a la vivienda frente a la rentabilidad del uso turístico, incluso en gobiernos que no se identifican con políticas intervencionistas. En el caso de Badalona, el alcalde ha vinculado la decisión a su concepto de “badalonisme”, es decir, a actuar en función de lo que considera mejor para la ciudad, al margen de etiquetas partidistas.
Barcelona los prohibirá en 2028
El precedente más relevante es el de Barcelona, que ha anunciado que no renovará las licencias vigentes cuando expiren en noviembre de 2028. El objetivo declarado por el gobierno municipal es recuperar alrededor de 10.000 viviendas para el parque residencial y aliviar la presión sobre el alquiler.
La capital catalana lleva años aplicando una de las políticas más restrictivas de Europa en materia de vivienda turística, argumentando que la proliferación de estos alojamientos ha contribuido al encarecimiento del alquiler y a la turistificación de barrios tradicionales. La estrategia incluye, además, medidas fiscales y ayudas a comunidades de propietarios que opten por prohibir esta actividad en sus edificios.
En Badalona operan más de un millar de pisos turísticos, de los que sólo 223 son legales
Uno de los datos que ha pesado en la decisión municipal es el volumen de oferta irregular. Según denuncian plataformas vecinales, en Badalona operan más de un millar de pisos turísticos, aunque solo 223 figuran registrados legalmente. Esta brecha entre actividad real y licencias oficiales refleja un problema de control y fiscalización que no es exclusivo de esta ciudad.
Desde la perspectiva de Aquimicasa, la cuestión de fondo vuelve a ser la misma que en otras grandes urbes españolas: la tensión estructural del mercado de vivienda. La escasez de oferta residencial, el aumento sostenido de los precios del alquiler y la dificultad de acceso para jóvenes y familias convierten cualquier decisión sobre el parque existente en un asunto sensible.
La prohibición de los pisos turísticos no resolverá por sí sola el déficit de vivienda, pero busca evitar que parte del stock disponible se destine a un uso distinto al residencial en un momento crítico. El reto será comprobar si, una vez vetada la actividad, esas viviendas regresan efectivamente al mercado de alquiler habitual y contribuyen a moderar precios, o si surgen nuevas fórmulas —como el alquiler de temporada— que mantengan la presión sobre la oferta.
En cualquier caso, la decisión de Badalona confirma que la crisis de vivienda ha dejado de ser un debate ideológico para convertirse en una prioridad transversal. Cuando incluso un alcalde reconoce que una medida “no está en su línea ideológica, pero es lo mejor para la ciudad”, queda claro que el problema ha alcanzado una dimensión que trasciende siglas y obliga a replantear el equilibrio entre turismo, inversión y derecho a la vivienda.
