El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, el Plan de Respuesta Integral ante la Guerra en Oriente Medio, un paquete de medidas diseñado para frenar el impacto económico de un conflicto que en apenas dos semanas ha disparado el precio del barril de Brent por encima de los 100 dólares y el gas natural hasta más de 50 euros el megavatio/hora. El cierre del estrecho de Ormuz, enclave estratégico por el que transita aproximadamente una quinta parte del comercio marítimo mundial de petróleo y gas, sigue alimentando una escalada de precios que obliga al Ejecutivo a actuar con urgencia. Sin embargo, la negociación política en torno a este decreto está resultando más compleja de lo esperado, y la vivienda se ha convertido en el principal campo de batalla entre los socios de Gobierno.

El Plan de Respuesta Integral ante la Guerra incluirá «medidas estructurales y coyunturales» para mitigar la subida de los precios de la energía

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha confirmado que el plan combinará medidas estructurales y coyunturales orientadas a proteger a los consumidores más vulnerables y a los sectores económicos más afectados. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, adelantó la semana pasada que el decreto recogerá medidas fiscales para limitar el alza del precio de la electricidad, así como iniciativas para contener la subida de los carburantes, aunque sin precisar en detalle su alcance. También contemplará medidas sociales como la prohibición de cortes de suministro a los hogares más vulnerables. Este lunes, Cuerpo ha insistido en que el foco del paquete estará en evitar que el encarecimiento energético derive en efectos de segunda ronda que eleven el precio de otros bienes y servicios. Ha descartado de nuevo la rebaja del IVA de los alimentos, aunque ha matizado que el Gobierno está preparado para actuar si estos se encarecen. El Ejecutivo prefiere en esta ocasión articular el apoyo a través de rebajas fiscales —como una reducción del impuesto especial de hidrocarburos— en lugar de subvenciones directas, como ocurrió durante la crisis de Ucrania en 2022.

Ya sabemos lo que piden Esquerra, el PNV y EH Bildu

Mientras se ultiman los detalles del decreto, varios de los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han presentado sus propuestas públicamente. El PNV ha centrado sus peticiones en la reducción de impuestos a la electricidad y en bonificaciones al precio del carburante para sectores como el transporte de mercancías y viajeros, la agricultura, la ganadería y la pesca. La formación vasca también apuesta por el aplazamiento de cuotas de Seguridad Social para autónomos y pymes afectados por el alza de los costes energéticos, y por ampliar la línea de avales del Estado a empresas golpeadas por perturbaciones en el comercio internacional. EH Bildu, en cambio, ha reclamado recuperar el impuesto a las energéticas y establecer un impuesto de solidaridad para grandes empresas con beneficios extraordinarios, además de topar los precios de productos y servicios de primera necesidad como carburantes, electricidad, gas, alimentos básicos y transporte público.

Sumar exige prohibir desahucios y prorrogar los alquileres

La otra pata del debate gira en torno a la vivienda. Sumar ha redoblado la presión sobre el PSOE para incluir en el decreto dos medidas concretas: la prohibición de desahucios a personas vulnerables y la prórroga de los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027. La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que tras el rechazo del escudo social, cientos de familias recibieron órdenes de desalojo, y ha exigido que la moratoria antidesahucios llegue al Congreso «cuanto antes». Sobre la prórroga de alquileres, ha asegurado que tiene viabilidad parlamentaria y ha reprochado al PSOE su demora en trasladar la medida a un texto legislativo. Fuentes del grupo plurinacional han señalado que el ala socialista del Ejecutivo se abre a una versión más limitada de la prohibición de desahucios y que están en negociaciones para aceptar bonificaciones fiscales a propietarios a cambio de incluir la prórroga de los alquileres.

Esquerra pide la prohibición de desahucios y la prórroga de contratos de alquiler que finalicen este año y el siguiente

Esquerra Republicana ha presentado un paquete de propuestas en la misma línea: prohibición de desahucios, prórroga de contratos de alquiler que finalicen en 2026 y 2027, y tope al 0% de la subida anual del Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamiento de Vivienda (IRAV), el índice introducido por la Ley de Vivienda para sustituir al IPC en los contratos de arrendamiento. ERC también ha pedido reducir el IRPF a las rentas bajas, aumentar la carga fiscal sobre las rentas más altas y el capital, reforzar el control de precios en combustibles y productos básicos por parte de la CNMC, y recuperar las bonificaciones al transporte público durante 2026. La prohibición de desahucios cuenta con el respaldo del PSOE, pero ha sido tumbada en dos ocasiones en el Congreso por los votos contrarios de PP, Vox y Junts.

El PP adelanta que se desmarcará si se pretende proteger la okupación

Precisamente, el Partido Popular ha lanzado una advertencia clara al Ejecutivo: no apoyará el decreto si incluye medidas que, en su opinión, buscan «legalizar la okupación», en referencia directa a la prohibición de desahucios. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha instado al Gobierno a no repetir la estrategia de empaquetar medidas de distinta naturaleza para forzar apoyos, como ocurrió con los decretos del escudo social que acabaron decayendo. Sobre la posible prórroga de alquileres, Muñoz ha señalado que primero habrá que ver el texto completo antes de pronunciarse, pero ha dejado claro que cualquier atisbo de protección a la ocupación ilegal será motivo de voto en contra.

Las previsiones de inflación en varios escenarios de duración de la guerra

El trasfondo de toda esta negociación es la incertidumbre sobre la evolución del conflicto y su impacto en los precios. Las previsiones de inflación varían significativamente según la duración de la guerra: un conflicto breve permitiría contener el repunte, mientras que un escenario de confrontación prolongada podría trasladar tensiones inflacionistas más allá del sector energético, afectando a la cesta de la compra y al coste de vida en general. La presión de Trump sobre los aliados de la OTAN para desbloquear el estrecho de Ormuz añade una variable geopolítica de primer orden a un panorama ya de por sí complejo. En ese contexto, el Gobierno se enfrenta este viernes a un doble desafío: aprobar un decreto que sea técnicamente sólido y, al mismo tiempo, políticamente viable en un Parlamento fragmentado donde cada medida sobre vivienda puede significar el apoyo o el rechazo de socios imprescindibles.