La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco vuelve a poner sobre la mesa uno de los mayores problemas del mercado de la vivienda protegida en España: el fraude en la venta de VPO financiadas con dinero público. El tribunal ha desestimado el recurso de apelación de una agencia inmobiliaria y ha confirmado la legalidad de la sanción impuesta por el Gobierno autonómico por imponer sobreprecios encubiertos mediante la venta obligatoria de mobiliario. La resolución judicial deja algo muy claro: la vivienda protegida no es un negocio privado, es una herramienta social pagada con dinero de todos, y quien intente lucrarse indebidamente debe enfrentarse a sanciones y a los tribunales.

Una sanción de 45.000 euros po el pago íntegro de contratos de muebles

La sentencia confirma una sanción de 45.000 euros a la inmobiliaria por obligar a los compradores de viviendas protegidas a adquirir mobiliario como condición para poder formalizar la compraventa. Este mecanismo, relativamente habitual en algunos fraudes inmobiliarios, consiste en inflar el precio real de la vivienda mediante contratos paralelos de muebles, garajes, trasteros o supuestas mejoras, cuando en realidad se trata de un sobreprecio ilegal. En este caso, además, el inventario de los supuestos muebles incluía elementos como bañeras, lavabos, bidés o inodoros, es decir, elementos estructurales de la vivienda que evidentemente no pueden considerarse mobiliario. El tribunal ha considerado probado que la operación tenía como objetivo encubrir un sobreprecio y saltarse el precio máximo legal de la VPO, algo expresamente prohibido por la legislación de vivienda protegida.

La función social de la vivienda está por encima de la autonomía contractual

Uno de los aspectos más importantes de la sentencia es que reafirma un principio jurídico fundamental: la función social de la vivienda está por encima de la autonomía contractual entre particulares. Esto significa que, aunque comprador y vendedor estén de acuerdo en pagar más dinero, no pueden hacerlo si se trata de una vivienda protegida con precio máximo legal. La VPO no es una vivienda libre, y quien accede a ella lo hace porque ha recibido una ayuda pública directa o indirecta, ya sea mediante suelo público, subvenciones, financiación o precios limitados. Por tanto, el propietario no puede venderla a precio de mercado ni obtener plusvalías indebidas. El consejero de vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, ha sido muy claro al respecto al afirmar que perseguirán cualquier uso especulativo de la vivienda protegida para generar enriquecimientos ilícitos, recordando que estas viviendas fueron financiadas con impuestos pagados por todos los ciudadanos.

Demasiadas irregularidades en torno a las VPO

El problema no es un caso aislado. En muchas comunidades autónomas las VPO siguen siendo objeto de irregularidades como ventas con dinero negro, sobreprecios encubiertos, subarriendo de habitaciones sin autorización o viviendas protegidas que permanecen vacías mientras sus propietarios residen en otras viviendas. En el caso del País Vasco, estas situaciones están reguladas por normativa autonómica que establece periodos de protección de hasta 30 años, durante los cuales la vivienda tiene precio limitado y debe destinarse a residencia habitual. Sin embargo, la picaresca inmobiliaria sigue existiendo porque algunos propietarios consideran que la VPO es un premio que pueden monetizar cuando quieran, olvidando que se trata de una política pública para facilitar el acceso a la vivienda, no para generar beneficios privados.

Las prácticas fraudulentas en la comercialización de VPO provocan un grave quebranto a los intereses públicos

El fraude en la vivienda protegida no es una simple irregularidad administrativa, sino que supone un grave perjuicio para el conjunto de la sociedad, porque reduce el parque de vivienda asequible, encarece el mercado y permite que personas que ya han recibido ayudas públicas obtengan beneficios ilegales. Además, estas prácticas distorsionan completamente el sistema de adjudicación de viviendas protegidas, dejando fuera a personas que realmente necesitan una vivienda asequible. La sentencia del tribunal vasco insiste en que estas prácticas suponen un ataque directo a la función social de la vivienda y a las políticas públicas de vivienda, y por ello deben ser perseguidas con firmeza tanto a propietarios como a intermediarios inmobiliarios que participen en estas operaciones.

El País Vasco perseguirá las irregularidades

El Gobierno Vasco ha anunciado que seguirá actuando contra este tipo de prácticas y que la sentencia supone un precedente jurídico muy importante para futuras sanciones. El mensaje es claro: quien intente hacer negocio con una vivienda protegida puede enfrentarse a multas importantes, devolución de cantidades y responsabilidades legales. Este tipo de resoluciones judiciales son necesarias porque durante años el fraude en VPO ha sido relativamente frecuente y en muchos casos ha quedado impune. La vivienda protegida se financia con dinero público y su objetivo es garantizar el acceso a la vivienda, no permitir que algunos propietarios o intermediarios obtengan beneficios ilegales. Por eso, esta sentencia no solo sanciona a una inmobiliaria concreta, sino que lanza un aviso a todo el sector: con la vivienda protegida no se especula, y quien lo intente tendrá consecuencias.