El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha afirmado que España cuenta en estos momentos con capacidad urbanística para desarrollar hasta 2,4 millones de viviendas, una cifra que, sobre el papel, debería servir para aliviar la enorme crisis de vivienda que sufre el país. Sin embargo, la realidad del mercado inmobiliario, los precios, la escasez de vivienda asequible y la presión del alquiler turístico hacen que estas cifras suenen más a potencial teórico que a solución inmediata.
Durante la inauguración del evento REBUILD 2026, el secretario de Estado explicó que actualmente existen 1.069 sectores urbanísticos con capacidad para desarrollar vivienda, según la actualización del estudio del Sistema de Información Urbana. Es decir, suelo hay, planeamiento hay, promotores hay y demanda desde luego también hay. El problema, como siempre en el urbanismo español, no es tanto la falta de suelo como la lentitud administrativa, la financiación, los costes de construcción y, en muchos casos, la falta de vivienda realmente asequible.
Hay cerca de 490.000 viviendas con condiciones para iniciar la edificación inmediata
Uno de los datos más relevantes aportados por el Ministerio es que cerca de 490.000 viviendas tienen condiciones para iniciar la edificación inmediata, lo que significa que podrían empezar a construirse sin necesidad de largos desarrollos urbanísticos. Además, hay otras 250.000 viviendas en suelos con desarrollos urbanos ya en construcción, lo que demuestra que existe actividad urbanística en marcha, aunque todavía insuficiente para cubrir la demanda actual.
Estas cifras desmontan en parte el discurso de que en España no hay suelo para construir vivienda. Suelo hay, y mucho. El problema es que entre el planeamiento urbanístico, la gestión del suelo, la financiación, la construcción y la comercialización pueden pasar años, mientras los precios siguen subiendo y el acceso a la vivienda se complica cada vez más para jóvenes y familias.
El propio secretario de Estado insistió en que lo que se necesita es coordinación entre administraciones y una utilización eficiente de los recursos disponibles para garantizar el derecho constitucional a la vivienda. Una afirmación que suena razonable, pero que lleva repitiéndose décadas sin que el problema estructural de la vivienda en España se haya solucionado.
El Ministerio trabaja en distintas líneas para impulsar la construcción de vivienda a precios asequibles
Desde el Ministerio de Vivienda se han puesto en marcha distintas líneas para impulsar la construcción de vivienda asequible. Entre ellas, destaca la futura aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, la línea de financiación del ICO para promotores que construyan vivienda asequible, el fondo soberano España Crece y otras medidas destinadas a aumentar la oferta residencial.
El objetivo es claro: aumentar la oferta de vivienda para intentar contener los precios, algo que los expertos llevan años señalando como una de las claves del problema inmobiliario en España. Sin embargo, el mercado inmobiliario no depende únicamente de la construcción de vivienda nueva. También influyen factores como la inversión extranjera, la vivienda vacía, la fiscalidad, el alquiler turístico y la falta de vivienda pública en alquiler.
Y es precisamente en este último punto donde el debate se vuelve especialmente incómodo para algunas plataformas de alquiler turístico, que parecen pensar que las leyes de vivienda, las normativas urbanísticas y las regulaciones municipales no van con ellas.
La expansión del alquiler turístico en muchas ciudades españolas ha reducido la oferta de vivienda en alquiler residencial, ha tensionado los precios y ha cambiado el mercado inmobiliario en zonas enteras de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Sevilla. Y cuando las administraciones intentan regular este fenómeno, limitar licencias o exigir requisitos legales, algunas plataformas reaccionan como si la legislación fuera un obstáculo injustificado y no una norma de obligado cumplimiento.
La vivienda no es solo un negocio financiero o turístico. La vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho constitucional, y por eso está sometida a regulación urbanística, fiscal y administrativa. Pretender operar en el mercado inmobiliario ignorando las normas de los países en los que se opera es una actitud que demuestra hasta qué punto algunos modelos de negocio han crecido sin asumir responsabilidades urbanas, sociales y legales.
Avances de los últimos meses en la puesta en marcha del PERTE
Otro de los ejes que destacó el secretario de Estado fue el PERTE de industrialización de la construcción, una iniciativa destinada a modernizar el sector, mejorar la productividad y reducir los costes y plazos de construcción mediante sistemas industrializados y prefabricados.
En los últimos meses se han producido avances en la puesta en marcha de este PERTE, con la creación de la Alianza para la industrialización, la plataforma colaborativa del sector, propuestas de formación específica, la creación de una norma UNE y la inclusión de ayudas para la construcción industrializada en el próximo Plan Estatal de Vivienda.
La industrialización de la construcción puede ser una de las claves para construir más viviendas, más rápido y a menor coste, algo imprescindible si realmente se quiere aumentar la oferta de vivienda asequible en España.
En definitiva, España tiene suelo, capacidad urbanística y empresas para construir hasta 2,4 millones de viviendas. La pregunta ya no es si se pueden construir, sino cuándo, dónde, a qué precio y para quién, porque el verdadero problema de la vivienda en España no es solo la falta de viviendas, sino la falta de viviendas asequibles.
