La guerra comercial de Trump y sus efectos sobre la inflación y los tipos de interés vuelven a poner en alerta al mercado hipotecario español. El Ejecutivo estudia activar un paquete de ayudas para hogares endeudados si el Euríbor retoma la senda alcista, siguiendo el mismo manual que ya aplicó durante la guerra de Ucrania. Mientras tanto, las medidas pensadas para los inquilinos afrontan un obstáculo político que podría dejarlas en nada.

Los aranceles impuestos por la administración Trump, unidos a la guerra que ha desatado en Oriente Medio, han desencadenado una oleada de incertidumbre global con efectos directos sobre los precios. Algunas previsiones ya apuntan a una inflación que podría escalar hasta el 6% en los próximos meses, lo que presionaría al Banco Central Europeo a elevar los tipos de interés después de la fase de bajadas iniciada en 2024. Para los millones de hipotecados españoles con préstamos variables, el Euríbor es la variable que más importa, y su posible repunte vuelve a convertirse en una amenaza real.

El precedente más cercano está en 2022, cuando el estallido de la guerra en Ucrania obligó al Gobierno a actuar con rapidez. Entonces se reforzó el Código de Buenas Prácticas, un mecanismo que permite a las familias vulnerables reestructurar su préstamo, ampliar plazos o solicitar períodos de carencia. También se facilitó el paso de hipoteca variable a fija sin comisiones, una opción que decenas de miles de hogares aprovecharon para blindarse frente a las subidas del Euríbor. Ahora el Ejecutivo tiene ese mismo esquema preparado y podría activarlo si la situación lo exige, aunque de momento opta por esperar y ver cómo evolucionan los mercados.

La medida más inmediata que se baraja es precisamente el refuerzo del Código de Buenas Prácticas, junto con nuevas facilidades para cambiar de hipoteca variable a fija. Son herramientas conocidas, de aplicación relativamente rápida y con capacidad probada para aliviar la carga financiera de los hogares más expuestos. El sector financiero las conoce, los bancos saben cómo gestionarlas y los ciudadanos que pasaron por ellas en 2022 pueden dar fe de su utilidad.

El problema del alquiler tiene otra dimensión y otro desenlace probable

Para los inquilinos, el panorama es más sombrío, y no solo por razones económicas. El Gobierno ha incluido en un Real Decreto-ley la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler y la extensión del tope del 2% en la actualización de las rentas. Sin embargo, esta medida necesita ser convalidada en el Congreso y Junts no parece dispuesto a dar su apoyo. A pesar de los esfuerzos de la izquierda, los números no cuadran, y todo indica que el decreto decaería.

Las consecuencias de ese fracaso serían inmediatas y muy visibles. Se estima que en torno a 630.000 contratos de alquiler firmados en 2021, en plena pandemia y con rentas artificialmente bajas por el hundimiento de la demanda, deberán renovarse ahora en condiciones de mercado completamente distintas. Las subidas podrían superar el 60% en muchos casos, un golpe brutal para inquilinos que llevan años en sus viviendas y que no tienen margen para absorber ese incremento.

A eso hay que añadir otro foco de tensión: los aproximadamente 70.000 desahucios suspendidos por situación de vulnerabilidad que están pendientes de ejecución. Si el decreto se rechaza en el Congreso, la protección que los ampara desaparece, y los procedimientos podrían reanudarse. Es un número elevado de familias cuya situación depende directamente de un voto parlamentario que, hoy por hoy, no está garantizado.

El mercado de la vivienda español afronta, en definitiva, una tormenta de varios frentes simultáneos: la presión inflacionista derivada de la guerra comercial, la posible vuelta al alza del Euríbor, el vencimiento masivo de contratos de alquiler a precios de pandemia y la amenaza de miles de desahucios reactivados. El Gobierno tiene instrumentos para actuar, pero su capacidad de desplegarlos depende tanto de la evolución económica como de una aritmética parlamentaria que últimamente no le sonríe.