La Entidad Estatal de Vivienda, Casa 47, ha puesto en marcha uno de sus movimientos más ambiciosos desde su creación: una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir entre 500 y 600 viviendas privadas e incorporarlas al parque público de alquiler asequible. La convocatoria lleva en marcha desde marzo, está publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el BOE, y el plazo para presentar propuestas cierra el 9 de julio a las 14.00 horas.
En un mercado donde encontrar un alquiler que no se lleve más de un tercio del sueldo se ha convertido en una quimera para buena parte de la población, iniciativas como esta son exactamente lo que necesitamos ver más. No como excepción, sino como norma extendida a comunidades autónomas y municipios. Que el Estado compita en el mercado para ampliar el parque público, en lugar de limitarse a regular desde la tribuna, es un cambio de enfoque que merece atención.
Cómo se seleccionan las viviendas
La convocatoria no compra cualquier cosa. Casa 47 aplica cinco criterios de selección que priorizan la utilidad social del inmueble: ubicación en zonas de mercado tensionado (donde el alquiler supera el 30% de los ingresos familiares), accesibilidad universal, adquisición de bloques completos frente a unidades aisladas, eficiencia energética y descuento sobre el precio tasado.
En cuanto a las características técnicas del inmueble, solo se admiten viviendas de entre 40 y 120 metros cuadrados, en edificios en altura (sin unifamiliares), con fachada exterior, sin dormitorios ciegos, con ascensor si están por encima del cuarto piso y con la ITE favorable. Se admiten lofts y estudios, pero la vivienda debe entregarse vacía, con cocina equipada y las instalaciones fijas en orden.
La valoración: un triple filtro para no pagar de más
El mecanismo de fijación del precio es uno de los aspectos más sólidos de la convocatoria. Casa 47 pagará automáticamente el menor de estos tres valores: la oferta del vendedor, el valor de tasación oficial reconocido por el Banco de España, y el precio medio por metro cuadrado registrado por el Portal Estadístico del Notariado en esa zona concreta.
Este triple control garantiza que el Estado no pague por encima del mercado real. El ejemplo que maneja la propia entidad es ilustrativo: una vivienda de 70 metros cuadrados en una zona con precio medio de venta de 2.000 euros por metro cuadrado tiene un techo de adquisición de 140.000 euros. El presupuesto cubre también gastos, impuestos y, si procede, obras de adecuación, siempre que el coste total no supere el 110% del valor de tasación.
Fondos e inmobiliarias, bienvenidos
Casa 47 no espera solo a que lleguen particulares. La entidad ha contactado activamente con grandes fondos de inversión e inmobiliarias para presentarse como comprador institucional solvente para quienes quieran desinvertir en España. Cualquier persona física o jurídica puede participar, siempre que no tenga sanciones que le impidan contratar con el sector público.
Entre los objetivos declarados de la convocatoria está también capturar viviendas turísticas que, con las nuevas regulaciones del registro único, ya no puedan ofertarse en plataformas digitales. Es decir, transformar un problema regulatorio en una oportunidad para ampliar el parque público. No está mal pensado.
¿Habrá una segunda convocatoria para adquirir vivienda privada?
Si la primera ronda funciona, Casa 47 no descarta lanzar una segunda sin necesidad de esperar nuevos Presupuestos Generales del Estado. La entidad cuenta, según sus propias fuentes, con unas cuentas muy saneadas y margen presupuestario suficiente para seguir comprando vivienda pública sin comprometer su estabilidad financiera.
El objetivo de fondo es claro: llevar el parque estatal de alquiler asequible hasta el 8% del total, en línea con los estándares europeos, combinando compras como esta con construcción nueva y rehabilitación. Queda mucho camino por recorrer, pero al menos alguien está caminando.
