Y mientras los más vulnerables siguen esperando

Madrid tiene un problema grave con la vivienda. No es nuevo, no es un secreto y no parece que vaya a resolverse pronto, al menos no para quienes más lo necesitan. La capital española acumula algunos de los precios de compra y alquiler más altos del país, con mensualidades que en muchos casos se llevan más de la mitad del sueldo de quienes no tienen más remedio que asumir lo que el mercado impone. En este contexto, el Ayuntamiento de Almeida acaba de anunciar un cambio en el modelo de vivienda pública que, lejos de ampliar el acceso a los colectivos más vulnerables, abre la puerta de la EMVS a familias con ingresos de hasta 92.500 euros anuales. Y lo hace sin aumentar ni un solo piso para quienes están por debajo del umbral de los 42.000 euros.

La pregunta es legítima y merece una respuesta honesta: ¿a quién beneficia esta medida? La respuesta, también.

La falta de control y la demanda desbocada han llevado a Madrid a la cima del precio de la vivienda

Antes de entrar en el detalle de la nueva política municipal, conviene recordar el escenario en el que se toma esta decisión. Madrid es hoy una de las ciudades más caras de España para comprar o alquilar una vivienda. La Comunidad Autónoma, bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso, rechazó declarar zonas tensionadas y aplicar las limitaciones de precio que contempla la Ley de Vivienda estatal. El argumento fue el habitual en estos casos: que la intervención en el mercado reduce la oferta, encarece los costes y ataca la propiedad privada.

El resultado de no intervenir está a la vista. Los precios siguen subiendo, la oferta de alquiler asequible se reduce y cada vez más familias destinan una proporción insostenible de sus ingresos a pagar el techo. En este contexto, lo que cabría esperar de una administración local con vivienda pública disponible es que priorizara a quienes el mercado ha dejado completamente fuera. Lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es exactamente lo contrario.

Madrid no aumentará la oferta de pisos para los más vulnerables

El Consistorio ha sido cuidadoso en su comunicación. La vicealcaldesa Inma Sanz se apresuró a aclarar que la nueva medida no sustituirá a los sorteos dirigidos a familias con rentas bajas, que seguirán existiendo exactamente igual que hasta ahora. Ahí está el problema. Exactamente igual que hasta ahora significa que no habrá más pisos para quienes ingresan menos de 42.000 euros al año. El parque público para los más vulnerables no crece. Lo que crece es el acceso de las rentas medias-altas a un recurso que, por definición, debería estar orientado a quienes no pueden costearse el mercado privado.

Que una familia con un único sueldo bajo tenga que competir en un sorteo con las mismas posibilidades que antes no es ningún avance. Es mantener el statu quo mientras se amplía la alfombra roja para quienes tienen una situación económica considerablemente más holgada.

Más requisitos para acceder a una vivienda pública

El nuevo programa no solo amplía el umbral de ingresos hacia arriba, sino que también endurece las condiciones de acceso en algunos aspectos. Para poder optar a estas viviendas habrá que tener entre 18 y 50 años, estar empadronado en Madrid con una antigüedad mínima de cinco años ininterrumpidos o de ocho dentro de los últimos diez, no ser titular de ninguna vivienda en todo el territorio nacional y no haber sido condenado en los últimos cinco años por ocupación ilegal, impago de rentas o desahucio por problemas de convivencia.

Ese último requisito merece atención. Excluir a personas que han pasado por procedimientos de desahucio por impago es, en muchos casos, excluir precisamente a quienes más necesitan una vivienda pública: personas que atravesaron una crisis económica, que perdieron su empleo, que no pudieron pagar y que ahora, además de haber sufrido ese proceso, quedan penalizadas en el acceso a los recursos públicos. La lógica es cuestionable.

¿Qué nuevos inquilinos podrán optar a las viviendas del Ayuntamiento de Madrid?

El perfil al que se dirige el nuevo programa es el de familias con ingresos de entre 3,5 y 7,5 veces el IPREM. En términos concretos, esto significa que una unidad familiar de cuatro miembros podrá acceder con ingresos de hasta 92.500 euros brutos anuales. Para hogares de una o dos personas, el límite se sitúa en 86.225 euros. Estamos hablando de rentas que, en la mayoría de las ciudades españolas, permitirían acceder sin demasiados problemas al mercado privado de alquiler.

El Ayuntamiento argumenta que en Madrid eso ya no es así, y tiene razón en que el mercado está disparado. Pero la solución a un mercado disparado no es redirigir vivienda pública hacia quienes aún pueden permitirse opciones privadas. La solución es regular el mercado, ampliar el parque público para quienes no tienen ninguna alternativa y, si acaso, explorar fórmulas de alquiler asequible privado para las rentas medias. Mezclar ambos colectivos en la misma bolsa de vivienda pública sin aumentar la oferta total es, simplemente, quitar a unos para dar a otros.

La primera promoción con estas nuevas normas, en Barajas

Las primeras 52 viviendas que se sortearán bajo el nuevo sistema están ya construidas y listas para habitar. Se trata de la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas, una inversión íntegramente municipal de cerca de 15 millones de euros. El edificio, construido con sistemas industrializados en madera, incluye viviendas de dos y tres dormitorios, cuatro adaptadas a personas con movilidad reducida, trasteros y plazas de aparcamiento. El sorteo está previsto para junio y la inscripción se abrirá en las próximas semanas a través de la web de la EMVS.

Para esta promoción concreta, el límite de ingresos se fija en 5,5 veces el IPREM, lo que equivale a unos 68.000 euros anuales para una familia con dos hijos. No es el tramo más alto del programa, pero es ya un perfil económico que difícilmente encaja con la imagen tradicional del beneficiario de vivienda pública.

La confluencia de esta medida municipal con la negativa autonómica de Ayuso a aplicar las zonas tensionadas no parece casual. Ambas administraciones, gobernadas por el mismo partido, trazan una línea coherente: el mercado para quien pueda pagarlo, y los recursos públicos, también. Quienes no llegan ni a lo uno ni a lo otro, que sigan esperando.