El Gobierno Vasco lleva semanas dando pasos que otras comunidades autónomas llevan meses —o años— evitando dar. Mientras Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana siguen instaladas en la queja fácil contra la Ley de Vivienda o, directamente, en el activismo judicial para blindar sus mercados del alquiler de cualquier intervención pública, Euskadi aprueba esta semana un decreto de medidas urgentes que refuerza lo que el consejero Denis Itxaso llama el «escudo social» frente a la emergencia habitacional. No es solo retórica: el decreto modifica doce normas en vigor, moviliza cientos de millones de euros y coloca al País Vasco en la élite europea de las comunidades que se toman en serio el derecho a la vivienda.

La distancia con otras autonomías que se limitan a cruzarse de brazos —o a recurrir ante los tribunales cualquier medida que moleste a los grandes propietarios— es ya tan grande que resulta difícil no señalarla. Aquí no hay excusas competenciales ni argumentos sobre la sacrosanta libertad de mercado. Hay políticas públicas, presupuesto y voluntad política. Que otros tomen nota.

El Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi: reformas, recursos y acuerdos

El decreto aprobado esta semana forma parte de una estrategia más amplia: el Plan Integral de Acceso a la Vivienda de Euskadi, una hoja de ruta que el Gobierno Vasco articula sobre tres ejes. El primero son las reformas normativas, con este decreto dando desarrollo reglamentario a la Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, Suelo y Urbanismo aprobada por el Parlamento Vasco. El segundo son los recursos económicos: el presupuesto consolidado del Departamento y sus sociedades públicas para 2026 alcanza los 596 millones de euros, con previsión de iniciar 1.713 viviendas de protección pública en alquiler social y asequible, rehabilitar 31.650 viviendas y atender con la Prestación Económica de Vivienda a 30.000 familias. El tercer eje son los acuerdos con ayuntamientos para extender la declaración de zonas tensionadas, ceder suelos y agilizar la tramitación urbanística.

El objetivo político no es modesto: alcanzar 7.000 viviendas de alquiler asequible, duplicar el parque de alquiler protegido e incrementar un 40% el total de vivienda protegida en la próxima década. Metas ambiciosas, sí. Pero con instrumentos reales detrás.

Los recursos destinados a la reforma normativa

Acompañando al decreto, el Consejo de Gobierno autoriza nuevas partidas de gasto para sostener el sistema. Los números son concretos: 39,85 millones de euros para subvenciones de rehabilitación de viviendas (líneas 1 y 2), 9,2 millones para rehabilitación energética, 35,7 millones para fomento del alquiler, 7,15 millones para subsidios de puntos de interés del convenio financiero y 21,8 millones para el programa Gaztelagun. No se trata de anuncios de intenciones: son autorizaciones de gasto reales con destino específico.

El decreto actúa también sobre Bizigune, el programa de vivienda en alquiler del Gobierno Vasco. Eleva el umbral máximo de ingresos para acceder a él hasta 46.463 euros, incrementa el canon que perciben los propietarios que ceden su vivienda hasta el 80% del valor de mercado —con un tope de 700 euros mensuales—, y en los municipios declarados zona tensionada ese canon podrá alcanzar el 95% del precio medio de la EMAL (la Encuesta de Mercado de Alquiler Libre). Además, facilita la reconversión de edificios industriales o terciarios y de hasta 7.500 locales comerciales en planta baja para generar nueva vivienda en zonas urbanas consolidadas, sin necesidad de que el planeamiento lo contemple previamente.

Los índices de precios de referencia de Bizkaia y Álava para limitar el alquiler en zonas tensionadas

El lunes, el BOE publicó la resolución del Ministerio de Vivienda que establece el índice de precios de referencia para Bizkaia y Álava, que se suman así a Gipuzkoa —donde está en vigor desde septiembre de 2025—. A partir de este martes, Euskadi puede limitar los precios del alquiler en todos los municipios declarados zona tensionada: las tres capitales vascas, más Errenteria, Zumaia, Lasarte-Oria, Irun, Astigarraga, Usurbil, Tolosa, Hernani y Lezo en Gipuzkoa, y Barakaldo y un distrito de Galdakao en Bizkaia. En total, 14 municipios con datos a nivel de sección censal y distrito, elaborados a partir de la información de las Haciendas Forales.

¿Qué precios maneja el mercado en estas ciudades? Los datos del sistema estatal SERPAVI lo ilustran con claridad: en Bilbao, los alquileres oscilan entre 700 y 950 euros para viviendas de entre 59 y 85 m²; en Donostia-San Sebastián, entre 822 y 1.200 euros para superficies similares; en Vitoria-Gasteiz, entre 624 y 813 euros para pisos algo más amplios; en Barakaldo, entre 650 y 788 euros; y en Irun, entre 650 y 804 euros. El índice se aplica fundamentalmente a grandes tenedores, viviendas que entran por primera vez al mercado y las que no han estado arrendadas en los últimos cinco años —aproximadamente el 10% de los contratos, ya que el 90% restante ya estaba sujeto al control del IRAV, actualmente en el 2,47%—.

¿Qué es Gaztelagun y cuáles son sus acciones?

Gaztelagun es el programa vasco de ayudas al alquiler para jóvenes, y el decreto lo actualiza de forma sustancial. Las rentas máximas subvencionables suben hasta 900 euros en las tres capitales, 800 euros en las áreas metropolitanas y municipios de más de 10.000 habitantes, y 750 euros en el resto. En zonas tensionadas, esos límites pueden elevarse hasta el 95% del precio medio de la EMAL. Los ingresos máximos para acceder a la ayuda se amplían hasta 30.000 euros para solicitudes individuales, 36.764 euros para unidades de dos personas y 39.184 euros para familias numerosas.

La novedad más relevante para muchos jóvenes es que, por primera vez, serán subvencionables el subarriendo y el alquiler de habitaciones, y podrá haber hasta dos ayudas por vivienda compartida siempre que cada unidad convivencial tenga su propio contrato. Una medida que reconoce la realidad del mercado tal como la viven los jóvenes, no tal como la dibujaban las estadísticas de hace veinte años. Además, el decreto reserva hasta el 50% de las viviendas protegidas en alquiler no adaptadas para menores de 36 años, e incorpora un nuevo requisito de tres años de empadronamiento en Euskadi para acceder a los procedimientos de adjudicación en arrendamiento.

Los límites al precio del alquiler en todas las zonas tensionadas

Con la publicación de los índices de Bizkaia y Álava, Euskadi completa el mapa de control de precios en sus zonas tensionadas. Como ha señalado el consejero Itxaso, «las zonas tensionadas quedan ya reguladas al completo». No es un titular vacío: es la consecuencia directa de aplicar la Ley de Vivienda estatal en lugar de recurrir su implementación ante los tribunales, de declarar zonas tensionadas en lugar de negar que existan, y de construir instrumentos de intervención en lugar de invocar las virtudes autoreguladoras del mercado.

El contraste con otras comunidades autónomas que han optado por la inacción —o directamente por la obstrucción— es cada vez más difícil de justificar ante sus ciudadanos. Mientras los inquilinos de Madrid o Sevilla siguen sin protección frente a subidas abusivas, los de Bilbao o Donostia empiezan a tener un marco objetivo que acota lo que pueden cobrarles. Eso se llama política pública. Y en este país, en 2026, todavía es noticia.