La Comunidad de Madrid ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda pública y acortar los plazos de desarrollo. La norma, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, prevé facilitar la creación de más de 18.000 hogares en los próximos cuatro años y se enmarca en el Plan de Choque de Vivienda 2026/2027 presentado por el Ejecutivo regional el pasado noviembre.

Más densidad y edificabilidad sin tocar el planeamiento

La medida más llamativa del texto es la posibilidad de elevar hasta un 30% la densidad y hasta un 20% la edificabilidad en parcelas destinadas a vivienda protegida, permitiendo además añadir hasta dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico vigente. La aplicación de estos incrementos quedará en manos de cada ayuntamiento, tendrá carácter excepcional y estará sujeta a plazos concretos: dos años para solicitar licencia y tres para ejecutar las obras.

Junto a esto, la ley amplía las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones. Se habilita la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales de titularidad privada y en suelos de hospedaje, y se prorrogan dos años más —hasta finales de 2028— la opción ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales, una figura en la que la Comunidad se presentó como pionera y que ya ha incorporado al mercado alrededor de 8.000 nuevas viviendas. La norma también reduce la exigencia de aparcamiento, que pasa de plaza y media por vivienda a una única plaza por piso.

Avales hipotecarios hasta los 50 años

La ley amplía de 40 a 50 años el límite de edad para acceder a avales hipotecarios, una medida que el Ejecutivo regional presenta como una actualización necesaria ante la realidad del mercado laboral y del ciclo vital de los compradores. En la misma línea, el programa Mi Primera Vivienda ha elevado a 425.000 euros el importe máximo subvencionable, con el objetivo de ampliar el acceso a hipotecas del 100% a más beneficiarios.

Silencio positivo y eliminación de trámites

La norma incorpora el silencio administrativo positivo en la tramitación urbanística: si en un plazo de tres meses no se emiten los informes sectoriales requeridos, el procedimiento podrá continuar sin esperar respuesta, salvo en los supuestos que afecten al dominio público. Se mantiene la obligatoriedad de estos informes antes de la aprobación definitiva, pero se elimina su exigencia en la fase inicial del proceso. También se simplifica la tramitación de los planes territoriales orientados a identificar nuevo suelo residencial a medio y largo plazo.

El encaje de la nueva ley en la política de vivienda de la CAM

Esta iniciativa se integra en un conjunto de actuaciones ya en marcha. El Plan Vive suma 5.363 viviendas entregadas en alquiler asequible en diez municipios, a las que se añadirán otras 3.000 a lo largo de 2026, dentro del objetivo de alcanzar 14.000 nuevas viviendas durante la legislatura. A esto se suman las primeras 3.352 unidades adjudicadas del Plan Vive Solución Joven, dirigidas a menores de 35 años, y otras 2.100 promovidas por la Agencia de Vivienda Social para familias vulnerables.

Según la documentación del Ejecutivo regional, la previsión para 2027 es alcanzar 70.353 viviendas con algún tipo de protección en la legislatura: 26.142 promovidas por la propia Comunidad de Madrid, 14.211 por municipios y 30.000 por promotores privados. A más largo plazo, el mismo documento sitúa entre 280.000 y 290.000 las viviendas cuyo desarrollo podría encauzarse en los próximos 15 años.

La ley contempla también la construcción de vivienda protegida en parcelas privadas sin modificar el planeamiento, nuevas ayudas para familias numerosas y monoparentales, la recuperación del arrendamiento con opción a compra y la supresión de tasas para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos. El aumento de la inversión pública en vivienda social para 2026 alcanza el 24%, con el objetivo de entregar más de 700 unidades a familias vulnerables.

La norma, en definitiva, apuesta por densificar sin consumir nuevo suelo, reducir los cuellos de botella administrativos y ampliar el perfil del beneficiario de las políticas públicas de vivienda. Queda por ver si los ayuntamientos, a quienes corresponde aplicar las medidas más potentes, harán uso efectivo de los instrumentos que la ley pone sobre la mesa.