El pleno del Ayuntamiento de Paiporta ha aprobado una moción para instar a la Generalitat Valenciana a declarar el municipio como zona de mercado residencial tensionado. La iniciativa, impulsada por Compromís y respaldada por el PSOE, busca frenar la escalada de los precios del alquiler y facilitar el acceso a la vivienda en un municipio que todavía lambe las heridas de la Dana del 29 de octubre de 2024. PP y Vox votaron en contra. Sorpresa de nadie.

Cuando el 30% de los ingresos no alcanza ni para pagar el alquiler

La moción no surge de la nada ni de un arrebato ideológico. Surge de los números. Según los datos manejados por Compromís, el precio del alquiler en Paiporta se mueve entre los 750 y los 950 euros mensuales, a los que hay que sumar unos 150 euros en suministros. Eso, para muchas familias, supera con creces el umbral del 30% de los ingresos del hogar que la legislación estatal reconoce como indicador de tensión en el mercado residencial. Y si alguien tiene dudas sobre si la Dana agravó la situación: la destrucción de viviendas redujo la oferta disponible y tensionó todavía más un mercado que ya estaba al límite. Los precios en municipios de l’Horta Sud han subido hasta un 27% interanual.

El alcalde, Vicent Ciscar, lo resumió con la claridad que le falta a tantos políticos autonómicos: no se puede mirar hacia otro lado ante el aumento de los alquileres y la creciente dificultad para acceder a una vivienda digna. Especialmente cuando los más afectados son jóvenes y personas vulnerables.

El PP avisa: regular el alquiler subirá los precios

El Partido Popular ha desplegado su argumentario habitual con precisión de relojero. Su portavoz en el consistorio, Chelo Lisarde, advirtió de que la declaración de zona tensionada generará inseguridad jurídica, desincentivará a los propietarios y provocará la retirada de viviendas del mercado, lo que acabará —según este razonamiento— subiendo los precios. Cuestionó además que los datos procedan de portales inmobiliarios y no de un estudio municipal específico.

Es el argumento del mercado libre de siempre: regular es malo, porque los propietarios se asustan y retiran oferta. Lo que este razonamiento omite convenientemente es que, sin regulación, los precios también suben. Y mucho. Como están subiendo ahora mismo, sin que nadie haya aplicado ninguna medida. El PP propone como alternativa el Plan Vive de la Generalitat, un programa de vivienda pública que, a la velocidad que avanza, difícilmente resolverá la urgencia que tienen las familias hoy.

Paiporta no está sola: otros municipios de la comarca ya han pedido lo mismo

Paiporta se suma a una corriente que crece en l’Horta Sud. Mislata, La Pobla de Farnals y Sedaví ya habían formalizado la petición ante la Generalitat. Alaquàs, Burjassot y Paterna han aprobado mociones similares en sus plenos. La señal es bastante clara: los municipios del área metropolitana de Valencia están diagnosticando un problema real y reclamando herramientas legales para afrontarlo.

El problema es que quien tiene que escuchar esas señales —el Consell— no se ha posicionado oficialmente todavía, aunque su disposición hacia esta figura legal ha sido, en el mejor de los casos, tibia.

Ya son más de 300 los municipios con zona tensionada en España

Mientras la Generalitat Valenciana demora su respuesta, el mapa de zonas tensionadas en España no para de crecer. Más de 300 municipios han sido declarados ya como mercados residenciales tensionados en el conjunto del país. Cataluña lidera con 271 desde 2024. En 2025 se han sumado municipios del País Vasco, Navarra y Galicia. Los últimos en incorporarse han sido los guipuzcoanos Mondragón, Pasaia y Zestoa, operativos desde el 28 de abril. Santiago de Compostela también ha obtenido luz verde de la Xunta, pendiente de publicación en el BOE.

El contraste con la Comunitat Valenciana resulta llamativo. Comunidades gobernadas por partidos de distinto signo —incluidos gobiernos del PP como el gallego— han activado esta herramienta. Aquí, el argumento oficial sigue siendo que la medida no funciona o que puede tener efectos contraproducentes. Mientras tanto, los alquileres suben.

 ¿Qué cambia exactamente cuando un municipio se declara zona tensionada?

La declaración de zona de mercado residencial tensionado está regulada en el artículo 18 de la Ley de Vivienda y tiene efectos concretos sobre los contratos de arrendamiento:

En nuevos contratos con pequeños propietarios, el precio no puede superar la renta del contrato anterior, actualizada según el índice del INE. Si la vivienda pertenece a un gran tenedor —en zonas tensionadas, quien tenga 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial, frente a los 10 habituales fuera de estas zonas—, el precio se fija según el Índice de Referencia de Precios del MIVAU. Lo mismo aplica si la vivienda nunca se ha alquilado, lleva más de cinco años sin arrendarse o estaba vacía.

Los inquilinos con contrato en vigor al término de este pueden acogerse a una prórroga extraordinaria de hasta tres años en las mismas condiciones. Y los propietarios que apuesten por el alquiler de larga duración en estas zonas pueden beneficiarse de bonificaciones en el IRPF de entre el 50 y el 90%.

No es la panacea. Pero es una herramienta. Y negarla a los vecinos de Paiporta, mientras los precios suben un 27% y la Dana sigue pesando sobre la oferta disponible, es una decisión política. No técnica.