Incrementar la oferta de vivienda

Mientras el mercado de la vivienda sigue tensionado en toda España y el Gobierno central acumula frentes abiertos con las comunidades autónomas por el reparto del Plan Estatal, Castilla-La Mancha ha decidido no esperar más y ha presentado su propia hoja de ruta. La Agenda de Acción por la Vivienda 2026-2030 fue presentada por el presidente regional, Emiliano García-Page, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, con una cifra sobre la mesa que llama la atención: más de 500 millones de euros movilizados en los próximos cuatro años a través de fondos propios de la comunidad, del Plan Estatal de Vivienda y de recursos europeos.

El plan se articula en cuatro pilares: más oferta, rehabilitación, ayudas al acceso y cambios normativos. Treinta y dos medidas en total que, según García-Page, son «realistas, claras y practicables». El presidente no esquivó el diagnóstico: «La falta de vivienda se está convirtiendo en un cuello de botella que puede estrangular el crecimiento económico». Difícil no estar de acuerdo, aunque la observación llega cuando el cuello ya lleva años apretando.

El primer eje del plan destina 135 millones de euros a generar nueva oferta residencial, con una aportación del 51% por parte de la Junta y del 49% del Estado. El objetivo es impulsar alrededor de 2.500 nuevas viviendas protegidas, complementando el ya vigente Plan 10.000, que desde 2023 acumula más de 18.300 visados de obra nueva iniciados en la región, de los cuales aproximadamente el 20% cuenta con algún tipo de protección pública. En Toledo, la empresa pública GICAMAN tiene previsto poner a disposición suelo para 1.150 viviendas, incluyendo 231 en el barrio de Santa María de Benquerencia. Para el otoño se anuncia además un proyecto en Ciudad Real con 120 viviendas en edificios que la Junta liberará al concentrar servicios administrativos. Y como si hiciera falta otro frente, la comunidad trabaja con la Comisión Europea para redirigir 68 millones de euros de fondos FEDER hacia políticas de vivienda.

Mucha atención a los jóvenes

El apartado más llamativo del plan es el Programa Joven de Ayudas a la Financiación para la Adquisición de Vivienda, dotado con 30 millones de euros. La mecánica es sencilla: la Junta avala el 20% del valor de la vivienda, ese tramo que los bancos habitualmente no financian y que obliga a los compradores a llegar con ahorros previos que muchos jóvenes sencillamente no tienen. Además, la administración regional asume el coste financiero asociado a ese tramo mediante ayudas directas no reembolsables, lo que en la práctica equivale a financiar a coste cero la parte no cubierta por las entidades.

A esto se añaden deducciones fiscales específicas para menores de 36 años: una deducción del 15% en el IRPF por aportaciones a cuentas destinadas a la compra de vivienda habitual, con un tope de 3.000 euros, y una reducción del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5% al 3% en la adquisición de primera vivienda. También se contempla una línea de ayudas de hasta 15.000 euros para compra o autopromoción en municipios de hasta 10.000 habitantes, incluyendo pedanías y EATIM, una medida que incorpora demandas explícitas del propio Gobierno regional al Plan Estatal.

Más vivienda pública de alquiler

En materia de alquiler, el plan activa una nueva convocatoria de cinco millones de euros para cubrir hasta el 50% de la renta mensual durante un máximo de 12 meses, destinada a personas y familias cuyos ingresos no superen tres veces el IPREM. Los límites de renta subvencionable varían por municipio: hasta 953 euros en las cinco capitales de provincia y en municipios como Azuqueca de Henares, Illescas o Seseña, ampliables a 1.143 euros para familias numerosas o personas con discapacidad. La previsión es que unas 1.200 solicitudes puedan beneficiarse de esta convocatoria.

Reducir la burocracia y aumentar la mano de obra

Uno de los aspectos más valorados por el sector y más ignorados históricamente por las administraciones es la simplificación normativa. En este caso, Castilla-La Mancha plantea una reforma integral de la LOTAU (Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística), del reglamento de disciplina urbanística y de la Instrucción Técnica de Planeamiento. El objetivo es agilizar trámites, permitir cambios de uso de suelo terciario a residencial y desarrollar nuevas figuras como los Planes Especiales de Reclasificación de Suelo Rústico para municipios con necesidades habitacionales en zonas despobladas.

Para los municipios más pequeños, sin planeamiento adaptado, se prevé una Norma Técnica de Planeamiento que flexibilice la normativa y reduzca la carga burocrática. Y para afrontar el déficit de mano de obra en el sector, el Consejo de Gobierno ha aprobado la cesión de una parcela en Toledo a la Fundación Laboral de la Construcción para levantar un nuevo centro de formación que prevé formar a 2.500 personas en oficios vinculados a la construcción. Porque de poco sirve tener suelo disponible si no hay quien construya.

Incrementar la rehabilitación

El segundo eje del plan destina 108 millones de euros a rehabilitación, con una aportación del 54% por parte de la Junta y del 46% del Estado. La previsión es rehabilitar 3.000 viviendas con criterios de eficiencia energética y accesibilidad. Se añade una convocatoria específica de 21 millones de fondos FEDER que se sumará a los 29,7 millones ya convocados, con los que se espera rehabilitar más de 1.000 viviendas adicionales. En septiembre de 2026 está prevista una convocatoria de accesibilidad de siete millones de euros, para financiar entre el 60% y el 80% de actuaciones como ascensores, salvaescaleras o mejoras interiores. La comunidad presume, no sin razón, de ser la comunidad autónoma que más fondos del PREE 5.000 ha captado, con cerca de 60 millones de euros, uno de cada tres euros repartidos a nivel nacional.

Otras medidas destacables

El plan incluye también la creación de un visor público de suelo para consultar la disponibilidad y clasificación de terrenos residenciales, industriales, dotacionales y terciarios, una herramienta que en teoría debería facilitar la toma de decisiones tanto a promotores como a administraciones locales. Asimismo, se contemplan ayudas en especie para el planeamiento municipal y financiación para la urbanización de suelo en pequeños municipios, cofinanciadas con el Plan Estatal de Vivienda.

 Objetivos hasta 2030

El balance que dibuja la agenda para el horizonte 2030 es ambicioso: más de 500 millones de euros movilizados, 2.500 nuevas viviendas protegidas, 3.000 rehabilitaciones con criterios energéticos, 1.200 familias beneficiadas por ayudas al alquiler y miles de jóvenes con acceso a financiación para la compra. Castilla-La Mancha no es una región con la presión de precios de Madrid o Barcelona, pero tampoco es ajena a la tensión del mercado ni a la sangría demográfica de sus municipios más pequeños.

Lo que está claro es que, comunidad a comunidad, España va construyendo un mapa de planes autonómicos de vivienda mientras el problema sigue siendo estructural y nacional. Cada autonomía pone su parche, más o menos generoso, más o menos bien diseñado. Mientras tanto, la política de vivienda de verdad —la que requiere coordinación, financiación estable y valentía normativa a escala estatal— sigue siendo una asignatura pendiente que nadie parece dispuesto a aprobar del todo.