Podemos sella el acuerdo que lo hace posible en todo el territorio

Euskadi tendrá tasa turística en los tres territorios históricos. PNV y PSE-EE han alcanzado un acuerdo con Elkarrekin Podemos para garantizar la aprobación del impuesto sobre estancias turísticas en las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, donde la coalición gubernamental no cuenta con mayoría suficiente. Sin el respaldo de la formación morada, el texto no habría salido adelante en estas dos provincias. En Bizkaia, jeltzales y socialistas sí tienen mayoría propia, pero los cambios negociados también se aplicarán allí para armonizar el tributo en el conjunto de Euskadi, siguiendo el mismo criterio que se empleó con la reforma fiscal.

El proyecto de norma foral, presentado el pasado febrero por las tres diputaciones, incorpora finalmente las siete enmiendas registradas por Podemos en las Juntas Generales, con la premisa de diseñar un impuesto «más progresivo, flexible y adaptado a la realidad de cada pueblo y ciudad».

Un acuerdo para armonizar el impuesto en los tres territorios

La clave política del acuerdo es sencilla: sin Podemos no había mayoría en Gipuzkoa ni en Álava. La formación registró sus enmiendas en las tres Juntas Generales e inició negociaciones con los gobiernos forales hasta alcanzar un pacto que incorpora sus propuestas al texto definitivo. El resultado es un impuesto con más dientes de los que PNV y PSE-EE habían diseñado inicialmente, y con mayor capacidad de adaptación municipal.

 ¿A qué cantidad nos estamos refiriendo?

Las tarifas suben en prácticamente todos los establecimientos, con la excepción de los agroturismos. Pero los incrementos más llamativos afectan a los pisos turísticos y los cruceros, que Podemos identifica como las actividades con mayor presión sobre el territorio, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

Para las viviendas vacacionales, la horquilla inicial de entre 2 y 4 euros queda muy atrás: el nuevo texto fija el tramo entre 4,50 y 6,50 euros por noche, equiparándolas a un hotel de lujo. Los cruceros, por su parte, tributarán a 7 euros por pasajero. «El objetivo de esta medida es claro: que pague más quien más impacto genera y dotar a los ayuntamientos de mayor capacidad para modular el impuesto», señalan desde la formación morada.

Además, el número máximo de noches sujetas a tributación pasa de cinco a seis. Podemos argumenta que «no tiene sentido incentivar estancias más largas y al mismo tiempo limitar su contribución».

¿Qué estancias turísticas estarán más penalizadas?

Más allá de las tarifas base, el texto amplía el abanico de municipios que podrán aplicar un recargo del 50% sobre la cuota. Hasta ahora, solo podían hacerlo las localidades con más de 750 plazas alojativas, como Bilbao, Vitoria o San Sebastián. Con el acuerdo, también podrán aplicar ese plus los municipios con más de 5.000 habitantes cuya intensidad turística sea igual o superior al 10%. La formación morada defiende que «no se trata de recaudar más, sino de reforzar la capacidad de intervención pública allí donde existen mayores tensiones de vivienda».

En el otro extremo, el texto también amplía los municipios que podrán aplicar una bonificación del 100% de la cuota, es decir, no cobrar nada a los turistas. Si el proyecto original limitaba esta opción a los pueblos con 25 o menos plazas alojativas, ahora la bonificación podrá aplicarse también en aquellos municipios con menos del 1% de intensidad turística y hasta 75 plazas alojativas.

¿Hay personas exentas de pagar este impuesto?

Sí. Una de las enmiendas incorporadas por Podemos introduce una exención específica para las personas con discapacidad y sus acompañantes. Quedarán exentos quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65% o una situación de dependencia de grado II o III, así como la persona que los acompañe, con un máximo de un acompañante por persona beneficiaria.

 ¿Por qué un impuesto turístico en Euskadi?

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, lo resume con claridad: la nueva tasa debe «permitir intervenir allí donde el turismo genera más presión sobre la vivienda, los servicios públicos y la vida cotidiana». El argumento de fondo es que el turismo masivo tiene un coste real para los vecinos —en forma de vivienda más cara, servicios saturados y pérdida de tejido de barrio— que hasta ahora no se ha trasladado a quienes lo generan.

La lógica del impuesto no es únicamente recaudatoria. Se trata de que los ayuntamientos dispongan de una herramienta para modular la presión turística según su propia realidad, con capacidad tanto para penalizar las zonas más tensionadas como para eximir a los municipios donde el turismo apenas tiene presencia. Que pague más quien más impacto genera. Un principio que, dicho así, cuesta rebatir.