Las medidas que reclama Junts: deducción del 15% y techo de 11.630 euros
La negociación, todavía abierta y sin acuerdo cerrado, ha reactivado uno de los debates más recurrentes de la política de vivienda en España: el regreso de las ayudas fiscales a la compra de vivienda habitual. La propuesta planteada por Junts recupera parte del esquema de deducciones que estuvo vigente durante décadas y que desapareció en 2013, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy eliminó la desgravación general por vivienda habitual en plena crisis económica y dentro de los ajustes fiscales impulsados entonces por Hacienda.
Según la iniciativa registrada por la formación de Carles Puigdemont, los contribuyentes podrían deducirse un 15% de los gastos asociados a la hipoteca con un límite máximo de 11.630 euros anuales. Aplicando ese porcentaje, el ahorro fiscal máximo rondaría los 1.744 euros al año en la declaración de la Renta. La medida incluiría no solo las cuotas del préstamo hipotecario, sino también los intereses, los seguros vinculados obligatorios y otros gastos asociados a la financiación de la vivienda. Junts plantea además que la deducción pueda aplicarse tanto a la vivienda habitual como a inmuebles alquilados como residencia permanente, aunque quedarían fuera los pisos turísticos o alquileres temporales.
Una medida que hoy solo aplican quienes compraron antes de 2013
La deducción por compra de vivienda habitual fue durante años una de las ventajas fiscales más utilizadas por los propietarios en España. La ayuda permitía deducirse un 15% de las cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda habitual sobre una base máxima de 9.040 euros anuales, lo que suponía un ahorro de hasta 1.356 euros en el IRPF. Esa deducción estuvo vigente de forma generalizada hasta el 1 de enero de 2013. Desde entonces, solo pueden seguir aplicándola quienes compraron su vivienda antes de esa fecha y ya se beneficiaban previamente de ella, según mantiene actualmente la Agencia Tributaria en el régimen transitorio todavía en vigor.
La propuesta que ahora se negocia elevaría el límite máximo deducible respecto al antiguo modelo y ampliaría algunos conceptos asociados al préstamo hipotecario. En términos prácticos, supondría recuperar para los nuevos compradores una ventaja fiscal que llevan doce años sin poder utilizar, mientras quienes adquirieron su vivienda con anterioridad a ese año siguen aprovechándola en silencio, sin que casi nadie lo recuerde en el debate público.
El decreto del alquiler en el trasfondo de la negociación
La posibilidad de recuperar incentivos fiscales a la compra de vivienda aparece en un momento especialmente delicado para el mercado inmobiliario. El Ejecutivo necesita apoyos parlamentarios para aprobar un nuevo decreto que prorrogue los contratos de alquiler que expiran en 2026 y 2027, después de que Junts tumbara el primer texto en el Congreso junto a PP y Vox. La desgravación hipotecaria funciona, en este contexto, como moneda de cambio: Junts la ofrece como condición para desbloquear una medida que el Gobierno necesita con urgencia para evitar que miles de inquilinos queden en una situación de extrema vulnerabilidad al vencimiento de sus contratos.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya se mostró esta semana «optimista» sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos en materia de vivienda y fiscalidad. En paralelo, Sumar ha rebajado su rechazo inicial a las bonificaciones fiscales ligadas a la propiedad para facilitar el pacto con los independentistas catalanes. Fuentes de la formación ya han admitido que ven con buenos ojos incorporar esta propuesta si sirve para desbloquear la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, aunque recuerdan que cualquier modificación fiscal depende finalmente del Ministerio de Hacienda.
Posiciones políticas enfrentadas: ¿para quién son las ayudas fiscales?
El debate de fondo va más allá de los tecnicismos fiscales. Las ayudas a la compra de vivienda benefician, por definición, a quienes tienen capacidad económica suficiente para acceder a una hipoteca. Las desgravaciones fiscales las financiamos entre todos, incluidos quienes no pueden plantearse comprar una vivienda y deben pagar alquileres cada vez más elevados en un mercado que se les escapa. No es un detalle menor: el coste de esta medida lo asume el conjunto de los contribuyentes, también los que destinan una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar un alquiler de mercado.
Frente al modelo de intervención directa en los precios del alquiler que defienden el Gobierno y sus socios habituales de izquierda, Junts propone el camino contrario: respetar los precios del mercado y aliviar la carga fiscal de quienes compran. Son dos filosofías distintas ante el mismo problema, y ninguna de las dos tiene fácil solución cuando el problema de fondo es la escasez estructural de oferta de vivienda asequible.
¿Encarecerán los precios las ayudas fiscales?
El posible regreso de las desgravaciones hipotecarias reabre también la discusión sobre sus efectos en el mercado. Durante años, distintos organismos económicos cuestionaron estas ayudas al considerar que podían contribuir al encarecimiento de los precios inmobiliarios. El argumento es conocido: si el Estado subsidia parte del coste de comprar, los vendedores y promotores tienden a trasladar ese subsidio al precio final, de modo que la ventaja fiscal acaba capitalizándose en el valor del inmueble en lugar de beneficiar realmente al comprador. Sin embargo, el fuerte aumento del coste de acceso a la vivienda y la subida de las cuotas hipotecarias han devuelto estas medidas al centro de la discusión política, con menor espacio para los matices.
Por ahora, el Ejecutivo insiste en que no existe un acuerdo definitivo. Pero el simple hecho de que el Gobierno vuelva a estudiar una deducción hipotecaria eliminada hace más de una década ya anticipa un giro relevante en el debate sobre vivienda, fiscalidad y acceso a la compra en España. Un giro que, según desde dónde se mire, puede parecer una solución razonable o una forma de ayudar a los que menos ayuda necesitan.
