El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha lanzado un mensaje claro a comunidades autónomas y ayuntamientos: deben actuar «ya» para poner freno a las viviendas de uso turístico (VUT) que operan de forma ilegal. El departamento recuerda que son estas administraciones las que tienen la competencia directa para inspeccionar y, si procede, clausurar este tipo de alojamientos. Y lo hace en un contexto en el que el descontrol acumulado durante años sigue sin resolverse, pese a que las herramientas legales existen sobre el papel desde hace tiempo.

Porque ese es precisamente el diagnóstico que hace el propio ministerio: el problema no está en la falta de instrumentos normativos, sino en la aplicación efectiva de los mismos por parte de las autoridades locales y autonómicas. En este sentido, desde el Gobierno central acusan a algunos responsables políticos de «mirar hacia otro lado» mientras crece sin control el número de pisos turísticos irregulares en distintas ciudades del país. Un señalamiento que, dicho así, suena grave. Porque lo es.

Hace falta un mayor control por las administraciones

El Gobierno central defiende que el Registro Único del Alquiler ha permitido identificar alrededor de 109.000 contratos de alquiler considerados ilegales, la mayoría vinculados a viviendas de uso turístico que no cumplen con la normativa vigente. Sin embargo, desde el ministerio insisten en que la detección no es suficiente si no va acompañada de actuaciones posteriores. Detectar está bien. Actuar es lo que se echa en falta.

Por ello, el Gobierno reclama una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos, que son quienes deben intervenir sobre el terreno para corregir estas situaciones y garantizar el cumplimiento de la ley. El esquema es conocido: el Gobierno central señala el problema, los entes locales miran hacia otro lado, y los pisos turísticos ilegales siguen anunciándose con total normalidad en las principales plataformas de alquiler.

Discrepancias sobre la utilidad del Registro Único

Una de las medidas estrella del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para poner coto a las VUT era el Registro Único de Arrendamientos y su Ventanilla Única Digital, regulado por el Real Decreto 1312/2024, de 23 de diciembre. La herramienta obliga a todos los alojamientos de corta duración a disponer de un código de registro visible en sus anuncios. En teoría, un mecanismo sencillo y eficaz para identificar quién opera legalmente y quién no.

En la práctica, la cosa es bastante diferente. La Asociación Vecinal de Sol y Barrio de las Letras y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han publicado un informe —un «trabajo experimental», lo llaman ellos— elaborado a partir del cruce de datos estadísticos y comprobaciones a pie de calle. Sus conclusiones son demoledoras: el 75% de los pisos turísticos de Madrid anunciados en plataformas como Airbnb no disponen del preceptivo código de registro de la Ventanilla Única. El porcentaje se ha obtenido a partir de los datos de Inside Airbnb del 14 de septiembre de 2025, que cifran en 25.094 los alojamientos existentes en el municipio de Madrid.

Pero hay más. El informe revela que al menos el 30% de los pisos turísticos de los barrios de Sol, Cortes y Embajadores que sí poseen código de registro son en realidad ilegales según los propios repertorios del Ayuntamiento de Madrid. Lo que significa que el Registro no está verificando la legalidad de los títulos habilitantes que el Ayuntamiento tiene publicitados. Ante esta situación, las asociaciones vecinales reclaman una auditoría de funcionamiento del propio sistema.

Y si eso no fuera suficiente, hay un tercer dato que merece atención: el 91% de los alojamientos del centro de Madrid inscritos en el Registro como pisos de alquiler temporal funcionan realmente como alojamientos turísticos. Es decir, se disfrazan de arrendamientos de temporada para escapar de las restricciones aplicables a las VUT. El informe lo describe sin rodeos: «una práctica muy habitual de los operadores más profesionalizados», que aprovechan un agujero normativo que el propio diseño del Registro ha dejado abierto.

Madrid y los pisos turísticos ilegales

El Ministerio de Vivienda pone el foco especialmente en la ciudad de Madrid, donde estima que existen más de 15.000 pisos turísticos ilegales. Esta cifra sitúa a la capital como uno de los principales puntos críticos del fenómeno en todo el país. Desde el Gobierno central se critica con claridad la falta de actuación tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, a quienes acusan directamente de no estar tomando medidas suficientes.

No es una acusación menor. El ministerio lamenta que mientras no se interviene de forma decidida, continúan produciéndose efectos directos sobre los vecinos: la expulsión progresiva de residentes de determinados barrios, donde el aumento de viviendas destinadas al turismo estaría reduciendo de manera sostenida la disponibilidad de vivienda habitual. Una transformación del tejido social de zonas céntricas y consolidadas que, una vez consumada, es muy difícil de revertir.

Los vecinos de algunos barrios de Madrid se quejan de la situación

Las asociaciones vecinales de Madrid no se limitan a quejarse: documentan, cuantifican y publican. El trabajo de campo de la AV de Sol y Barrio de las Letras ha detectado, además de las irregularidades ya mencionadas, otras prácticas igualmente preocupantes, como el uso de un mismo código de Ventanilla Única para varias viviendas distintas, una «mala práctica que sería importante controlar», señalan en su informe.

Estos colectivos advierten de que la falta de control está favoreciendo la expansión de un modelo que reduce la oferta residencial disponible y altera el equilibrio de los barrios. Y recuerdan que diversos grupos parlamentarios han depositado en el Congreso una Proposición de Ley —la 122/000136— para regular los contratos de alquiler temporal y el alquiler de habitaciones, una iniciativa que consideran imprescindible para combatir el fraude detectado.

Los efectos de la masificación de VUTs y el descontrol municipal

El problema de las viviendas de uso turístico ilegales no es nuevo, pero sigue sin resolverse. Años de polémica, normativas aprobadas, registros creados y plataformas digitales puestas en marcha no han conseguido frenar un fenómeno que sigue creciendo en las principales ciudades españolas. La pregunta que queda en el aire —y que el ministerio lanza sin respuesta clara— es cuánto tiempo más van a tardar las administraciones competentes en pasar de la detección a la acción.

Porque mientras el Gobierno central detecta contratos irregulares, los ayuntamientos miran hacia otro lado, los vecinos elaboran informes a pie de calle y los operadores profesionalizados encuentran nuevas fórmulas para seguir operando al margen de la ley, el mercado de la vivienda en ciudades como Madrid sigue perdiendo pisos residenciales que no volverán. Y eso, a diferencia de un decreto o un registro, no tiene marcha atrás.