El sector de la construcción español atraviesa una de sus coyunturas más complicadas de los últimos años. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha presentado en su Asamblea General un informe que cuantifica el impacto económico del conflicto en Oriente Medio sobre las empresas del sector. Los datos son contundentes: nueve de cada diez constructoras españolas han sufrido ya un impacto de intensidad media o alta, y la mayoría reconoce incrementos de costes de hasta el 15%. El estudio, elaborado a partir de una encuesta lanzada el 17 de abril entre 400 empresas, dibuja un panorama en el que la espiral de precios de la energía, los carburantes y las materias primas amenaza la viabilidad de proyectos de vivienda e infraestructuras estratégicas.

Los combustibles, el principal foco de presión sobre las constructoras

El encarecimiento de los carburantes es el capítulo que más preocupa al sector. Más del 60% de las constructoras encuestadas ha registrado subidas superiores al 20% en el precio de los combustibles, y una de cada cuatro sitúa ese incremento por encima del 30%. A ello se suma el coste de la electricidad: el 85% de las empresas asegura haber absorbido aumentos de hasta el 20% en su factura energética, una presión especialmente intensa en actividades que dependen de maquinaria pesada, donde la energía representa cerca del 40% de los costes de producción.

El impacto se extiende también a los materiales. Las constructoras que trabajan con betunes y emulsiones asfálticas son un ejemplo extremo: casi el 80% de estas empresas señala que el encarecimiento de estos productos ha disparado sus costes más de un 20%, y cerca de la mitad supera ya el 30%.

Ante esta situación, la CNC ha solicitado formalmente al Gobierno la puesta en marcha de ayudas específicas para el sector, similares a las aprobadas para el transporte o la agricultura en el marco de los paquetes anticrisis. El argumento es el mismo: la construcción es una actividad altamente dependiente de los combustibles y no puede absorber indefinidamente una presión de costes de esta magnitud sin consecuencias sobre el empleo y la actividad.

Una presión que no se traslada a la mano de obra… por ahora

Uno de los datos que más llama la atención del informe es el relativo al empleo. Pese a la intensidad de la crisis de costes, el 78% de las constructoras descarta por el momento reducir plantilla. La razón no es únicamente de voluntad empresarial: el sector arrastra desde hace años un déficit estructural de mano de obra especializada que hace que despedir trabajadores sea, en la práctica, una medida difícilmente reversible. Perder un oficial de obra hoy puede significar no encontrar sustituto mañana.

Sin embargo, la situación no está exenta de riesgo. El 22% de las constructoras ya está valorando recortes de plantilla, y el 56% reconoce haber reducido su actividad o estar estudiando hacerlo. La presión sobre los márgenes es real y creciente, y si el conflicto se prolonga, el mercado laboral del sector podría empezar a notar sus efectos con más claridad.

Los contratos públicos, una trampa para las constructoras

El informe de la CNC pone el dedo en una llaga que la patronal lleva tiempo señalando: la falta de adaptación de los contratos públicos a los precios reales del mercado está provocando retrasos, ralentización de proyectos e incluso el abandono de obras. Solo el 3% de las empresas ha conseguido renegociar los contratos firmados antes del estallido del conflicto. El 15% está en proceso de intentarlo. El 56% lo ha intentado sin éxito.

El resultado es que ocho de cada diez constructoras han tenido que absorber íntegramente los sobrecostes derivados de la guerra, sin posibilidad de repercutirlos ni en el cliente privado ni, sobre todo, en la Administración. Para la patronal, esta situación exige una reforma urgente de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de Desindexación, con el objetivo de introducir mecanismos automáticos de revisión de precios que eviten que las empresas actúen como colchón del sistema ante cualquier shock económico externo.

El presidente de la CNC, Pedro Fernández Alén, lo resumió con claridad en la Asamblea: las empresas necesitan estabilidad y seguridad jurídica, y el actual marco contractual no se la proporciona.

Los robos en obra se disparan: el 80% de las empresas los ha sufrido

A los problemas derivados de la guerra se suma otra tendencia preocupante que el sector arrastra de forma independiente pero simultánea: el incremento de la delincuencia en las obras. Según el Informe sobre el Crimen 2026 elaborado por BauWatch a partir de encuestas a más de 4.100 profesionales europeos —500 de ellos en España—, el 80,4% de las constructoras españolas afirma haber sufrido robos en obra durante el último año, frente al 75,8% registrado en 2025.

El impacto va más allá del valor de lo sustraído. En 2026, el 44,8% de los proyectos en España sufrió retrasos directamente relacionados con incidentes delictivos, y el 26,9% registró sobrecostes derivados de robos, sabotajes o daños. A esta realidad económica se añade un deterioro del impacto humano: los incidentes que provocaron daños físicos o psicológicos a trabajadores aumentaron del 10,9% al 19,4%, superando la media europea.

El informe apunta también a una sofisticación creciente de las amenazas. El crimen oportunista —aprovechando accesos deficientes, materiales expuestos o ausencia de vigilancia fuera del horario laboral— sigue siendo el más frecuente, con un 43,8% de los casos. Pero el 61,8% de los profesionales encuestados considera que los métodos delictivos son ahora más avanzados, incluyendo herramientas digitales y ciberataques que ya afectan al 51% de las empresas del sector.

La respuesta del sector pasa por la videovigilancia inteligente basada en inteligencia artificial, con sistemas capaces de detectar intrusiones en tiempo real y activar mecanismos de disuasión antes de que se produzcan daños. BauWatch cifra en más de 113.000 las intervenciones disuasorias anuales realizadas a escala europea, con tiempos de respuesta inferiores a un minuto. La seguridad en obra ha dejado de ser un coste operativo secundario para convertirse en un elemento estratégico de primer orden.