Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se dispararon un 38,5% interanual en el primer trimestre de 2026. El dato, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), no es un número más en una tabla: es una señal de alarma que muchos ya conocemos, porque ya la vivimos. Y lo que resulta verdaderamente inquietante no es solo la cifra, sino todo lo que hay detrás de ella: familias que pierden su hogar, un mercado del alquiler sin válvula de escape y una política de vivienda que sigue sin estar a la altura de la emergencia.

Entre enero y marzo de este año, 3.328 familias iniciaron un proceso de ejecución hipotecaria sobre su vivienda habitual. Son 923 más que en el mismo periodo del año anterior. La cifra es la más alta para un primer trimestre desde 2022, y no hay forma de leerla que no duela. Porque no hablamos de segundas residencias ni de inmuebles de inversión: hablamos de la casa donde se duerme, donde crecen los hijos, donde se guarda todo lo que una familia tiene.

Más de un tercio de los desahucios se produce sobre vivienda habitual

El INE aclara que no todas las ejecuciones hipotecarias terminan en desahucio efectivo. El procedimiento judicial es largo y en algunos casos se alcanzan acuerdos. Pero eso no cambia lo esencial: más de un tercio de todos los desahucios iniciados afectaron a la vivienda habitual de las personas implicadas. La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) lo define directamente como un indicador de que el Estado de Bienestar español está en riesgo, y es difícil llevarles la contraria.

Lo que agrava aún más la situación es que el 54% de estas ejecuciones corresponden a viviendas de personas físicas. Es decir, no hay una empresa, un fondo ni una sociedad detrás absorbiendo el golpe: hay una persona, con nombre y apellidos, que deja de poder pagar y lo pierde todo. Y la pregunta que nadie en la Administración parece querer responder en voz alta es la misma que se formulan desde FADEI: con un mercado del alquiler tan tensionado, ¿adónde van a ir esas familias? Jesús Pérez de la Torre, presidente de UNEXIA y miembro de FADEI, lo dice sin ambages: con toda probabilidad deberán pasar a un mercado de arrendamiento cada vez más caro e inaccesible. Círculo perfecto, para mal.

El precio de la vivienda como primer causante

Sería fácil señalar al Euríbor o a las subidas de tipos como los únicos responsables de este repunte. Pero la lectura más honesta del dato es otra. Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria, señala que la mayoría de estas ejecuciones no son consecuencia directa de los problemas financieros recientes, sino de hipotecas firmadas hace quince, veinte años, en plena euforia del ladrillo. El Colegio de Registradores confirma que el 44,3% de las ejecuciones iniciadas en este primer trimestre provienen de hipotecas contratadas entre 2005 y 2008. España sigue pagando la factura de aquella burbuja, y la cola del cometa no termina.

Pero el presente no da tregua tampoco. Los precios de la vivienda se dispararon un 16,9% en mayo, mientras la compraventa cae y los salarios no acompañan. Quien arrastraba una hipoteca vieja y frágil se enfrenta hoy a un mercado que no le da ninguna salida digna. El drama no es solo perder la casa: es no tener adónde ir cuando eso ocurre.

Las familias afrontan con dificultad el incremento de gastos en vivienda, comida y suministros

El presidente de FADEI, Miguel Ángel Gómez Huecas, va más allá del dato puntual y advierte de una deriva estructural: mientras las administraciones no apliquen medidas urgentes para aumentar la oferta residencial, la escalada de precios no va a parar. La población sigue creciendo, la oferta no responde y el resultado, dice, será instalarnos paulatinamente en un modelo residencial de infraviviendas. No es una metáfora: es una descripción de adónde llevan las tendencias actuales si no se corrigen.

Las familias que hoy pierden su hogar no lo hacen en el vacío. Lo hacen en un contexto en el que la vivienda, la alimentación y los suministros llevan años encareciéndose sin que los ingresos hayan seguido el mismo ritmo. Carles Ribes, consejero delegado de The Barrio, detecta una creciente presión financiera sobre los hogares españoles y considera significativo que más de la mitad de las ejecuciones afecten a la vivienda habitual: es la señal de que hay familias que ya no pueden mantener su estabilidad financiera, y que el sistema no las está sosteniendo.

Muchas ejecuciones proceden de los años 2005-2008

Este es el detalle que más debería hacernos reflexionar colectivamente. El 44,3% de las ejecuciones de este primer trimestre nacen de hipotecas firmadas durante la burbuja inmobiliaria. Hablamos de créditos concedidos con criterios que hoy serían inaceptables, en un mercado que se infló artificialmente y explotó llevándose por delante a cientos de miles de familias. Diecisiete, dieciocho años después, esas hipotecas siguen produciendo víctimas.

Que la obra nueva protagonice esta estadística es especialmente revelador. Las ejecuciones sobre viviendas nuevas aumentaron un 98% interanual, frente al 29,6% de las usadas. Desde FADEI lo califican de «muy sintomático», y tienen razón: significa que el problema no es solo heredado, sino que la fragilidad se está reproduciendo en el presente. Las comunidades más afectadas fueron Andalucía, con 1.226 certificaciones, seguida de Catalunya con 906 y la Comunidad Valenciana con 657.

Se necesita más protección social para mitigar el problema

Los datos del INE son un diagnóstico. El tratamiento, en cambio, brilla por su ausencia. Desde el sector inmobiliario llevan años reclamando lo mismo: colaboración público-privada para promover vivienda, ampliación del parque asequible, liberación de suelo, seguridad jurídica e incentivos al alquiler. Son medidas que no requieren inventar nada nuevo, solo voluntad política sostenida en el tiempo.

Pero más allá de la oferta, lo que estas cifras evidencian es que España necesita también un colchón social mucho más robusto para quienes caen. No basta con procesos judiciales largos que solo aplazan el drama: hacen falta alternativas habitacionales reales para las familias que pierden su vivienda habitual. Porque si el alquiler privado está tensionado al máximo y el parque público es testimonial, el desahucio no es el final de un proceso: es el principio de una situación de emergencia sin salida.

Este país ya lo vivió. Sabe perfectamente cómo termina esto cuando se deja pudrir. La pregunta es si habrá aprendido algo.