La ocupación ilegal de viviendas: el miedo que vende frente a los datos que incomodan

Hay debates que dicen más sobre quien los promueve que sobre la realidad que pretenden describir. El de la okupación en España es uno de ellos. Mientras centenares de miles de familias destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler, mientras los desahucios siguen arrojando a la calle a personas reales con nombres y apellidos, el Partido Popular ha encontrado en el fantasma del okupa su argumento estrella para hablar de vivienda. Un fantasma que, convenientemente, desvía la atención de todo lo demás.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, no tuvo que esforzarse demasiado para desmontar el relato durante su intervención en el Senado. Lo hizo con un dato tan simple como demoledor: los casos de ocupación afectan al 0,04% del parque residencial español. No al 4%. No al 0,4%. Al 0,04%. Una cifra tan marginal que cualquier debate político que la coloque en el centro del problema de vivienda en este país debería ruborizarse antes de empezar. Pero el rubor no es una virtud que abunde en ciertos escaños.

La ocasión fue una interpelación sobre ocupación e inquiocupación —ese neologismo tan útil para mezclar conceptos y amplificar el miedo— protagonizada por la senadora popular Paloma Martín, quien acusó al Gobierno de generar inseguridad jurídica para los propietarios y de haber debilitado la protección de la propiedad privada hasta el punto de reducir la oferta de viviendas en alquiler. Martín se presentó, en esencia, como defensora de los propietarios amenazados. Un papel que el PP lleva años perfeccionando con notable entusiasmo y notable ausencia de datos que lo respalden.

Rodríguez respondió donde duele. La verdadera fractura social, afirmó, no está en el minúsculo porcentaje de viviendas ocupadas ilegalmente. Está en las familias que deben destinar el 50, el 60 o el 70% de sus ingresos mensuales al pago de un alquiler. Está en uno de cada dos españoles que experimenta dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible. Son cifras que no necesitan decimales para impactar, porque hablan de una emergencia cotidiana que afecta a millones de personas, no a miles, y desde luego no al 0,04% de nada.

Los datos del CGPJ que nadie agita

Si el relato político requiere acudir a los datos reales, los del Consejo General del Poder Judicial son incómodos para quienes han hecho de la okupación su caballito de batalla. Las demandas por ocupación ilegal —los llamados juicios verbales posesorios— llevan años en descenso y han marcado niveles históricamente bajos desde que comenzaron a contabilizarse sistemáticamente en 2018. En algunos trimestres recientes, el número de procedimientos nuevos a nivel nacional ha caído por debajo de los 500, con reducciones interanuales que llegan a superar el 44%.

La propia ministra aportó en su intervención que en 2025 se esclarecieron 10.971 hechos relacionados con allanamientos y usurpaciones de inmuebles, lo que supone un descenso del 10,5% respecto al año anterior. Las cifras del Ministerio del Interior sitúan las denuncias anuales por usurpación y allanamiento entre 14.800 y 16.500 casos. Sobre un parque de más de 26 millones de viviendas censadas, la incidencia porcentual roza el 0,05%. Es un problema real para quienes lo padecen —y nadie lo niega, tampoco Rodríguez, que expresó explícitamente su solidaridad con los afectados— pero es un problema estadísticamente marginal comparado con la magnitud de la crisis de acceso a la vivienda.

Territorialmente, Cataluña concentró históricamente el mayor número de casos, aunque Andalucía ha llegado a superarla en algún periodo. Madrid completa el mapa de las comunidades con mayor incidencia. Pero incluso en las zonas más afectadas, estamos hablando de fracciones pequeñísimas del parque residencial. Una realidad que no justifica la alarma social sistemáticamente cultivada desde ciertos sectores políticos y mediáticos.

Lo que sí afecta a millones

Rodríguez aprovechó su intervención para señalar algo que el debate centrado en la okupación tiende a eclipsar: existen alrededor de 111.000 pisos turísticos ilegales distribuidos por el territorio nacional. La incorporación de esas viviendas al mercado residencial, argumentó la ministra, podría cubrir aproximadamente el 17% del déficit habitacional existente. Es una cifra que habla de decisiones políticas posibles, de palancas reales sobre un mercado tensionado. Pero 111.000 pisos turísticos ilegales no generan el mismo impacto electoral que el fantasma del okupa, así que la conversación rara vez llega hasta ahí.

Conviene recordar también que España tiene más de 3,8 millones de viviendas desocupadas, un 14,4% del parque total. Un país con semejante volumen de vivienda vacía no tiene un problema de escasez estructural de inmuebles: tiene un problema de distribución, de rentabilidad especulativa y de ausencia de políticas capaces de movilizar ese stock hacia quienes necesitan un techo. Eso no cabe en un titular sobre okupas, claro.

El derecho que no se menciona

La Constitución española reconoce tanto el derecho a la propiedad privada como el derecho a una vivienda digna y adecuada. Ambos están ahí, en el mismo texto. Sin embargo, el debate político de los últimos años ha dado a entender que el primero es sagrado e inviolable mientras el segundo es, en el mejor de los casos, una aspiración bonita para los preámbulos.

Rodríguez lo dijo sin rodeos: le gustaría escuchar al Partido Popular hablar con más frecuencia del derecho a la vivienda que del derecho a la propiedad. No parece un deseo que vaya a cumplirse pronto. Defender a los propietarios cuyo derecho se ve vulnerado en el 0,04% de los casos genera más movilización en cierto electorado que defender a los centenares de miles de ciudadanos que no pueden pagar un alquiler o que han perdido su hogar en un desahucio silencioso, de esos que tampoco salen mucho en los medios.

Porque los desahucios, por cierto, también siguen existiendo. Y también están bajando, según los últimos datos del CGPJ, tanto los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos como los procedentes de ejecuciones hipotecarias. Pero nadie agita una pancarta por ellos. No dan tanto miedo. O quizá dan demasiado.