La moción de «prioridad nacional» de Vox, rechazada por 314 votos contra 33

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dejado esta semana una imagen que merece ser recordada: el grupo parlamentario de Vox, con sus 33 diputados, levantando la mano en solitario para apoyar una moción que el resto de la cámara —todos y cada uno de los demás grupos, de izquierda a derecha, de independentistas a constitucionalistas— ha rechazado de forma unánime. 314 votos en contra, ninguna abstención. La fotografía política no puede ser más elocuente.

La iniciativa, presentada como moción consecuencia de una interpelación urgente a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pedía aplicar lo que el partido de Santiago Abascal denomina el principio de prioridad nacional en el acceso a vivienda protegida, alquiler social y ayudas públicas a la vivienda. En negro sobre blanco: que los recursos públicos destinados a vivienda se asignen de forma prioritaria —o exclusiva— a los españoles. La propia ministra Rodríguez no se anduvo con rodeos al calificar la propuesta: la llamó «racista e indecente» desde la tribuna del hemiciclo.

Qué pedía exactamente Vox: echar inmigrantes y crear un sistema de vivienda protegida solo para españoles

El diputado Ignacio Hoces defendió la moción con una tesis que el partido lleva tiempo repitiendo: «El problema de la vivienda se soluciona con muchas más casas y con muchísima menos inmigración.» Sobre ese diagnóstico construyeron un paquete de medidas de una amplitud considerable, cuyo hilo conductor era inequívoco.

En materia de acceso a la vivienda, la propuesta exigía crear un sistema de acceso a vivienda protegida y ayudas públicas exclusivo o prioritario para españoles, condicionado a un «arraigo real» demostrado mediante empadronamiento histórico de larga duración y trayectoria de cotización laboral. Además, reclamaba que la situación legal en España fuera requisito obligatorio para firmar cualquier contrato de arrendamiento.

En cuanto a la inmigración propiamente dicha, el texto no dejaba mucho a la imaginación: repatriación de todos los inmigrantes en situación irregular, deportación de quienes cometan delitos o traten de «imponer costumbres o valores ajenos a la cultura occidental» —independientemente de su situación administrativa—, y lo que Vox denomina «remigración»: el retorno de todos aquellos extranjeros que, a su juicio, no trabajan, no contribuyen al sistema y «viven de ayudas públicas».

La moción incluía también modificaciones de tres leyes: la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local de 1985, la Ley Orgánica de Extranjería del año 2000 y la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, con el objetivo de articular legalmente todos estos mecanismos de exclusión. Se añadían controles padronales reforzados para detectar empadronamientos fraudulentos, situaciones de sobreocupación y pisos patera, con sistemas automáticos de alerta e inspecciones específicas.

En el terreno fiscal, Vox proponía eliminar o reducir los impuestos de compra de primera vivienda para jóvenes, familias y trabajadores españoles, mientras planteaba un régimen fiscal agravado y disuasorio para compradores extranjeros y fondos de inversión. Para la oferta, pedía fomentar la edificación de vivienda protegida mediante colaboración público-privada, acelerar el desarrollo urbanístico simplificando la burocracia y, como no podía faltar, derogar la Ley de Vivienda de 2023.

Las posturas de los demás partidos: del PP a la izquierda, todos en contra pero por razones distintas

El aislamiento de Vox en esta votación no significa que el resto del arco parlamentario comparta diagnóstico ni soluciones entre sí. Las razones del rechazo fueron muy distintas según el partido.

El PP, a través de la diputada Cristina Moreno, fue el más significativo en su posicionamiento: rechazó la moción pero sin distanciarse del marco de la inmigración como problema. Acusó a Vox de ser «simplistas» y de escudarse en la inmigración, apuntando que a su juicio «el único culpable del déficit de la vivienda, del elevado precio y también de una inmigración masiva y descontrolada es el Gobierno». Vienen a decir lo mismo pero culpando a Pedro Sánchez en lugar de a los inmigrantes; una distinción que en el fondo acepta buena parte del marco argumental de la extrema derecha.

Desde la izquierda, el PSOE, Sumar y Podemos coincidieron en calificar la «prioridad nacional» de «falacia» y «farsa»: un artificio para hacer creer a la ciudadanía que la crisis de vivienda tiene su origen en la inmigración, desviando la atención de las causas estructurales reales —especulación, insuficiencia de parque público, desregulación del mercado— y señalando como chivo expiatorio a la población más vulnerable.

Una moción que perderá el Congreso pero que ya habrá ganado su titular

Que la moción fuera rechazada por 314 votos no debería llamar a la complacencia. Vox sabía perfectamente que no iba a prosperar. El objetivo no era legislar sino instalar en el debate público la idea de que los inmigrantes son los culpables de que los españoles no tengan acceso a la vivienda. Conseguir que esa tesis se ventile en el Congreso, que los medios la reproduzcan, que los partidos tengan que posicionarse frente a ella: eso sí lo han logrado.

La crisis de vivienda en España es real, grave y estructural. Tiene que ver con décadas de ausencia de parque público, con la financiarización del mercado inmobiliario, con fondos de inversión que han convertido el alquiler en un activo especulativo, con una burocracia urbanística que ralentiza la construcción nueva. No tiene que ver con que un trabajador marroquí o un estudiante latinoamericano compita por el mismo piso social que un ciudadano español. Mezclar ambas cosas no es un error de diagnóstico: es una estrategia política deliberada. Y el Congreso, al menos esta semana, se ha negado a avalarla.