Tras unas duras negociaciones que llegaron a poner sobre la mesa una posible repetición electoral, Partido Popular y Vox han cerrado el acuerdo que permite la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. El pacto da forma a un nuevo Gobierno de coalición en el que la formación de Santiago Abascal asumirá la vicepresidencia, además de las consejerías de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

El concepto que ha marcado toda la negociación es el de la prioridad nacional, término acuñado por Vox y que el PP ha preferido rebautizar como arraigo. Sea cual sea la etiqueta, la idea ha terminado impregnando buena parte del acuerdo, y muy especialmente el capítulo de vivienda, uno de los más sensibles en una comunidad que combina fuerte presión turística, encarecimiento sostenido de precios y una notable dependencia de mano de obra extranjera en el campo y los servicios.

Diez años de empadronamiento para tener derecho a una VPO

A partir de ahora, cualquier persona que quiera acceder a una vivienda protegida en Andalucía deberá acreditar al menos diez años de empadronamiento en la comunidad. En el caso del alquiler, el listón baja a cinco años. El acuerdo añade otros criterios de valoración, como la trayectoria de cotización y actividad laboral o la existencia de familiares de primer grado ya residentes en la región, y reserva un trato preferente a los menores de 36 años y a las familias con personas dependientes o con discapacidad a cargo.

La medida no es inocua. Andalucía es, junto con otras comunidades del arco mediterráneo, una de las regiones con mayores tasas de población inmigrante vinculada al sector agrícola y a los servicios turísticos, precisamente los empleos que sostienen buena parte de su economía. Exigir una década de arraigo administrativo para acceder a vivienda protegida deja fuera, de facto, a una parte importante de esa mano de obra durante años, en un contexto de mercado de alquiler ya tensionado. La contradicción es evidente: se necesita a estas personas para trabajar, pero se les dificulta el acceso a una vivienda digna mientras lo hacen.

La lucha contra la ocupación se convierte en prioritaria

El acuerdo también endurece el tratamiento de la okupación. Quien haya sido condenado por un delito de allanamiento o usurpación de vivienda quedará excluido durante cinco años del acceso a inmuebles protegidos, restricción que se extenderá también a quienes tengan una resolución administrativa firme de desahucio por impago. La Junta se compromete, además, a garantizar asesoramiento jurídico inmediato a los propietarios y comunidades de vecinos afectados por okupación.

Medidas fiscales en vivienda

En el terreno fiscal, el pacto contempla una rebaja del 0,25% anual en el tipo general del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en cada año de legislatura, junto con la posibilidad de fraccionar el pago. También se amplían los límites de valor de vivienda para acogerse a bonificaciones: de 150.000 a 200.000 euros para menores de 36 años y personas con discapacidad, y de 250.000 a 300.000 euros para familias numerosas. A ello se suma una rebaja anual del 0,25% en el IRPF para los tramos de renta inferiores a 60.000 euros brutos, bonificaciones en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre hermanos cuando la vivienda heredada se destine a residencia habitual, y una ampliación al 50% de la bonificación para parientes de grado III.

Penalizaciones previstas a compradores extranjeros

El acuerdo incluye el compromiso de aplicar fórmulas fiscales disuasorias dirigidas a compradores extranjeros y a las llamadas operaciones especulativas, aunque por el momento ni PP ni Vox han concretado en qué consistirán exactamente. La ambigüedad no es casual: Andalucía es una de las comunidades con mayor volumen de compraventas por parte de extranjeros, especialmente en la costa, y el sector promotor y constructor, con notable peso político en la región, difícilmente verá con buenos ojos cualquier medida que enfríe ese mercado. Habrá que esperar a la letra pequeña para saber si se trata de una herramienta real de contención de precios o de un anuncio más simbólico que efectivo.

Avales y ayudas para familias numerosas y jóvenes de hasta 40 años

El texto prevé un sistema de avales públicos de hasta el 20% del valor del inmueble para facilitar hipotecas del 95%, dirigido a familias numerosas sin límite de edad y a compradores jóvenes de hasta 40 años. También se anuncian ayudas económicas al alquiler para jóvenes y un programa específico para viviendas arrendadas con opción a compra, aunque sin cuantías concretadas todavía.

Previsión de estas acciones sobre la vivienda

El acuerdo dibuja un modelo de vivienda que prioriza el arraigo y penaliza fiscalmente la inversión extranjera, pero deja en el aire varias incógnitas. La primera es si las medidas contra especuladores y compradores foráneos llegarán a materializarse con fuerza real, dado el peso del sector inmobiliario en la comunidad. La segunda es el efecto que el requisito de diez años de empadronamiento tendrá sobre la población inmigrante que sostiene el campo y el turismo andaluces, un colectivo al que se le pide trabajo pero al que se le dificulta el acceso a vivienda protegida. Y la tercera, apuntada ya por distintos sectores, es hasta qué punto este mismo enfoque de arraigo se trasladará a otros ámbitos como la educación o la sanidad, donde también se han insinuado restricciones para la población extranjera. Los próximos meses, con el desarrollo normativo del acuerdo, dirán si estas medidas logran aliviar la tensión del mercado de vivienda andaluz o si añaden una nueva capa de conflicto social a una región que ya arrastra varios frentes abiertos.