Liquidación de la Sareb, y 40.000 pisos a Casa 47

El Gobierno ha decidido acelerar el desmantelamiento del banco malo. La orden es clara: traspasar 40.000 viviendas a Casa 47, la nueva entidad estatal de vivienda asequible, y hacerlo cuanto antes. Entre esos inmuebles hay 3.000 pisos ocupados ilegalmente que deberán quedar vacíos sin necesidad de pasar por los tribunales, un objetivo tan ambicioso como complicado dado el estado actual de la justicia en materia de desahucios.

La operación no responde a un simple gesto político. Sareb, creada en 2012 para absorber los activos tóxicos de las entidades financieras rescatadas, arrastra una deuda de 27.500 millones de euros y unas pérdidas acumuladas que ya superan los 12.700 millones. El Ejecutivo busca frenar esa sangría económica y, de paso, reforzar la escasísima oferta de alquiler social en España. El traspaso se realizará sin coste para la administración pública, aunque tampoco generará ingreso alguno para los acreedores de la sociedad.

La gestión de la liquidación

Las plataformas encargadas de gestionar los activos de Sareb han asumido una doble misión: por un lado, vender los cerca de 5.800 pisos que permanecerán todavía bajo el paraguas del banco malo; por otro, preparar los 40.000 inmuebles que pasarán a la entidad pública. De esa cifra, unas 3.000 viviendas están ocupadas sin título legal y constituyen la prioridad inmediata.

El planteamiento del Gobierno pasa por evitar la vía judicial siempre que sea posible. Un procedimiento de desahucio puede alargarse un mínimo de tres años y llegar hasta los diez si se trata de edificios completos, con cada expediente repartido entre juzgados distintos y saturados. Por ello, los gestores negociarán acuerdos amistosos con los ocupantes, una especie de desocupación exprés que permita ahorrar tiempo y costas judiciales. A cambio, las empresas gestoras cobrarán una prima de adecuación por reformar los pisos y dejarlos en condiciones habitables, ya que buena parte de ellos se encuentra en mal estado tras años de abandono.

Además de las viviendas, Sareb transferirá también unos 2.400 suelos. La sociedad continuará operando más allá de noviembre de 2027, fecha fijada para su liquidación formal, puesto que aún deberá dar salida a naves industriales, locales comerciales y fincas repartidas por la España vaciada, activos que tendrá que vender o ceder de forma gratuita a las administraciones locales.

Los números de la Sareb

Cuando la sociedad echó a andar, se prometió a los accionistas una rentabilidad anual del 14%. La promesa nunca se cumplió. Trece años después, las pérdidas acumuladas rondan los 12.766 millones de euros, y tanto bancos como aseguradoras tienen provisionada al 100% su inversión inicial, es decir, la dan por perdida. Desde 2022 estos números rojos computan dentro del déficit público, lo que ha añadido presión al Gobierno para cerrar cuanto antes este capítulo.

En sus trece años de existencia, Sareb ha vendido casi 71.000 viviendas a un precio medio de 105.000 euros, según datos de la propia sociedad. Las que ahora se ceden a Casa 47 lo harán a título gratuito, lo que impedirá reducir la abultada deuda de 27.500 millones. A cambio, el Ejecutivo confía en que esos pisos sirvan para aliviar las listas de espera de vivienda pública y moderar los precios del alquiler en las zonas más tensionadas.

¿Buena noticia para el mercado del alquiler social?

El parque público de vivienda en España apenas alcanza el 2% del total, muy lejos del 20% que registran países como Austria. Los 40.000 inmuebles que absorberá Casa 47 suponen un incremento relevante, pero claramente insuficiente frente a una demanda que supera los dos millones de solicitudes. Además, la mayoría de estos pisos se encuentra en municipios pequeños, donde la presión sobre el alquiler es menor. Las 3.000 viviendas ocupadas que se pretenden liberar sí podrían suponer cierto alivio en capitales y áreas metropolitanas, aunque todo dependerá del ritmo real de desocupación.

Plazos y balance final

El precedente más reciente es el plan de vivienda del anterior Gobierno, que movilizó unos 20.000 inmuebles a lo largo de varios años con resultados discretos. Ahora la apuesta es mayor, pero el tiempo juega en contra: Sareb debe liquidarse en noviembre de 2027 y, para entonces, Casa 47 —todavía en sus primeros pasos— deberá tener engrasada su maquinaria de gestión. La clave estará en si los gestores consiguen vaciar los pisos ocupados mediante acuerdos antes de que los juzgados frenen el proceso, y en si las comunidades autónomas colaboran activamente en la administración del nuevo parque público. De momento, la orden ya está dada y los números, sobre el papel, prometen más vivienda asequible. Que el dinero público no termine engullido por el agujero de Sareb es la otra cara de la moneda.