El parque público de viviendas en Valencia sufre mucha ocupación

La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha un servicio de intervención de urgencia, operativo las 24 horas del día durante todo el año, para actuar de forma inmediata ante ocupaciones ilegales en el parque público de vivienda. El sistema garantiza un tiempo máximo de respuesta de una hora desde que se produce cualquier aviso de intrusión, una medida que refleja hasta qué punto el problema de la ocupación ha dejado de ser una cuestión puntual para convertirse en un fenómeno estructural dentro de la vivienda pública valenciana.

Según el president Juanfran Pérez Llorca, este plan «responde a la creciente necesidad de dar una respuesta rápida, coordinada y segura ante las ocupaciones irregulares que afectan al parque público de viviendas». Un problema que, lejos de ser anecdótico, lleva años enquistado sin que se hayan tomado medidas contundentes, y que ahora obliga a la administración a movilizar recursos económicos y humanos para intentar revertir la situación.

Los datos y cifras de la ocupación

Las cifras dan la dimensión real del problema. La Generalitat gestiona más de 14.500 viviendas públicas, de las cuales aproximadamente el 13% se encuentran ocupadas de manera ilegal, lo que equivale a unas 1.885 viviendas fuera del circuito legal de adjudicación. Pérez Llorca ha reconocido que «arrastramos un grave problema de ocupación irregular desde hace muchos años sin que se tomaran cartas en el asunto, por lo que es momento de actuar».

Es precisamente aquí donde se concentra la parte más preocupante del problema: cada vivienda ocupada de forma irregular es una vivienda que deja de estar disponible para las familias que, cumpliendo todos los requisitos, llevan tiempo esperando en las listas de demanda de vivienda pública. La ocupación no solo perjudica a la administración o a la comunidad vecinal; perjudica directamente a quienes más necesitan acceder a una vivienda protegida y ven cómo, mientras esperan su turno de forma legal, otros ocupan los inmuebles antes de que lleguen a adjudicarse.

Pérez Llorca ha subrayado además que estas ocupaciones «impiden rehabilitar los inmuebles y generan graves riesgos de seguridad para toda la comunidad vecinal debido a los enganches ilegales a la red eléctrica», un aspecto que añade una dimensión de inseguridad física a un problema que ya era, de por sí, un foco de tensión social y de pobreza en muchas comunidades de vecinos.

 La dotación humana del plan de Pérez Llorca

Para hacer frente a esta situación, el nuevo servicio contempla un equipo multidisciplinar formado por un coordinador jurídico y tres inspectores técnicos, además de vehículos y dispositivos móviles para operar en todo el territorio de la Comunitat Valenciana. La empresa adjudicataria actuará en representación de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), encargándose de recuperar los inmuebles ocupados y de coordinar las actuaciones junto con las fuerzas de seguridad.

Entre sus funciones también estará la instalación y supervisión de puertas antiokupación, alarmas y otros sistemas de protección, así como la obligación de documentar cada intervención y elaborar los correspondientes informes técnicos. Este servicio está dotado con un presupuesto estimado de 796.831 euros y tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga, lo que da idea de que la Generalitat entiende este problema como algo que requiere una respuesta sostenida en el tiempo y no una simple actuación puntual.

Un servicio amplio y con atención permanente

Más allá del componente jurídico y de seguridad, lo que distingue a este plan es su vocación de permanencia y de cobertura total del territorio. El servicio de atención de urgencias, operativo las 24 horas del día los 365 días del año, con un plazo máximo de respuesta de una hora, se plantea como el elemento central del dispositivo, capaz de intervenir en el mismo momento en que se detecta una intrusión, antes de que la ocupación se consolide y sea más difícil de revertir.

Esta medida se suma a otra ya anunciada por la EVHA el pasado mes de enero, en la que se adjudicó un servicio de instalación, mantenimiento y reposición de 300 sistemas de seguridad y alarma individual en viviendas del parque público, con el objetivo de prevenir la ocupación ilegal. El coste de esta adjudicación ascendió a 4,7 millones de euros, repartidos entre 150 viviendas en Alicante y otras 150 unidades entre Valencia y Castellón.

En conjunto, estas medidas ponen de manifiesto una preocupación creciente por parte de la Generalitat Valenciana, que ha optado por aumentar de forma notable la inversión en mecanismos de prevención, vigilancia y respuesta rápida. El objetivo declarado, según ha reiterado Pérez Llorca, es garantizar que «las viviendas del parque público lleguen a las personas vulnerables que las solicitan cumpliendo la normativa», y no a quienes, por la vía de hecho, se adelantan ocupando los inmuebles antes de que la administración pueda adjudicarlos legalmente.