El Gobierno rechaza los requerimientos de incompetencia de Andalucía y Extremadura contra el Plan Estatal de Vivienda
El Consejo de Ministros ha decidido cerrar en falso —una vez más— el pulso competencial que atraviesa el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. El Ejecutivo ha rechazado los requerimientos de incompetencia que los gobiernos de Andalucía y Extremadura presentaron contra el Real Decreto 326/2026, la norma que regula dicho plan, al considerar que respeta plenamente las competencias autonómicas en materia de vivienda. La decisión, adoptada a propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, no sorprende a nadie que haya seguido el culebrón de los últimos meses, pero sí añade un capítulo más a una disputa que empieza a resultar tan previsible como agotadora.
Este nuevo pulso competencial llega, además, apenas unos días después de que el propio PP, a través de varias de sus comunidades autónomas, respaldara el Plan Estatal de Vivienda y diera el visto bueno al reparto presupuestado de los fondos. La aparente contradicción —apoyar el plan en la mesa de negociación y después impugnarlo en los tribunales— retrata bastante bien la dinámica actual entre el Gobierno central y buena parte de los ejecutivos autonómicos populares.
Las consideraciones de Andalucía y Extremadura
Tanto la Junta de Andalucía como la de Extremadura, ambas gobernadas por el PP, presentaron sus requerimientos alegando que el Real Decreto 326/2026 vulneraba el principio de autonomía financiera de las comunidades autónomas. Su argumento central era que la descripción de las actuaciones protegibles dejaba un margen de maniobra prácticamente nulo a las comunidades, convirtiendo el reparto de fondos en un ejercicio de cumplimiento más que en una política propia. Extremadura fue un paso más allá y cuestionó específicamente los apartados relativos a las zonas de mercado residencial tensionado, un terreno especialmente sensible desde la aprobación de la Ley de Vivienda.
También pesaba en sus reclamaciones la exigencia de que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana estuviera presente o autorizara las actuaciones de promoción, publicidad e información vinculadas al plan, algo que ambas comunidades interpretaban como una intromisión directa en su capacidad de gestión.
El Gobierno asegura que el decreto respeta las competencias autonómicas
En los acuerdos adoptados este 21 de julio, el Consejo de Ministros sostiene que el Plan Estatal de Vivienda «no regula con carácter general la política autonómica de vivienda, sino las condiciones de un instrumento estatal de financiación». La matización no es menor: el Ejecutivo distingue entre fijar las reglas de un mecanismo de financiación —competencia estatal reconocida— e imponer una política de vivienda completa a las comunidades, que sí invadiría terreno autonómico. Según el Gobierno, el decreto se mueve en el primer terreno, no en el segundo.
Para sostener esta interpretación, el Ejecutivo se apoya en un antecedente que le viene como anillo al dedo: la sentencia del Tribunal Constitucional que, el pasado 9 de julio, desestimó el recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Catalunya contra la Ley 12/2023, la norma estatal por el derecho a la vivienda.
El antecedente de la Generalitat de Catalunya
Aquel recurso catalán impugnaba precisamente los preceptos relativos a las subvenciones de vivienda, y el TC concluyó que dichos preceptos no privan a las comunidades autónomas de capacidad de decisión. El Gobierno cita literalmente esa doctrina para blindar su posición actual: la sentencia sostiene que «la sentencia rechaza que los preceptos recurridos priven de capacidad de decisión a las comunidades», y que el legislador estatal tiene atribuidas competencias para definir los fines y objetivos prioritarios que serán objeto de financiación estatal.
Las competencias en la financiación estatal
El punto de fondo, en realidad, se reduce a esta idea: el Estado financia y marca condiciones generales, las comunidades ejecutan y matizan. Según el Gobierno, ello no impide que las comunidades autónomas establezcan sus propios objetivos y prioridades a la hora de configurar sus políticas de vivienda. El Ejecutivo remata su defensa recordando que la aprobación de los planes estatales de vivienda no es un ejercicio unilateral, sino que exige la participación de las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, el órgano donde, en teoría, se negocian estos instrumentos antes de su aprobación definitiva.
Con la sentencia catalana como precedente reciente y favorable a la posición del Estado, el terreno jurídico parece jugar, de momento, a favor del Ministerio de Vivienda. Pero vista la costumbre de apoyar el plan en la mesa e impugnarlo después en los tribunales, difícilmente será el último asalto.
