Lo podrán solicitar los inquilinos cuyos contratos vencen hasta el 30 de junio de 2028
Parecía enterrada, pero como los buenos zombis legislativos, la prórroga extraordinaria de los alquileres ha vuelto a levantarse de la tumba. El Gobierno prepara un nuevo decreto ley de vivienda que resucita la medida que el Congreso tumbó el pasado 28 de abril, esta vez con retoques cosméticos para intentar convencer a los socios que la hundieron. Sumar espera aprobarla el próximo martes, en el último Consejo de Ministros antes de que todos se vayan de vacaciones fingiendo que el problema de la vivienda se resuelve solo mientras ellos están en la playa.
La prórroga extraordinaria de dos años
La medida, en esencia, es la misma que ya conocíamos: los inquilinos cuyos contratos venzan hasta el 30 de junio de 2028 podrán solicitar una prórroga reforzada de dos años sobre su alquiler. El cambio de fecha amplía el universo de beneficiarios en casi un millón de personas respecto a la versión anterior, de modo que, entre el 21 de marzo de 2026 y el 30 de junio de 2028, casi cuatro millones de personas y un millón y medio de hogares podrían acogerse a ella. Cifras que suenan bien en rueda de prensa, aunque no digan nada sobre cuántos propietarios decidirán directamente no renovar contratos antes de verse atrapados en esta nueva ronda.
Medidas antidesahucios para personas vulnerables
El texto también contempla una propuesta, a negociar con los grupos parlamentarios, para proteger a familias en situación de vulnerabilidad y evitar que se queden sin alternativa habitacional tras un desahucio. Una intención loable sobre el papel, aunque el diablo —como siempre en esta materia— estará en los detalles que aún faltan por concretar y en si finalmente cuaja el acuerdo entre unos socios de Gobierno que llevan meses sin ponerse de acuerdo ni en el envoltorio.
El decreto llega con otras medidas
El paquete no se agota en la prórroga: incluye la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para frenar su uso como puerta trasera del alquiler tensionado, además de un endurecimiento de las zonas de precios limitados. También sube la tributación de los pisos turísticos hasta el 21% de IVA, con sanciones más duras para quienes los publiciten sin control en las plataformas. La estrategia es clara: apretar el turístico para intentar que vuelva algo de oferta al alquiler residencial, aunque el mercado lleva años demostrando que no responde tan dócilmente a los decretos como a la calculadora.
Incluir desgravaciones fiscales en el IRPF
El guiño más interesante va dirigido a Junts, que votó en contra de la prórroga en abril. Para evitar otro portazo, el Gobierno estudia incluir desgravaciones fiscales en el IRPF, con un tope que rondaría los 1.800 euros, para ingresos ligados a la vivienda. Y hay más: también se pone sobre la mesa recuperar la deducción por compra de vivienda habitual suprimida en 2013, que permitía deducir hasta el 15% de lo pagado por hipoteca sobre una base máxima de 9.094 euros anuales. Un guiño con sabor a 2012, pensado más para desatascar votos en el Congreso que para resolver el problema estructural del acceso a la vivienda.
Con este cóctel de prórrogas, sanciones y desgravaciones, el Gobierno intenta contentar a todos sus socios a la vez sin que ninguno vete el conjunto. Un equilibrio que recuerda más a una negociación de última hora que a una política de vivienda pensada a largo plazo. Y mientras los despachos discuten fechas y porcentajes, la realidad de propietarios e inquilinos sigue moviéndose por su cuenta, ajena a los decretos. Si algo queda claro es que en materia de vivienda en España, cada verano trae su propio culebrón legislativo. Y este año no iba a ser la excepción.
