Ante el cambio de expectativas se queda corto
Cuando se diseñó este decreto, el escenario internacional apuntaba hacia una desescalada del conflicto. Esa hipótesis, que justificó una reducción gradual de las ayudas, ha quedado desmentida por los acontecimientos: la tregua se rompió este mes de julio, el petróleo ha repuntado con fuerza y el cierre del estrecho de Ormuz vuelve a poner en tensión los mercados energéticos. El resultado es un decreto que nació pensado para la normalización y se aplica en medio de una nueva escalada. No es casualidad que la práctica totalidad de los grupos, más allá de su sentido de voto final, coincidieran en calificar el paquete de «insuficiente». La diputada de EH Bildu, Mikel Otero, lo resumió con contundencia: «Nos encontramos cualquier cosa menos la normalidad».
Incidencia sobre los carburantes
El capítulo más sensible del decreto, y el que más deja sentir su alcance en el día a día, es el de los carburantes. El texto recupera el IVA del 21% para gasolina y gasóleo, abandonando la rebaja al 10% que sí contemplaba el primer paquete de medidas. En paralelo, la bonificación directa se reduce de forma escalonada: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, hasta desaparecer por completo en octubre. El Gobierno ha incorporado, eso sí, una cláusula automática de reactivación: si la inflación de los carburantes supera el 15% respecto al IPC del año anterior, se recuperaría automáticamente la rebaja de 20 céntimos por litro, extensible también a gas y electricidad. Se mantiene, además, el descuento equivalente para los profesionales del sector primario y del transporte, y se refuerza con 165 millones adicionales la ayuda para la compra de fertilizantes.
Las distintas posiciones de los grupos parlamentarios
El debate en el Pleno dejó posiciones muy diferenciadas. El PP, desde la abstención, reprochó al Gobierno no haber recogido medidas como la deflactación del IRPF o el freno al cierre de centrales nucleares, y denunció que el nuevo plan «retira dos de cada tres euros de protección» justo cuando el petróleo roza los 100 dólares. Vox fue más duro todavía, acusando al Ejecutivo de falacias y negando la existencia de ayudas reales. En el otro extremo, ERC, Junts, Bildu, los Comuns-Sumar y Podemos votaron a favor pese a calificar el decreto de insuficiente, mientras que el PNV fue el grupo que expresó un respaldo más convencido, definiéndolo como un texto «continuista y prudente». El denominador común, más allá de los matices, fue la sensación de que el paquete se queda corto frente a la magnitud del problema.
El despliegue de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Más allá del capítulo energético, el decreto introduce una modificación relevante en la gestión de los fondos europeos. Se flexibiliza el calendario del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitiendo que aquellos hitos ya cumplidos, pero cuyas inversiones asociadas no se hayan completado, puedan ejecutarse más allá de la fecha límite fijada a finales de agosto. Se trata de una medida técnica, pero con implicaciones prácticas notables para administraciones y beneficiarios que arrastraban retrasos en la ejecución de proyectos financiados con fondos europeos.
¿Cuál será la incidencia sobre la economía real de los ciudadanos?
El impacto directo se notará en el precio en el surtidor y, de forma indirecta, en el conjunto de la cesta de la compra, dado el peso del transporte en la cadena logística. El paquete, con una vigencia de tres meses, movilizará un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en 2026, a los que se sumarán otros 2.700 millones en pérdida de recaudación entre 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del gravamen. Se prorroga también la prohibición de despidos hasta septiembre para las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto, una salvaguarda laboral que convive, no obstante, con la retirada gradual del resto de amortiguadores fiscales. La pregunta que queda en el aire, y que ya han planteado varios grupos, es qué ocurrirá con los hogares y las empresas si el conflicto se agrava antes de que la cláusula automática de reactivación llegue a activarse.
