El Gobierno ha activado un paquete de ayudas dirigido a las personas y territorios afectados por la oleada de incendios forestales que ha golpeado España durante este mes de julio. El Consejo de Ministros ha declarado zona afectada por una emergencia de protección civil a los territorios damnificados por un total de 211 episodios catastróficos ocurridos entre el 31 de marzo y el 27 de julio de 2026, repartidos en comarcas de 14 comunidades autónomas. La mayoría de estas emergencias tienen su origen en incendios forestales, aunque la declaración también recoge daños provocados por fenómenos costeros, lluvias, tormentas, incendios industriales y accidentes en el transporte de mercancías peligrosas.
Entre los siniestros incluidos figuran los originados en los últimos días en la Comunidad de Madrid, en las provincias de Ávila y Toledo, y en el municipio de Vall d’Uixó, en Castellón, cuyos trabajos de extinción todavía no habían concluido en el momento de aprobarse la medida. La declaración recoge también el incendio de Los Gallardos, en Almería, en el que perdieron la vida 14 personas, uno de los episodios más trágicos de esta campaña.
En su comparecencia para hacer balance del curso político, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que con esta declaración «comenzamos a desplegar ayudas destinadas a paliar los daños personales y materiales». Según ha explicado, se trata de un conjunto de medidas que abarca el ámbito agroalimentario y el industrial, beneficios fiscales, laborales y de Seguridad Social, y apoyos a las corporaciones locales para reparar sus infraestructuras dañadas. El propio presidente ha reconocido que este listado no es definitivo y que «iremos poniendo en marcha» más ayudas conforme avance la evaluación de los daños sobre el terreno.
Las zonas afectadas por los incendios forestales y otras catástrofes
La virulencia de los incendios que han azotado España a lo largo de este mes de julio ha dejado un balance devastador: más de 170.000 hectáreas arrasadas solo en los grandes incendios recientes, y un total acumulado de 61.793,1 hectáreas calcinadas en los nueve grandes fuegos registrados hasta la fecha, entre los que se cuentan los de Huelva, San Esteban de Litera (Huesca), Santa Cristina d’Aro (Girona), Los Gallardos (Almería), Congosto (León), Ansó (Zaragoza), La Mierla y Selas (Guadalajara) y Brieva (Segovia).
La magnitud del desastre ha obligado a las autoridades a confinar o evacuar a más de 100.000 personas, después de que las llamas hayan destruido o dañado gravemente cientos de viviendas, negocios y explotaciones agrarias. Ante este escenario, el Gobierno ha optado por declarar formalmente las zonas afectadas como gravemente dañadas, la denominación que ha sustituido a la antigua figura de «zona catastrófica» tras la entrada en vigor de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta declaración es el paso previo e imprescindible para que los afectados puedan acceder al conjunto de ayudas e indemnizaciones que el Ejecutivo ha puesto en marcha.
La cuantía de las indemnizaciones y ayudas
El paquete aprobado contempla pagos directos que varían en función del tipo y la gravedad del daño sufrido. La cuantía más elevada, de hasta 15.120 euros, está reservada para los casos de destrucción total de la vivienda habitual. Para los daños estructurales que no supongan la pérdida completa del inmueble, la indemnización máxima se sitúa en 10.320 euros. Los desperfectos en otros elementos de la vivienda, como anexos o instalaciones, podrán ser compensados con hasta 5.160 euros, mientras que para la reposición de enseres de primera necesidad se ha fijado una ayuda de 2.580 euros.
Conviene subrayar que ninguna de estas ayudas se concede de forma automática. Los damnificados deberán presentar la correspondiente solicitud, acreditar documentalmente los daños sufridos y cumplir los requisitos específicos de cada línea de ayuda. A este primer bloque de indemnizaciones, el Gobierno prevé sumar otras medidas complementarias, como exenciones fiscales y subvenciones adicionales para la reparación de desperfectos, que se irán concretando a medida que avance la evaluación de los daños sobre el terreno.
La prestación por emergencia extrema
Junto a las indemnizaciones económicas, el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley con medidas laborales extraordinarias y urgentes dirigidas a los trabajadores afectados por los incendios forestales que hayan sufrido evacuaciones, confinamientos, limitaciones de acceso u otro tipo de restricciones impuestas por las autoridades. Esta protección podrá solicitarse desde el pasado 23 de julio y estará vigente hasta que concluya la campaña anual de peligro alto de incendios de 2026.
La norma crea la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema, una ayuda de carácter excepcional que no exige ningún periodo mínimo de cotización previo ni consume las cotizaciones acumuladas de cara a futuras prestaciones por desempleo. Su cuantía equivale al 70% de la base reguladora y podrá percibirse durante un máximo de cuatro meses. Podrán acogerse a ella los trabajadores que no puedan acceder a su domicilio habitual por evacuaciones o restricciones, quienes deban dedicarse a tareas de limpieza, traslado o reacondicionamiento de su vivienda, y también quienes tengan que asumir el cuidado de su cónyuge, pareja de hecho o familiares afectados, incluidos los casos derivados del cierre de centros educativos u otros servicios.
Con todo este dispositivo, el Gobierno trata de dar una respuesta coordinada a una de las campañas de incendios más destructivas de los últimos años, aunque el propio Ejecutivo admite que el diseño final de las ayudas seguirá ajustándose conforme se conozca el alcance real de los daños.
