El Ministerio de Vivienda ha vuelto a mover ficha. Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la declaración de siete nuevos municipios como zona de mercado tensionado para el alquiler, una figura que ya no es una rareza normativa sino una tendencia consolidada. Con esta ampliación, España suma ya 317 municipios repartidos en cinco comunidades autónomas que se han acogido a este mecanismo, pensado para frenar los incrementos desproporcionados de renta en los territorios donde el mercado se ha disparado sin control.

Los siete nuevos municipios declarados como tensionados

La lista que entra en vigor este jueves incluye a Santiago de Compostela, en Galicia, y a Basauri, en Euskadi, además de cinco núcleos asturianos: Gijón, Avilés, Llanes (con sus localidades de Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio), Gozón y Cabrales. En el caso asturiano, la figura no se aplicará al municipio completo, sino por barrios, un matiz que conviene tener presente porque no todas las declaraciones funcionan igual sobre el terreno.

¿Qué significa que una zona se declare como tensionada?

La Ley de Vivienda regula este procedimiento para contener los precios en aquellas áreas donde los alquileres han subido de forma desmedida en los años previos. A partir de la entrada en vigor de la declaración, todos los nuevos contratos deben referenciarse al precio del contrato anterior, sin poder superarlo salvo excepciones justificadas, como mejoras acreditadas en la vivienda. Es, en la práctica, un freno directo a la escalada de precios que muchos propietarios habían normalizado.

 Una comunidad del PP ya tiene dos zonas tensionadas

Aquí está el detalle que conviene subrayar. Santiago de Compostela se convierte en el segundo municipio gallego, tras A Coruña, en aplicar este mecanismo. Y sin embargo, ninguna de las dos ciudades está gobernada por el PP, el mismo partido que preside la Xunta de Galicia con Alfonso Rueda y que se ha mostrado abiertamente crítico con la medida. La paradoja es evidente: Galicia es la única comunidad autónoma gobernada por el PP que ha permitido, aunque sea a regañadientes, que sus ayuntamientos apliquen estos controles de precios, ya que la ley exige el visto bueno autonómico para activarlos.

La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, ha calificado la herramienta como «muy importante» para atajar uno de los grandes problemas de la ciudad, agravado por el aumento del turismo y la presión sobre la vivienda estudiantil. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, también socialista, ha celebrado la medida como una respuesta útil. La Xunta, por su parte, insiste en que el mecanismo produce el efecto contrario al deseado y aporta un dato llamativo: en A Coruña, los contratos de alquiler formalizados cayeron de 727 en julio de 2025 a solo 320 en mayo de este año, ya con los controles en marcha. Desde posiciones progresistas se replica que esa caída también responde a una mayor estabilidad de los alquileres existentes: al desaparecer el incentivo de subir precios, muchos propietarios optan simplemente por mantener a sus inquilinos actuales.

Son ya 9,3 millones de personas las que viven en zonas tensionadas

El propio Ministerio calcula que, con la incorporación de estos siete municipios, ya son 9,3 millones de personas las que viven en zonas donde rige este mecanismo. Es una cifra que no deja de crecer trimestre tras trimestre y que confirma que la tensión en el alquiler no es un fenómeno puntual ni geográficamente aislado, sino una realidad transversal que afecta tanto a grandes capitales como a pequeños núcleos costeros.

La situación en Cataluña

El Ministerio pone a Cataluña como ejemplo de que la medida funciona. Tras dos años de aplicación, los precios del alquiler han caído un 4,7% en Barcelona y un 1,3% de media en el conjunto de zonas tensionadas catalanas, mientras el parque de alquiler habitual ha crecido en casi 21.000 contratos. En Gipuzkoa, los nuevos alquileres han bajado un 3,5% con un aumento del 3,2% en los contratos activos, y en Navarra el descenso de precios supera el 8%. Son datos que el propio Gobierno vasco ha difundido esta misma semana y que el Ministerio utiliza para defender la eficacia del modelo frente a sus críticos.

Medidas urgentes para incrementar la oferta de alquiler

La declaración de zona tensionada no viene sola. Obliga también a las administraciones a poner en marcha un plan de medidas urgentes para aumentar la oferta de vivienda en alquiler, con el objetivo declarado de revertir la situación del mercado en un plazo de tres años. El Ministerio insiste en que el control de precios es solo la primera fase mientras se despliegan medidas estructurales, como el incremento de la vivienda asequible, que es, en realidad, el problema de fondo que ningún gobierno ha resuelto todavía.

La previsión de incremento de zonas tensionadas

Con 317 municipios ya adheridos y nuevas incorporaciones cada pocos meses, todo apunta a que esta lista seguirá creciendo. El propio departamento que dirige Isabel Rodríguez se ha marcado como horizonte que la situación del mercado de alquiler quede revertida antes de 2029, un plazo que, visto el ritmo actual de tensión inmobiliaria, muchos analistas consideran más un deseo que una previsión realista.