FACUA denuncia a Nexora Data por hacer pasar su web privada por el Registro de la Propiedad

Hay una frontera que el sector de la intermediación digital lleva tiempo pisando con soltura: la que separa «parecerse» de «hacerse pasar por». La denuncia que FACUA-Consumidores en Acción ha presentado ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y ante la Dirección General de Consumo contra Nexora Data, SL retrata con bastante precisión ese terreno resbaladizo, y conviene detenerse en ella porque no habla solo de un dominio concreto, sino de un modelo de negocio que se ha vuelto habitual en internet: apropiarse de la apariencia de lo público para vender, más caro, lo que el Estado ya ofrece.

El caso tiene un nombre y un dominio: registrogestion.es, propiedad de Nexora Data, SL, que ofrece notas simples, notas de localización y búsquedas de propiedades en los distintos Registros de la Propiedad del país. Hasta ahí, nada ilegal; la intermediación privada en trámites administrativos existe y en muchos casos presta un servicio real a quien no quiere o no sabe lidiar con la burocracia. El problema, y aquí es donde la denuncia de FACUA gana fuerza, es cómo se presenta esa intermediación. No como lo que es, sino como lo que no es.

Una imitación que va más allá de la coincidencia

Lo primero que llama la atención es que no estamos ante una coincidencia estética menor. La cabecera del portal luce una R blanca estilizada sobre un recuadro rojo, acompañada del nombre «Registro Gestión» y el lema «Tus trámites en línea», un diseño que evoca de forma demasiado directa la R roja que identifica al portal oficial de Registradores de España. A eso se suma el uso de los logotipos del Colegio Oficial de Gestores Administrativos y del Gobierno de España, presentados como aval de que los datos proceden de fuentes oficiales. El efecto acumulado no es casual: una persona que necesita una nota simple con cierta urgencia, y que además puede no estar familiarizada con los circuitos digitales de la Administración, tiene todos los motivos visuales para creer que ha aterrizado en la sede electrónica correcta. Aquí conviene ser claro y algo tajante: cuando la suma de colores, iniciales, lemas y logos ajenos apunta sistemáticamente en la misma dirección, hablar de parecido casual empieza a sonar a excusa construida a posteriori.

Siempre la letra pequeña

Y solo al final de la página, en letra pequeña, aparece el aviso que debería estar donde el usuario decide si contrata o no: «Este sitio web es un servicio de intermediación profesional. No somos un organismo oficial del Estado». Es la fórmula clásica del disclaimer tardío, ese que cumple la letra de la norma sin cumplir su espíritu. Legalmente puede que sirva de coartada; desde el punto de vista de la protección real del consumidor, llega demasiado tarde, cuando la impresión ya está formada y, en muchos casos, cuando el pago ya se ha tramitado.

Los precios se multiplican por cinco

Porque el precio es, probablemente, el argumento más contundente de toda la denuncia. FACUA compara una nota simple a 51,43 euros en registrogestion.es frente a los 10,91 euros del canal oficial de Registradores de España: prácticamente cinco veces más. Y ni siquiera esa cifra se muestra con transparencia, ya que en la web privada los precios aparecen expresados sin IVA incluido, lo que obliga al usuario a hacer sus propios cálculos para conocer el coste real. Sumar un margen por gestionar un trámite es legítimo; multiplicar por cinco el precio de un servicio público básico, disfrazándolo de oficialidad y sin mostrar el importe final, empieza a parecerse más a un abuso de la desinformación que a una tarifa por valor añadido.

Lo que más debería preocupar, y FACUA lo señala con acierto, es a quién afecta especialmente esta práctica: personas mayores, herederos que gestionan un trámite puntual, compradores ocasionales de vivienda, usuarios con poca destreza digital. Es precisamente el perfil menos equipado para detectar la trampa y menos propenso a comparar alternativas antes de pagar.

La legislación que vulnera

El marco legal para actuar existe y es bastante claro. La Ley de Competencia Desleal considera engañosa cualquier información que, aunque veraz, pueda inducir a error sobre el origen comercial de un servicio o sobre símbolos de patrocinio y aprobación, y también castiga la omisión o la presentación ambigua de esa información. El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios exige, además, que la identidad del empresario y el precio total con impuestos se muestren de forma clara y con antelación suficiente, no escondidos al pie de la página.

Con ese marco normativo tan explícito, la pregunta que queda en el aire no es si Nexora Data ha vulnerado la ley, sino cuánto tardarán la CNMC y Consumo en actuar, y cuántos portales similares seguirán operando mientras tanto. Porque casos como este no suelen ser aislados: cuando un modelo de negocio funciona explotando la confusión con lo oficial, lo habitual es que germinen imitaciones. La respuesta sancionadora, si llega, servirá de poco si no va acompañada de una vigilancia más activa sobre el resto de dominios que juegan al mismo juego.