Cuando el crowdfunding inmobiliario llegó a España hace una década, lo hizo con una promesa difícil de resistir: invertir en ladrillo desde el sofá, sin hipotecas, sin notarías y sin inquilinos de por medio. Diez años después, el balance obliga a decirlo sin rodeos: las plataformas de crowdfunding colectivo no son tan bonitas como parecen y arrastran un riesgo muy alto de pérdida de la inversión. Housers, con su reguero de afectados, su concurso de acreedores y su cambio de marca, es el caso que mejor lo demuestra.

¿Qué dice la CNMV de este tipo de plataformas?

Quien supervisa a las plataformas de financiación participativa en España es la CNMV, bajo la Ley 5/2015 y, desde 2021, bajo el Reglamento europeo 2020/1503. Ese marco obliga a avisar con claridad de que el inversor puede perder parte o la totalidad del dinero invertido y de que estas inversiones no están cubiertas por el fondo de garantía de depósitos ni por los sistemas de indemnización al inversor. Dicho de otro modo: que una plataforma esté autorizada significa que cumple unos requisitos formales, no que el supervisor avale cada proyecto, la solvencia del promotor o la devolución del capital. Es un matiz que en la publicidad brilla por su ausencia. Y en el caso de Housers, el historial incluye tirones de orejas y multas de la CNMV por informar mal del riesgo, por conflictos de interés y por la falta de claridad sobre dónde estaban exactamente los fondos y las garantías reales. La etiqueta de «regulada» tranquiliza bastante más de lo que protege.

¿En qué consistía el negocio de Housers?

Housers nació en 2015 con una idea sencilla y muy bien empaquetada: reunir a muchos pequeños ahorradores para financiar operaciones inmobiliarias, con aportaciones desde 50 euros. Al principio se compraban trozos de pisos para alquilarlos o venderlos y repartir el beneficio. Con el tiempo, el modelo derivó hacia algo bastante más arriesgado: prestar dinero directamente a promotores a cambio de rentabilidades que rondaban entre el 6 % y el 10 %, y en algunos proyectos más. Según denuncian los afectados, la plataforma se centraba en cobrar comisiones por cada operación sin verificar con rigor la fiabilidad de las constructoras. Y aquí está el detalle que casi nadie leía: el inversor dejaba de ser propietario para convertirse en acreedor de un promotor, de modo que si el promotor se hunde, el dinero se hunde con él. En finanzas, quien promete un 10 % anual con tus ahorros rara vez lo hace por vocación de servicio.

¿Se puede actuar ante el cambio de nombre?

Tras el concurso de acreedores, la marca pasó a llamarse Crowpire, y más de un inversor podría pensar que con el nombre nuevo llega también la deuda limpia. Pues no: cambiar de nombre no borra la deuda. La reestructuración o el cambio de marca no extinguen los contratos ni la titularidad de los préstamos y sociedades originales. Se puede reclamar contra el vehículo o el promotor deudor y, en determinados casos, contra la propia plataforma, siempre que se pueda demostrar negligencia grave o información falsa imputable a la intermediaria. No es un camino fácil, ni barato, ni rápido: varios afectados lo han intentado durante la última década sin éxito, así que conviene que un abogado valore si compensa litigar frente al capital retenido. Asociaciones de consumidores como ASUFIN ofrecen asesoramiento legal especializado en fintech para estudiar cada caso.

Inversores atrapados

Las cifras publicadas por elDiario.es dan vértigo: la plataforma habría captado unos 150 millones de euros, de los que en torno a 66 millones no se han devuelto. Cientos de personas llevan años sin recuperar su dinero y, en varios proyectos, sin recibir apenas información sobre el estado de su inversión. A ello se suma un problema estructural: el mercado secundario en el que vender las participaciones a otros usuarios es inexistente cuando los impagos se generalizan, y el resultado es un corralito interno en el que los inversores quedan atrapados. Si todos quieren salir y nadie compra, la liquidez es puro decorado. La asociación de afectados creada en 2020 acabó disolviéndose tras los reveses judiciales, y el mismo medio recoge que uno de los fundadores, hoy fuera del accionariado, fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid por administración desleal.

Otras plataformas similares

Housers no es una anomalía, es un síntoma. Todo el sector del crowdfunding y el crowdlending inmobiliario funciona con la misma lógica, incluidas otras plataformas autorizadas como Urbanitae o Civislend, sin que ello signifique que vayan a fallar. Todas prometen rentabilidades atractivas, todas advierten en letra pequeña de que se puede perder lo invertido y todas dependen de que los promotores paguen. Que estén reguladas por la CNMV o por la UE no significa que estén garantizadas: si quiebra el promotor, pierdes el dinero. La prudencia pasa por no meter en un solo proyecto lo que no puedas permitirte perder, revisar el historial de mora de la plataforma y desconfiar de cualquier rentabilidad que suene demasiado buena. Porque, al final, las plataformas de crowdfunding colectivo no son tan bonitas como parecen, y el ladrillo, aunque se venda por trocitos, sigue siendo ladrillo.